Por Felipe Cuevas Mora

El ingeniero Juan Pablo González reconoce a Diario ELSUR que al momento de asumir el puesto de jefe de división de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional (Gore), no existía una dimensión clara de la realidad financiera que vivía el servicio que desde el 6 de enero encabeza Sergio Giacaman.

"A medida que empezaron a pasar las semanas, uno profundiza en los temas y se da cuenta cuál era el real compromiso financiero y cuál era la deuda que se tenía. Hubo que ajustar el plan de llegada, porque uno siempre viene con la idea de construir e implementar el plan de gobierno y la verdad es que tuvimos que poner freno y dedicarnos a ordenar", confiesa con números sobre la mesa que dan cuenta de un escenario cuesta arriba y escasa capacidad de maniobra.

Al ponerlo en detalle, dice que de un total de $124 mil millones se deben descontar los más de $8.400 millones pagados a contratistas con los que se tenía deuda y $6 mil millones del recorte que realizó la Dipres a inicios de año, y compromisos de gasto en proyectos de arrastre por $95 mil millones: "Lo que tenemos de margen para maniobrar para este año es bien poco, alrededor de $10 mil millones que es la flexibilidad para nuevas iniciativas. Por eso tenemos que estar muy atentos a qué cosas vamos a empujar, cómo las vamos a financiar y también mirando la programación de lo que ya viene en ejecución".

En el análisis que desarrolló el equipo de trabajo de la división que lidera se concluyó que, según sus palabras, "el principal problema es tener una carga de compromisos, de proyectos muy alta en comparación al presupuesto anual disponible. Eso es como lo más básico que uno miraría desde cualquier administración pública o privada", lo que cuantifica en compromisos por un presupuesto seis veces mayor a los recursos disponibles este año.

Ahí destaca el trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, con la cual se abordó el pago a los proveedores con los que se tenían deudas por más de $8.400 millones y detalla que sólo restan pagar $27 millones que están en trámite administrativo.

"En 15-20 días pagamos esa plata y eso fue un esfuerzo administrativo grande porque hubo mucha intensidad de trabajo para poder liberar rápido los recursos después que recibimos la primera remesa de la Dipres", cuenta para luego destacar que "no nos podíamos dar el lujo de que los proyectos queden a mitad de camino o que las empresas quiebren".

Cartera priorizada

Al momento de detallar donde estarán puestas las prioridades de inversión del Gore para este año, Juan Pablo González no duda en afirmar que se centrarán en financiar grandes obras de infraestructura y también proyectos menores que vayan en directo beneficio de los municipios como obras viales, plazas o compra de vehículos.

"Es la forma más eficiente de que la inversión llegue y se mantenga permanente para el uso de la comunidad. Eso es lo primero que hemos definido y que el gobernador nos pidió trabajar", dice.

-Una estrategia que han tomado también es ir a abrir conversación con otros servicios, como en el caso del mercado de Talcahuano con la Subdere. ¿Qué tan viable es ese camino para el resto de este año en lo que tiene que ver con reactivación de proyectos?

-Ese es el camino. Dado la condición presupuestaria que tenemos hay que buscar fórmulas fuera de la caja. Lo de Talcahuano y la Subdere es una fórmula que funcionó, estamos viendo alternativas para los edificios consistoriales, proyectos emblemáticos y que son sumamente caros. Tenemos que buscar asociatividad, no podemos solo y el presupuesto de la Región no puede hacerse cargo de todos los problemas y las necesidades que tiene la Región.

-¿En qué etapa va la ronda de reuniones con los municipios para priorizar proyectos de inversión?

-Ha sido muy buena la conversación que está pensando en cuatro años, lo que abre espacio para jugar con los plazos de los proyectos. Nos hemos juntado con los equipos técnicos a revisar el listado de iniciativas que están hoy día en alguna fase de tramitación en el Gore, hemos visto qué es lo que quiere el alcalde acelerar, dónde cree que es importante avanzar rápido y en función de eso, hemos priorizado proyectos.

Ahí cuenta que solo restan tres a cuatro municipios de la provincia de Concepción para completar la revisión, y así "quedarnos con un plan acordado. Eso es súper positivo porque no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino que es mirando la realidad territorial y pensando en qué calza además los cuatro años del Gore con los periodos de los alcaldes en ejercicio".

Un plan en el que también se considerarán compras de kits de emergencia para cada municipio, a la luz de lo ocurrido con el apagón masivo de marzo: "Eso es algo que está comprometido".

Fundaciones

Otro de los focos de trabajo que ha tenido la unidad de Presupuesto e Inversión Regional del Gore Biobío responde a la tramitación de los convenios con fundaciones y otras entidades, para lo cual se ha instalado un equipo de trabajo multidisciplinario a revisar caso a caso.

En ese punto, Juan Pablo González detalló que de los $89 mil millones transferidos por concepto de convenios aún abiertos, $53 mil millones ya cuentan con rendiciones validadas y en proceso de cierre, mientras que $15 mil millones están en proceso de revisión y casi $21 mil millones aún no son rendidos.

"Estamos concentrados en poder ordenar la casa, porque tenemos muchos convenios pendientes de rendiciones. Debemos hacer ese trabajo porque tenemos muchas deudas con platas no rendidas y tenemos que cerrar esos convenios como corresponde. Para pensar en el futuro y cómo vamos a seguir trabajando con fundaciones primero tenemos que sanear este problema que está todavía vigente", cuenta.

-¿Se han puesto plazo para tener cerrada el tramitación de los convenios aún pendientes?

-Nos hemos puesto como meta que este año se resuelva para bien o para mal, porque sabemos que hay cosas que no van a poder rendirse o respaldarse de manera apropiada, pero hay que poder cerrar y salir de esta línea de trabajo que no nos permite mirar las otras iniciativas que queremos empujar.

-Esta semana se conoció la primera denuncia ante Fiscalía por anomalías en la ejecución del convenio de Fundación Antonia. ¿Se han adoptado otras acciones administrativas o legales?

-Lo que tenemos definido es que pasos que vamos a seguir. A medida que vayamos cerrando cada uno de estos programas van a ser las acciones que correspondan, y que no quepa duda de que lo vamos a hacer.

-El convenio que le menciono aún está abierto. ¿Tramitarán su cierre con los antecedentes a la vista?

-En términos generales, si hay observaciones, lo que estamos pidiendo es que las instituciones complementen la información. Y eso con plazo, porque si esto lo dejamos eternamente esperando que llegue la información, no vamos a cerrar nunca. Si no llega la información apropiada, vamos a exigir el reintegro, y si eso no ocurre, vamos a tomar las acciones que corresponden para cualquier programa que tenga alguna dificultad.

-¿Se podrá recuperar parte de esos recursos sin rendición? Usted mencionó que son poco más de $21 mil millones, y mañana continúa la formalización a los primeros imputados por la arista Fundación En Ti.

-Todas las acciones van a ir en esa línea. Nosotros hemos priorizado programas, porque hay del orden de 60 programas que tenemos que cerrar, que están en ese comité de cierre, y de esos cerca de 16 que son los más emblemáticos y que es donde hemos priorizado avanzar: cada uno tiene algún tema pendiente, pero tenemos herramientas para mirar, porque puede haber que estén las boletas de garantía disponibles para poder ejecutarlas. Cada uno va a tener su acción.

Ahí, González reafirma el plan de acción que ha definido como norma general la administración Giacaman: "Hemos decidido que después del cierre, se van a generar las acciones legales o administrativas que correspondan, para así de una vez por todas, dar por cerrado esos convenios y no dejarlos eternamente abiertos, como nos pasa hoy que son programas que están desde el 2022 o 2023 dando vueltas, sin ninguna acción que corresponda de parte nuestra".

-¿Es la idea es volver a trabajar con fundaciones en el futuro?

-Yo creo que sin duda es un buen camino para ejecutar programas clave, pero lo más importante creo yo es que este aprendizaje quede, que el aprendizaje administrativo también se entienda, y algo que es bien importante, que nuestros profesionales, los funcionarios que estén a cargo, estén capacitados para poder administrarlo.

Acá se avanzó a la velocidad no adecuada en función de la preparación que tenían los equipos para administrar programas de esta envergadura, y hay que entregar también las herramientas para que los profesionales lo puedan hacer de manera correcta.

-¿El Gobierno Regional continuará financiando los grandes eventos que tiene el Biobío, como son la fecha del Campeonato Mundial de Rally o el Festival REC? ¿Están las condiciones financieras para ello?

-Lo que yo creo que hay que mirar es la evaluación que se hace de cada evento. Por ejemplo la discusión entorno al REC aún está fresca, y estamos esperando la evaluación que hace el Teatro Biobío.

Este evento efectivamente tiene un impacto muy grande en la región, el Gobierno Regional tiene ganas de seguir ayudando a que esta iniciativa ocurra, pero también tenemos que ver las formas de financiarlo, pensando que en los últimos años el presupuesto cada vez ha ido más en alza. Entonces tenemos que ver alguna fórmula que nos permita darle sostenibilidad a estos grandes eventos que tienen beneficios en la Región para el largo plazo, para que sean sostenibles en el tiempo y no dependan de la situación financiera o del presupuesto de cada año, sino que tenga un poquito más de robustez financiera.

-Pero financieramente no resultan del todo viables para las propias arcas del Gore, al ver las tasas de retorno.

-Ahora hay estudios que lo han hecho tanto el Teatro Biobío por el REC como la productora a cargo del Rally, que dan cuenta de que los números son bastante auspiciosos.

Pero hay que entenderlos bien esos números, ver cómo están calculados. Y eso también lo ha dicho el el gobernador, que quiere tener más información para entender realmente el retorno de esta inversión regional, y en función de ello tomar las decisiones del futuro.

Para el lunes 5 de mayo quedó citada la sesión de la comisión de gobierno Interior de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que tres ministros den cuenta del avance, de los planes de gobierno para enfrentar esta crisis, entre ellos el programa Buen Vivir.

La diputada del Biobío, Joanna Pérez, junto a su par de La Araucanía, Jorge Saffirio solicitó a la comisión de Gobierno Interior, citar a los ministros de Seguridad Pública, Interior y Defensa, con el fin de que detallen las medidas que se están tomando por parte del Gobierno ante la situación que enfrentan ambas zonas por los hechos de violencia.

"Es importante que los ministros den cuenta del avance, retroceso o fracaso de los programas de gobierno, que en nuestro juicio no están dando el ancho en lo que se espera en nuestra zona, especialmente en Biobío y Arauco, como es el Programa Buen Vivir y zona de rezago", señaló Pérez.

Añadió que "creo que es importante que los ministros estén en la Macrozona Sur. El ministro Cordero ha venido unas horas, se ha reunido con algunos personeros, como el embajador de China, lo que demuestra que le importa mucho la empresa. Pero a mí me importan mucho más las personas, los gremios, los alcaldes, los actores que estamos todo el día trabajando para sacar adelante nuestra región".

La parlamentaria afirmó que "esperamos que los ministros cuando vengan a la zona tengan un despliegue mucho más amplio, escuchen a las distintas organizaciones, autoridades y ciudadanía. Nos hace bien escucharnos, este gobierno se supone que está abierto a la comunidad y no se encierra en una reunión en una comuna que está bien alejada de donde tuvimos el atentado terrorista".