Por Nicolás Arrau Álvarez

Ambas cámaras del Congreso decidieron días atrás volver a renovar por 30 días el estado de excepción que rige desde mayo de 2022 en la Macrozona Sur, específicamente en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío. Aunque en la instancia se dio cuenta de una disminución de hechos de violencia rural -en Biobío se habla de una merma de 58%-, los parlamentarios expusieron una postura crítica respecto a la forma en que se ha desarrollado la medida, un análisis en el que coinciden parte de los alcaldes de la Provincia de Biobío.

Esta es una zona que a veces sale del foco mediático dado que la mayor ocurrencia de atentados está en Arauco. Hace más de una semana, sin embargo, todo se devolvió a causa del ataque a la empresa Rucalhue Energía, que dejó medio centenar de maquinarias consumidas en Santa Bárbara.

En ese contexto, algunos alcaldes de la Provincia muestran su mirada crítica y proponen acciones para seguir fortaleciendo la seguridad de las comunidades: interconexión de un sistema de cámaras, lectores de patentes y mayor presencia del Ministerio Público y unidades policiales son parte de las urgencias que plantean.

"no conocemos el estado de excepción"

El presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío y alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, dice que la verdad es que hace falta una mayor presencia de efectivos en el marco del estado de excepción. Mayor es su preocupación luego de conocer que sus carabineros, además de los de Santa Bárbara, tendrán que ir a cuidar la represa que construye Rucalhue Energía, es decir, "vamos a quedar sin seguridad".

"Lo que más he alegado en este proceso es que hay que poner más seguridad, porque había mucha gente que estaba en contra del proyecto: ambientalistas, grupos mapuche o grupos radicales de afuera que nos desordenaron", dice el jefe comunal, quien sostiene que la presencia de Fuerzas Armadas o las rondas policiales es algo que, en general, se ve poco en la zona.

Ahora bien, también reconoce que es bueno que los efectivos no se vean de manera tan profunda cuando todo está en calma, "porque estas cosas a veces complican el turismo, algo en lo que trabajamos hoy de manera firme". Agrega que después del último atentado en Santa Bárbara esta presencia sí se verá, aunque a su juicio llegará tarde y fuera de lugar, porque es probable que los nuevos atentados que ocurran sucedan en otras áreas.

Para mejorar la seguridad, insiste en que se necesitan más cámaras de televigilancia, sobre todo entendiendo que de las siete comunas de la asociación sólo Quilaco y Mulchén cuentan con este sistema. "Las demás no tienen, tampoco Quilleco o Alto Biobío, por ejemplo, entonces tenemos que ser capaces de que estos municipios cuenten con sus cámaras y que haya un sistema que enrole a todas, de tal manera que sepamos qué pasa en todo el territorio y evitar que Carabineros esté en cada sector, sino que basta con que esté en uno viendo las cámaras", proyecta Urrutia.

Su par de Santa Bárbara, Cristian Oses, es enfático desde el principio respecto al estado de excepción e ironiza con la medida: "No lo conocemos". No es que desconozca la acción, sino que las fuerzas están apostadas en Alto Biobío: "Hemos visto la tanqueta o lo que está en Alto Biobío de vez en cuando, cuando baja a cargar combustible a la Copec de Santa Bárbara, pero no hay un recorrido o patrullaje por sectores rurales (...) Sólo hemos visto a carabineros de la cuarta Comisaría".

Por este motivo, hacen un llamado para que el próximo miércoles 7 de mayo actores públicos y privados se reúnan, incluido el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, o la misma embajada china, para analizar medidas que ayuden a mejorar la seguridad y economía de la comuna. Por lo pronto, el equipo municipal adelanta acercamientos con empresas forestales y emprendedores con el objetivo de generar una alianza que ayude, por ejemplo, a instalar pórticos lectores de patentes en distintos sectores rurales y urbanos de su comuna.

En ese camino, Oses ve necesario cubrir otros déficits, como la presencia de un fiscal o una mayor dotación en las unidades policiales, "con una inteligencia que funcione de mejor manera y una oficina de la PDI en la comuna que ayude en el trabajo investigativo".

Todas estas materias serán profundizadas en la reunión del 7 de mayo, de tal manera de conformar una mesa de trabajo con privados y servicios públicos para avanzar en seguridad y progreso económico.

Bajar la intensidad

Félix Vita, alcalde de Alto Biobío, señala que hace ya mucho tiempo su comuna se mantiene en estado de tranquilidad y en conversaciones con parte de las cerca de 150 familias adscritas al proceso de recuperación de tierras. A diferencia de los otros dos alcaldes, sí ha visto presencia de carabineros y de las Fuerzas Armadas y que frente a todo esto hoy se requiere disminuir gradualmente la intensidad del estado de excepción de la Provincia de Biobío, especialmente en su comuna.

"Esta presencia creo que ya debe salir, porque de cierta forma intimida también, aunque no digo que el trabajo no se haga bien, pero sí la gente necesita no sentirse observada (por funcionarios de las Fuerzas Armadas)", solicita.

El foco está en el trabajo que se pueda hacer con la Conadi y los propietarios de los terrenos para empezar a negociar en el tema de la recuperación de tierras, "y eso nos ha permitido tener acercamientos con las familias que están en esa situación y las conversaciones con autoridades".

La diputada del Biobío y actual presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, Marlene Pérez (Ind. UDI), anunció que convocará para la primera semana de mayo a una sesión especial en dicha instancia a raíz de la grave denuncia que pesa en contra del director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Mejor Niñez), Claudio Castillo.

La parlamentaria hizo mención a la publicación que hizo un medio de comunicación investigativo, que reveló que en octubre del año pasado, es decir, un mes después de asumir, el nuevo director compartió un borrador sobre la licitación de futuras residencias para niños y niñas con una agrupación de organismos colaboradores del servicio, que precisamente participaría del concurso.

Además, habría habido sugerencias que fueron incorporadas en la licitación, donde en Valparaíso y Santiago se la adjudicaron tres fundaciones que pertenecen a dicha instancia.

Por el tipo de denuncia, la diputada anunció que convocará a una sesión especial y citará a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, para que se refieran al posible conflicto de interés que podría llegar a existir.

"Ningún servicio u organismo público puede compartir las bases de un proceso licitatorio a las partes interesadas, porque evidentemente se genera un conflicto de interés, de manera que aunque haya sido un borrador es absolutamente impresentable lo que se hizo", dijo Pérez.

Agregó que "en la medida que siga existiendo este nivel de opacidad y de conflicto de interés al interior del servicio, difícilmente podremos ofrecer como Estado un cuidado y una atención especializada a los miles de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos".

Reflexionar e intercambiar ideas sobre temáticas claves para el desarrollo del territorio regional y nacional fue parte de los objetivos del XVIII Congreso de Economía y Desarrollo Regional, organizado por el Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bío-Bío y que este año tuvo como tema central "Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo Regional del Siglo XXI".

El encuentro, de carácter gratuito y abierto a la comunidad, reunió alrededor de 150 personas, entre ellos investigadores, analistas, profesionales, estudiantes, representantes del mundo empresarial.

La jornada contó con exposiciones temáticas, telas como capital humano, desarrollo regional, medio ambiente, descentralización, empleo y educación, entre otros.

Francisco Gatica, director del Departamento de Economía y Finanzas de la casa de estudios, destacó algunas de las instancias, en especial las que abrieron el encuentro. "La primera conferencia dada por el doctor Felipe Correa de CEPAL permitió tener una mirada compleja de la economía instalando un foco en el desarrollo integral. La segunda presentación realizada por la doctora. Carolina Parada, secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial, nos permitió conocer de primera mano las oportunidades que abre este plan ante el cierre de la Siderúrgica Huachipato y la pérdida industrial en la Región del Biobío", mencionó .

Las charlas fueron presentadas por investigadores de diferentes universidades e instituciones de Chile, sumando alrededor de 20 ponencias llevadas a cabo en diversos espacios de la casa de estudios, como el Centro de Innovación UBB.

Algunas de ellas fueron: "Propuesta de un modelo para impulsar I+D+i en instituciones de educación superior integrando los objetivos de desarrollo sostenible 4 y 9", por Carola Ubilla Briones de la UMCE, y "Sequías y la distribución del empleo e ingreso agrícola en Chile: Explorando impactos diferenciados por género y categoría ocupacional" por Camila Moraga, Rodrigo Pérez y Mayarí Castillo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Además, también estuvo Christian García, de la Universidad de Magallanes, que se refirió a "El incompleto despliegue de los Gobiernos Regionales para lograr la descentralización territorial".