Triple homicidio de Carabineros: una indagatoria que avanza y recuerdos que marcan el año
Fiscalía presentará la acusación contra los cuatro imputados a finales de abril o inicios de mayo y descarta la participación de más personas en el crimen. Familias y compañeros recuerdan las figuras de Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo en medio de una situación que sigue siendo dolorosa.
Por Nicolás Arrau Álvarez
Para la familia de Carabineros, este último año se convirtió en uno de los más difíciles de su historia. Horas antes de las celebraciones de su 97 aniversario, el sargento Carlos Cisterna y los cabos Misael Vidal y Sergio Arévalo -todos ascendidos al rango de suboficial mayor luego del crimen- fueron abatidos, fusilados y, posteriormente, quemados sobre la misma camioneta policial que los transportaba. Todo ocurrió la madrugada del sábado 27 de abril de 2024 después de un servicio nocturno que los llevó a un sector cercano a la ruta P-72-S, que une a las comunas de Cañete y Tirúa, en una última labor policial hasta caer en la trampa de cuatro personas que hoy están detenidas: los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen, y Nicolás Rivas, principales implicados de un caso sin precedentes en el que ya se comienzan a perfilar responsabilidades definitivas.
A un año del ataque, el Ministerio Público destaca los avances en materia de investigación, pues advierten que pese a todas las dificultades que representa la tarea de indagar en un área como la Macrozona Sur, igualmente han podido obtener resultados alentadores que acreditarían la participación de estos cuatro detenidos en el hecho, y de manera rápida. Por otro lado, parte de las familias y compañeros de trabajo de los funcionarios asesinados recuerdan sus figuras, se muestran atentos al proceso judicial, plantean desconfianzas y, como es obvio, dicen estar igual de sensibles que el primer día, porque para algunos es como si sus seres queridos aún estuvieran en este mundo.
Los gatillantes que aceleraron la investigación
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien lidera la investigación por el triple homicidio, contesta la llamada de EL SUR y en menos de 20 minutos hace un repaso de los últimos meses. En primer lugar, califica el proceso como "complejo" y "un desafío relevante en términos investigativos" por la planificación, el lugar y las circunstancias del hecho en sí mismo.
Dentro de las claves que han permitido avanzar, el persecutor destaca el trabajo mancomunado entre los equipos de fiscales de su región y el Biobío, donde su par Marcela Cartagena comandó en un principio la indagatoria. También se refiere a la buena labor que se hizo en el sitio del suceso, la experiencia acumulada de los laboratorios de Carabineros y la Policía de Investigaciones, "que permiten acortar algunos plazos", la implementación de recursos para labores investigativas -de orden pericial y forense-, y la mantención de los equipos de estos ámbitos que operan en la zona y que han participado en este tipo de causas.
Después de un año de trabajo, el persecutor cree que hay un cúmulo de antecedentes que permiten presumir de manera fundada la participación de estas cuatro personas, antecedentes que están constituidos por testimonios, acciones anteriores y posteriores a la ejecución del hecho, evidencia levantada desde los distintos sitios del suceso, pericias de carácter biológico que permiten situar a parte de los formalizados en el lugar, triangulación de llamadas telefónicas y movimientos de los celulares, evidencia balística y su comparación con otros hechos que van reduciendo la cantidad de personas que pueden estar involucradas y el hallazgo posterior de evidencia relevante, como pertenencias de los funcionarios atacados en poder de los imputados, entre ellas la subametralladora tipo UZI con la que fue encontrado Tomás Antihuen.
Actualmente, el Ministerio Público trabaja de forma intensa en la revisión de todos los antecedentes y en la elaboración de la acusación, documento que contiene la relación de hechos y la indicación de los medios de prueba que sustentan la pretensión condenatoria de la Fiscalía. Dada la cantidad de antecedentes que se han logrado reunir, Garrido precisa que esta tarea requiere una labor minuciosa para evitar la comisión de errores o cualquier otra circunstancia que pudiese demorar el caso.
Si bien el plazo otorgado a Fiscalía para concluir la investigación venció a mediados de abril, hasta hace algunos días se mantenían pendientes ciertas diligencias solicitadas recientemente por las defensas -la defensa de Nicolás Rivas pidió la declaración de un testigo, mientras que la de los hermanos Antihuen solicitó que ellos mismos presten declaración-, las que deben ser resueltas y ejecutadas por el equipo que lidera el fiscal Garrido antes de cerrar la investigación y presentar la acusación. Se espera que esta última acción, que buscará penas dentro de los rangos más altos previstos por la legislación -presidio perpetuo calificado-, se concrete durante los últimos días de abril o a inicio de mayo, tras lo que debiese realizarse una audiencia de preparación de juicio oral en alrededor de un mes después de expuesta la acusación.
"Nosotros consideramos que con los antecedentes que hemos logrado reunir hasta ahora sí es posible acreditar la existencia no sólo del homicidio de los funcionarios de Carabineros, sino que de otros hechos ilícitos por lo que también hemos formalizado. Creo que la prueba reunida es bastante contundente en términos de participación de los imputados, por lo que esperaríamos que respecto de ellos se dictara una sentencia condenatoria", señala el fiscal, quien agrega que se trata de un caso muy grave que se enmarca en hechos de violencia que en La Araucanía y la Provincia de Arauco no son tan infrecuentes, "con grupos que tienen una ideología extremista y muy dispuestos a realizar manifestaciones de fuerza para ratificar su existencia y vigencia".
Parte de las hipótesis iniciales de la investigación planteaban la participación de más de ocho o diez personas en el atentado, pero su desarrollo, sin embargo, apunta hoy a reducir la cantidad de involucrados debido a una serie de elementos como la declaración de testigos, los registros de algunas cámaras que no muestran a otros individuos circular por el sector donde ocurrió el crimen, la evidencia balística que acota la cantidad de armamento utilizado y el hallazgo de la totalidad de las especies de los funcionarios en poder de los eventuales responsables.
"Con bastante fundamento puedo sostener que estas son las personas (las cuatro detenidas) que participaron de manera inmediata y directa en la ejecución del hecho, con tres que participan de forma inmediata y un cuarto individuo (Nicolás Rivas) que facilita el armamento. Por el momento, no tenemos antecedentes de participación de un número mayor de personas", sostiene Garrido.
El proceso desde la defensoría penal
Desde la defensa de los tres hermanos Antihuen, la defensora local jefe de Cañete, Nelly Díaz, recuerda que la causa mantiene su carácter de reserva y que sólo se pueden adelantar algunas situaciones en líneas generales. En las primeras actuaciones de la Defensoría Penal Pública, sus representados han sido asesorados, también por facilitadores interculturales de la institución "que cumplen un rol trascendental en ayudar a esta defensa al respeto de la cosmovisión y especial atención que deben tener las personas del pueblo mapuche".
Desde que asumieron la representación -en julio de Yeferson y Felipe Antihuen, y en marzo de Tomás Antihuen-, Díaz recuerda como un punto clave el momento en que sus defendidos fueron trasladados desde Santiago al Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, en febrero pasado. Es decir, llegaron a un recinto que, a su juicio, cuenta con todas las medidas de seguridad y que también les permite estar más cerca de su entorno y familia.
Fue la defensora Angélica Huenuil quien denunció las malas condiciones en que se encontraban los acusados cuando fueron trasladados y que no habían podido entrevistarse con su defensa, por lo que presentó un amparo. Luego, la defensora Laura Sánchez presentó una cautela de garantía y en la audiencia de febrero el tribunal resolvió el regreso a Concepción. Nicolás Rivas también accedió al beneficio a través de su defensa particular.
"Como estrategia procesal, en grandes rasgos nosotros adelantamos una declaración. Claramente, por la envergadura de la causa y los delitos investigados, no es una diligencia que se pueda realizar de un día para otro. Específicamente, ya tenemos una fecha cierta para esta diligencia, la que será durante el mes de mayo (se espera que la segunda semana). Se trata de una causa de alta complejidad, donde se han solicitado ciertas diligencias, siendo las más importantes la declaración de mis tres representados. Esta causa cuenta con grandes avances en materia investigativa y creemos que lo que señalarán mis representados será importante para darle curso al procedimiento", advierte Díaz.