Por Felipe Cuevas Mora

Un plazo de 19 meses es el que completará a fines de junio la investigación de posibles delitos en el traspaso de $250 millones desde el Gobierno Regional a la fundación En Ti, la primera arista formalizada del Caso Convenios en el Biobío, donde se investigan irregularidades en la ejecución de programas con fondos públicos a nivel país.

Esto luego de que ayer se llevara adelante una audiencia de nuevas formalizaciones -con once imputados, entre los que se agregó al exjefe de gabinete del Gore Rodrigo Alarcón por el delito de fraude al Fisco, y a Patrick Carrasco por lavado de activos- y que a solicitud de la Fiscalía Regional se pidieran 60 nuevos días para concretar diligencias que, según palabras de la fiscal anticorrupción María José Aguayo, forman "parte de la etapa final de este caso".

La solicitud acogida por el magistrado Marcelo Bustos, del Juzgado de Garantía de Concepción, extenderá hasta fines de junio próximo el periodo de investigación, iniciado en diciembre de 2023, ya que según antecedentes entregados por la fiscal, aún falta tomar declaración a 24 personas y revisar el material de 66 implementos tecnológicos.

Nuevos hallazgos

La nueva formalización de la fiscal María José Aguayo se extendió por casi cuatro horas, y en ella se repasó uno a uno los hitos vinculados a la celebración y ejecución del convenio entre el Gobierno Regional y la fundación arrendada por parte de Camila Polizzi y Sebastián Polanco, para desarrollar un programa de mejoramiento de espacios en Barrio Norte.

En la presentación, la persecutora ahondó en las imputaciones de delitos de carácter tributario contra los mencionados Polizzi, Polanco y Matías Godoy, centrados fundamentalmente en una serie de documentos alterados que llevaron a la omisión fraudulenta de declaración de renta.

Entre ellos, se detalló que Polizzi y Polanco entregaron en las rendiciones facturas por $30 millones por capacitaciones que nunca se realizaron, mientras que Eduardo Quezada -dueño de la consultora Eqos- habría emitido boletas ideológicamente falsas por $30 millones, y que los mencionados Polizzi, Polanco y Godoy omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) la declaración anual de impuesto a la renta pese a la facturación de $168 millones.

Del total de recursos adquiridos para ejecutar el programa, según narró la fiscal, Godoy realizó giros por $76 millones mientras que Polizzi habría girado poco más de $114 millones que fraccionó en diversos gastos.

"Los imputados Polizzi, Polanco y Godoy usaron a la OTEC Frumisal como empresa de fachada para inyectar fondos ilícitos y dar apariencia de legalidad", expuso Aguayo, junto con respaldar que "para poder actuar en esta formalización se requirió la querella del SII, y el hecho que se le imputa a tres de los imputados es la omisión fraudulenta de la declaración de renta, que en cronología ocurre después de la primera formalización".

La abogada del SII Camila Sepúlveda, en tanto, explicó que "la querella se interpuso por hechos que se están investigando en esta causa (…) El director nacional tomó conocimiento por dos oficios emitidos por la fiscal Aguayo, en donde se advierte la posible existencia de delitos tributarios".

Cuestionamientos

Tras la audiencia, las defensas de algunos imputados en la primera formalización de noviembre de 2023 lamentaron que el proceso investigativo se siga extendiendo en el tiempo.

Javier Pereira, abogado de Simón Acuña, lamentó que "el plazo razonable se debe medir en consideración al cargo que al imputado se le formaliza. Él vino por el delito de fraude al Fisco, y se incorporaron delitos tributarios a otras personas; extender la investigación cuando se trata de delitos que el señor Acuña no enfrenta, vulnera su derecho a ser juzgado en un plazo razonable", y dijo que "la investigación se perfila contra otras personas, y evaluaremos pedir cautelares para modificar este escenario".

El abogado de Camila Polizzi, Francisco García, en tanto, argumentó que "llama la atención que se amplíe tanto. Desde la formalización lleva casi un año y medio, se aumenta 60 días más, y creemos que es un plazo suficiente para llevarlo a juicio, donde esperamos poder acreditar la falta de participación en los delitos formalizados".

"No hay nada nuevo bajo el sol en esta formalización, todo esto ya estaba en la investigación. No nos sorprende lo formalizado y entendemos que Camila no tiene participación en estos delitos tributarios", complementó.

La fiscal María José Aguayo retrucó que "las diligencias pendientes responden al análisis de los elementos tecnológicos clonados, correlativos de un elemento con otro", y que "la complejidad de esta investigación ha requerido más tiempo investigativo. Sólo con mencionar los elementos tecnológicos que se están analizando y las tomas de declaración, además de la nula colaboración de los imputados, hace que sea extensa".

"Si no fuese así, podría el Ministerio Público haber tomado decisiones con antelación para luego reprochar que no fue una investigación acabada", defendió.

Un párrafo que llamó la atención en la audiencia fue el momento en que la fiscal María José Aguayo ahondó en las responsabilidades funcionarias tanto de Rodrigo Martínez como de Simón Acuña en la postulación y ejecución irregular del programa. "El 17 de marzo de 2023 Rodrigo Martínez le solicitó a Simón Acuña evitar que Camila Polizzi recibiera objeciones o reparos en torno a las rendiciones presentadas, para evitar nuevos cuestionamientos a la iniciativa, estando además ambos en conocimiento de que las actividades no se estaban ejecutando como se señalaban en el convenio", narró, junto con exponer que "ambos omitieron acciones y pudieron impedir el traspaso de la segunda parte de los dineros a la fundación".

Un saldo positivo es el que sacó esta jornada la Fiscalía Regional en torno a las acciones referentes a la investigación de la arista de fundación En Ti del Caso Convenios.

Junto con lograr la ampliación del plazo de investigación por 60 días hasta fines de junio, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió en plenitud las nuevas formalizaciones y la incorporación de Rodrigo Alarcón y Patrick Carrasco como imputados en la causa donde se investigan posibles delitos en el traspaso de $250 millones desde el Gore a la fundación.

Tras la audiencia que se extendió por poco más de cuatro horas, la fiscal anticorrupción María José Aguayo ponderó que "nos encontramos en una etapa final, a la espera del término de ciertas diligencias decretadas en su oportunidad. Esto ha implicado una investigación bastante extensa por la cantidad de antecedentes a analizar, pero también esto se ha visto dificultado por la nula colaboración de los imputados en la presente causa".

La persecutora también aclaró que las diligencias -hasta el momento- se han centrado en las diez personas formalizadas a la fecha, y de momento descartó que pueda ser concurrido como imputado el exgobernador Rodrigo Díaz: "Los elementos investigativos con los que se cuenta a la fecha no existen antecedentes para imputar un conocimiento de delitos -como ha ocurrido con los otros colaboradores- de parte del exgobernador, como parte de los hallazgos que se han hecho hasta ahora".

Además, Aguayo detalló que en el caso de la arista de la fundación Mi Hogar Asuncionista, ya formalizada y próxima a terminar su plazo investigativo, es probable que se solicite pedir un aumento de tiempo para nuevas diligencias. "Nos encontramos pidiendo los informes que se encuentran pendientes de parte de la PDI y otras instituciones, y cuando los tengamos haremos las solicitudes respectivas", dijo.

Junto a ello, reconoció que la denuncia ingresada por una funcionaria del Gore Biobío en torno a la fundación Antonia y posibles presiones indebidas en su ejecución forma parte de la carpeta investigativa en torno a dicha arista no formalizada: "La causa relativa a esos convenios está siendo investigada por el Ministerio Público, y esa denuncia fue agrupada a esa investigación".

A la fecha, tres aristas del Caso Convenios en el

Biobío han sido

formalizadas desde

noviembre de 2023.

A 17 meses desde la primera formalización en torno a la arista de fundación En Ti, ayer se concretó la imputación de delitos al exjefe de gabinete de Rodrigo Díaz, Rodrigo Alarcón.

El único de los tres directivos que renunció a su cargo al momento de que explotara el Caso Convenios en el Biobío que hasta la fecha no pasaba por Tribunales llegó minutos antes de las nueve de la mañana, y tras un frío saludo con Simón Acuña -que luego se convirtió en una extensa conversación en los intervalos otorgados por el magistrado Bustos, se conoció en detalle las razones por las que fue formalizado por el delito de fraude al Fisco.

En el relato de la fiscal María José Aguayo, se detalló que Alarcón incumplió con su deber funcionario al no informar a su superior directo la posible existencia de delitos en la celebración del convenio entre la fundación En Ti y el Gore.

Incluso, en el relato la persecutora detalló que Alarcón se reunió con Camila Polizzi, quién le presentó en detalle el programa que buscaba ejecutar.

"La tardía formalización a Alarcón responde a los hallazgos que se dieron cuenta y están en la carpeta. El conocimiento e intervención que él tenía se obtiene en torno a las diligencias investigativas", dijo Aguayo. En el caso de Patrick Carrasco, se le acusa al haber adquirido un porcentaje de la OTEC Frumisal por parte de Sebastián Polanco.