Por Nicolás Arrau Álvarez

El último Informe Anual de Trabajadores Extranjeros de la Dirección del Trabajo muestra que a nivel nacional, en 2024, las personas provenientes de otros países y que laboran en Chile interpusieron ante esta institución, de forma directa, 9.342 demandas. Un total de 6.188 se presentó en la Región Metropolitana y de ahí la torta se repartió entre el resto de las regiones, con Antofagasta (593) y Valparaíso (562) liderando. Luego de eso, asoman otras zonas como Tarapacá (464) y Biobío (239), quinta en el listado.

Al comparar con 2023, Biobío registra un aumento de 26%. El aumento es más pronunciado si se compara con 2022, año en que los trabajadores extranjeros efectuaron 130 acciones, es decir, en dos años el incremento local supera el 84%.

Dentro de las materias más denunciadas a nivel nacional, asoman temas como el no pago de la remuneración íntegra, el pago parcial o incorrecto del sueldo, el incumplimiento y/o modificación unilateral del contrato de trabajo, la no escrituración de este documento, no llevar registro de asistencia, no entregar comprobante de pago de remuneraciones y no declarar cotizaciones previsionales. Se suman materias como no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales y/o hacerlo de manera errónea o incompleta, no otorgar el trabajo convenido y no pagar las horas extraordinarias, entre otras.

Los trabajadores venezolanos y colombianos encabezan el ránking, sobre todo en áreas de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, actividades de alojamiento y servicios de comidas, administrativos y de apoyo.

Otros datos del informe exponen que la Dirección del Trabajo realizó en Biobío 176 fiscalizaciones por las 239 denuncias interpuestas directamente por trabajadores extranjeros frente a la vulneración de la normativa laboral y que en esta misma zona hubo 118 materias sancionadas y cursadas por la institución. Además, la Región contabilizó en 2024 otros 832 reclamos individuales.

Razones del aumento regional

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, cree que esta alza tiene que ver, principalmente, con el aumento de la población extranjera que se incrementó de forma notoria entre los dos años de análisis. Si en 2022 la cantidad de migrantes que había en el país llegaba a 1,6 millones, en 2023 esa cifra subió a 1,9 millones, "y hay que considerar también cuántas de esas personas están en edad de trabajar, que es el 80% de los migrantes que llegan a Chile (...) Evidentemente, llegó más gente y ese es un factor de impacto respecto de cómo los trata el mundo del trabajo en Chile, por lo que muchas de esas personas hoy son denunciantes actuales de nuestro sistema de trabajo".

La autoridad suma otros puntos como la historia y las experiencia que esas mismas personas han forjado en el mundo laboral chileno. "Hoy conocen mejor la legislación chilena sobre el mundo laboral y, además, se atreven y empoderan porque han logrado la nacionalidad y avanzar en el proyecto de vida que tenían. Eso hace que se empoderen respecto a generar las denuncias cuando hay empleadores que no respetan contratos o las demás materias", enfatiza la seremi, quien insiste en que esa permanencia es la que les va dando certezas y seguridades.

Otro elemento a destacar apunta al crecimiento que experimenta la Región en sindicatos entre 2022 y 2024, "lo que significa que muchos migrantes saben que a través de estas instancias logran protección desde el punto de vista laboral".

Una vez que se recepciona una denuncia, esta se clasifica y se fiscaliza con un equipo que va a terreno, es decir, se visita el lugar de trabajo de la persona que denuncia para revisar toda la normativa laboral en cuestión, tarea en la que se da un plazo de cinco días para presentar contratos, libros de asistencia o la recepción de los equipos de salud y seguridad laboral, por ejemplo. Tras esta etapa, el equipo fiscalizador emite un informe que determina si, efectivamente, la denuncia del trabajador se acoge o no. Si se acoge, se inicia una conversación con la empresa para subsanar el problema, modificar la conducta y aplicar las multas correspondientes.

"Si no se logran acuerdos definitivos, se pasa a tribunales, y ahí el acompañamiento lo hace la Dirección del Trabajo y se hace la denuncia en los tribunales del trabajo. Lo que conviene es llegar a acuerdo, o si no es engorroso para el trabajador y el empleador", señala Quintana.

EL SUR contactó a la Dirección del Trabajo Biobío para tener, en parte, un análisis fino de las cifras. Sin embargo, a la hora de cierre de esta edición no hubo respuesta del equipo local.

Con el respaldo del Plan de Fortalecimiento Industrial, las empresas contratistas STFG, Hydrotorc, Imattex y Mavivi, fueron parte la semana pasada de Expomin 2025, feria minera internacional que se realizó entre el 22 y 26 de abril en Santiago.

Se trata de firmas que buscan nuevas oportunidades tras el cierre de la empresa Siderúrgica Huachipato, a la cual prestaban servicios. El evento minero fue un espacio clave para conectar con nuevos clientes, establecer alianzas estratégicas y explorar vías de diversificación que les permitan seguir siendo parte activa del ecosistema industrial del Biobío.

Porfirio Ochoa, presidente de ACIB Biobíoy quien lidera Imatetex, explicó que "como empresa estamos en un proceso activo de búsqueda de nuevos clientes, y valoramos muchísimo esta oportunidad. Los contactos que generamos aquí nos permitirán, en el mediano y largo plazo, proyectarnos con nuevos contratos".

Ochoa destacó la articulación que permitió la participación de la empresa en la feria, señalando que "esta llegada a Expomin nace a partir de una invitación del Plan de Fortalecimiento Industrial, reforzada también por el Centro para la Industria 4.0 de la Universidad de Concepción".

Por su parte, Alex Díaz, de STFG, y también ex contratista de Huachipato, precisó que "tenemos identificados contactos concretos con los cuales comenzaremos reuniones formales la próxima semana para ofrecer soluciones".

La secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial, Carolina Parada, enfatzó que "nuestro rol es apoyar a las empresas en fortalecer sus capacidades y generar condiciones reales para que puedan mantener su actividad económica".

Cuando en el país la mayoría de los sectores de la economía buscan mejorar sus índices de productividad y ser más eficientes, el rubro de la construcción cuenta, a nivel nacional, con una hoja de ruta para la adopción del sistema BIM, no sólo entendido como el tradicional Building Information Modeling, que permite gestionar una obra digitalmente, sino, como, Better Information Management, donde su impacto va más allá del modelado 3D y logra gestionar datos, optimizar procesos y generar valor en cada etapa del ciclo de vida de los proyectos.

Esta es una de las nueve palancas identificadas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para mejorar la productividad del sector.

La hoja de ruta plantea una ambiciosa meta: aumentar la adopción de BIM en las obras desde el actual 41%, según la Encuesta Nacional BIM 2022, a un 70% para 2028. Este desafío, consensuado con actores públicos, privados y académicos, refleja un compromiso transversal. Para ello, se ha constituido una gobernanza intersectorial compuesta por 17 organizaciones, lideradas por la CChC, a través de la Aceleradora BIM.

Este esfuerzo se articula en torno a tres líneas de acción: incidir en políticas públicas y formación académica; articular esfuerzos del ecosistema industrial y alinear estrategias internas de las instituciones comprometidas.

Sin duda, el desafío es aún mayor en regiones. El reciente "Reporte BIM en Regiones" muestra que el nivel de adopción en zonas como Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Los Lagos es de sólo un 26%, cifra comparable a los niveles nacionales de 2016. El estudio además reveló una realidad compleja caracterizada por un bajo conocimiento, escasa formación formal y una actitud pasiva ante la implementación, muchas veces, percibida como un costo más que una inversión en productividad y calidad.

Entonces, la paradoja es clara. Aunque los beneficios del modelo son reconocidos, como la reducción de errores, mejor coordinación y valorización profesional; en regiones su adopción sigue supeditada a exigencias externas o subsidios. Es urgente, replantear las estrategias de fomento, capacitación y comunicación desde una lógica territorial, con apoyo estatal e incentivos que activen una implementación efectiva y sostenible.

El éxito de esta hoja de ruta dependerá de nuestra capacidad de actuar colectivamente, derribar barreras culturales y económicas y movilizar voluntades en cada rincón del país. Solo así, el 70% en 2028 dejará de ser una meta aspiracional y se convertirá en una realidad transformadora para toda la industria de la construcción en Chile.

Juan José Calderón D. Arquitecto Integrante del directorio Aceleradora BIM CChC