Isabel Allende niega que insistiera en vender la casa tras "pinchazo" a Crispi
El abogado del exjefe de asesores de la Presidencia dijo que el diálogo fue "sacado de contexto" en una conversación familiar. "Lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance".
Una conversación telefónica escuchada por la Policía de Investigaciones (PDI) entre el exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA, antes RD), y su mamá, la exministra Claudia Serrano (PS), reveló que la exsenadora Isabel Allende (PS) habría presionado al Gobierno para que comprara la casa de su padre, el Presidente Salvador Allende, operación por más de $933 millones que falló al ser declarada inconstitucional, ya que la Carta Magna prohibe celebrar contratos entre el Estado y sus autoridades. Otra dueña del inmueble es la exministra de Defensa y nieta del Mandatario, Maya Fernández (PS).
En el diálogo del 7 de enero publicado por La Tercera, Serrano preguntó a su hijo "¿ella lo pidió?" y Crispi respondió "o sea, (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Huev..., hue..., hue..., que se haga, que se haga, que se haga así. Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende".
El abogado es Felipe Vio Lyon, quien firmó el contrato de compra venta conocido el 30 de diciembre, cuando comenzó la polémica. Vio también es pareja de Marcia Tambutti, hija de la exsenadora.
Crispi, en la misma conversación con su mamá, calificó a la familia Allende como "totalmente incompetente", según la transcripción de la PDI de la escucha realizada en el marco del Caso Convenios, donde el exjefe del segundo piso de La Moneda es investigado por sus vínculos con las fundaciones ProCultura y Democracia Viva, que recibieron millonarias transferencias del Estado para proyectos sociales no ejecutados.
El exjefe de asesores del Presidente Boric renunció el 10 de marzo, tras una polémica sesión en el Congreso por esta causa, donde afirmó que dentro de sus funciones estaba ser el "confesor" del Mandatario. Boric ha declarado en numerosas oportunidades que él fue quien dio la idea de comprar la casa de Allende. Al cierre de esta edición, el Presidente aún no se refería a la escucha telefónica antes citada.
La PDI indicó en el informe de la grabación que "su contenido tendría indicios de una posible comisión de delitos".
"falta de respeto"
La exsenadora Allende respondió que "lo dicho por el señor Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia. No intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre".
"Como hemos reiterado, seguimos las instrucciones del Gobierno. Que el señor Crispi explique sus dichos a la brevedad", solicitó la hija del Presidente Allende.
El abogado del exfuncionario de Gobierno, Guillermo Chahuán, dijo que el diálogo fue "sacado de contexto" en una conversación familiar. "De manera informal y coloquial, lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad" constitucional, que terminó con las salidas de Allende y de Fernández.
El documento fue revisado por 17 abogados y egresados de Derecho, entre ellos, Boric y su amiga Francisca Moya, jefa jurídica de la Segpres, quien en el Congreso dijo conocer la inhabilidad, pero no la informó porque no estaba en sus funciones.
Chahuán agregó que en la escucha entre Crispi y Serrano "no hay atribución de presiones indebidas. Es una interpretación forzada que ignora el ámbito privado de la comunicación".
Allanar la moneda
La Fiscalía al conocer la transcripción solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago permiso para allanar tres direcciones de la exsenadora Allende, una de ellas en el Congreso. Además de otras tres direcciones de la exministra Fernández, una en el Ministerio de Defensa, señaló Radio Bío-Bío.
A Vio, en tanto, se le señalaron cinco domicilios entre Valparaíso y Santiago, mientras que a los asesores gubernamentales involucrados en la investigación se les revisarían sus oficinas en La Moneda y domicilios.
El juez Cristian Azócar rechazó la petición del fiscal Patricio Cooper "por no encontrarse debidamente fundada en cuanto a la existencia del ilícito, sin perjuicio de lo que pueda disponerse en futuras solicitudes con mayores antecedentes".