Tras ocho años desde el ingreso del proyecto al Congreso, Chile dio un paso histórico con la aprobación de la ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor). Más que un cambio de nombre será la transformación de la CONAF de corporación a un servicio público. Con ello se salda una deuda histórica del Estado que hoy empezamos a pagar.

Con esta nueva institucionalidad tenemos la certeza de que estamos dando los primeros pasos para, en los próximos años, proyectar un servicio completo, íntegro, que esté al cuidado de los ecosistemas forestales. Y en especial, con nuevas funciones extremadamente importantes para la ciudadanía.

El Sernafor desempeñará varios roles fundamentales. Entre ellos, el fortalecimiento del manejo del bosque nativo, el arbolado urbano, la restauración ecológica y el impulso de una industria forestal sostenible. Además, asumirá la responsabilidad de liderar la prevención y respuesta ante incendios forestales. Chile lo necesita. El momento es ahora.

La prevención y el combate a los incendios forestales se verán significativamente reforzados con esta nueva institucionalidad. Esto incluye la elaboración del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales, la coordinación con el Sistema Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, las facultades excepcionales del servicio en situaciones de incendio forestal y la creación del Registro Nacional de Protección contra Incendios Forestales.

En el Biobío, esto es especialmente relevante. Según el reciente mapa de riesgo, esta región concentra la mayor superficie con amenaza de incendios: más de 156 mil hectáreas, principalmente en el Gran Concepción, Arauco, Lebu y Curanilahue.

Un hito adicional es que las y los trabajadores de Conaf pasarán a ser funcionarios públicos, a quienes se les reconoce su experiencia y compromiso a través de procesos de traspaso justos, concursos públicos y directivos elegidos por Alta Dirección Pública. Son ellos quienes, por décadas, han protegido nuestros bosques. Hoy les damos el reconocimiento institucional que merecen.

Este ha sido un trabajo colectivo. Particularmente, agradezco a los parlamentarios, de todos los sectores, por su voluntad de diálogo. Esta es una política pública sólida, construida colectivamente y que, estoy seguro, contará con el apoyo de toda la ciudadanía. Un ejemplo de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado las diferencias y actuamos unidos como país.

Hoy cumplimos con Chile, con la preservación y conservación de la naturaleza, componentes invaluables de nuestros ecosistemas y del desarrollo forestal del país y con quienes han sido, por más de medio siglo, los guardianes incansables de nuestros bosques.

A raíz de las declaraciones de Evelyn Matthei respecto del Golpe Militar, el Presidente Boric deslizó críticas y posteos en sus redes sociales que conviene observar a la luz del cargo que ostenta. No es la primera vez que el Gobierno toma la decisión de responder a las declaraciones de los candidatos a la Presidencia. Pero en este caso, lejos de rectificar cifras o defenderse de las críticas a su gestión, tomó la ofensiva al repostear un antiguo video de la candidata donde afirma su tesis de la "inevitabilidad" de los hechos históricos de la década del 70. ¿Es esto una intervención indebida en los procesos electorales que se aproximan?

Desde luego, el debate acerca del intervencionismo electoral no es nuevo en Chile. El siglo XIX estuvo plagado de manifiestas acciones desde el Ejecutivo para favorecer a sus aliados y perjudicar a sus detractores. Era habitual identificar suplantación de votantes, manipulación de los registros electorales, lista oficial de candidatos de gobierno y una gran maquinaria propagandística en favor de los postulantes oficialistas.

Con el fin de favorecer la maduración democrática del país, se establecieron paulatinamente arreglos institucionales que limitaron la intervención del gobierno en los asuntos electorales, con un objetivo claro: evitar el uso del del Estado para servir a intereses particulares y asegurar el correcto funcionamiento de los órganos de la administración del Estado.

Entender el sentido original de la norma nos permite desentrañar la actuación del Presidente, ya que, aunque no exista en sentido estricto un vicio de legalidad en sus dichos, el cumplimiento de la ley no debe ser su único estándar de acción. Sobre todo, porque de fondo se esconde el uso de la tribuna pública de la Presidencia de la República para desacreditar a quien persigue sucederlo en el cargo. La estrategia política de Gabriel Boric, en su último año de gobierno, debe ser, por obvio que parezca, gobernar, conducir, hacer posible. No buscar el resquicio, la artimaña o la acción al filo de la ley.

La prescindencia a la que ha llamado a sus ministros no puede ser meramente declarativa. Debe asumir su tarea con la prestancia que exige la institución que representa. Su deber en materia electoral es el de asegurar las condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerza con libertad sus preferencias políticas, dando a conocer, si es de importancia pública, información transparente, adecuada e imparcial. El gobierno debe entregar igualdad de condiciones a todos los candidatos e incentivar la participación de una ciudadanía cada vez más descontenta de la política.

Lamentablemente, hay precedentes de la poca prolijidad del Ejecutivo para afrontar las contiendas electorales. Basta recordar su activa posición en favor del texto constitucional de la Convención, que le valió advertencias de la Contraloría por actuar en el borde de la legalidad.

Cautelar que no se involucren recursos públicos para favorecer o perjudicar a tal o cual es lo mínimo. Pero la debida prescindencia es hacer que la institución de la Presidencia se mantenga fuera de la coyuntura electoral. Su prestigio y valoración, que trascienden a las personas que temporalmente asumen su conducción, deben ser bienes a los que hay que otorgarles la máxima atención y cuidado.

A menudo se dice que un edificio bien diseñado puede cambiar vidas. Pero la arquitectura, cuando se piensa más allá del objeto aislado y se entiende en su dimensión social, puede hacer aún más: puede tejer comunidades. Imaginemos un vecindario donde todos se conocen, los espacios públicos están llenos de vida y las instalaciones compartidas promueven un sentido genuino de pertenencia. Ese es el verdadero poder de la arquitectura en la construcción del tejido social: crear lugares que no solo albergan, sino que también unen.

El entorno construido influye profundamente en cómo las personas interactúan. Un diseño urbano reflexivo puede facilitar encuentros espontáneos, fortalecer la identidad barrial y ofrecer un sentido de propósito compartido. Sin embargo, muchos desarrollos recientes han priorizado la eficiencia y la rentabilidad por sobre la conexión humana, generando entornos impersonales y desconectados. La arquitectura orientada a la comunidad busca revertir esta tendencia: pone a las personas en el centro, no solo en el diseño de edificios, sino también en cómo estos se relacionan con calles, parques y espacios públicos.

Porque no se trata solo de construir viviendas, sino de construir ciudad. Y en tiempos de fragmentación social y crisis ambiental, los espacios compartidos tienen un valor más alto que nunca. Un parque, una plaza, un pasaje peatonal pueden convertirse en escenarios para el reencuentro, la expresión cultural o la memoria colectiva. El desafío está en diseñarlos pensando no solo en el qué, sino también en el quién y el cómo: espacios centrados en las personas, diversos, accesibles y capaces de adaptarse a las necesidades reales de quienes los habitan.

Tan importante como el diseño físico es el proceso con el que se construye comunidad. ¿Quién decide cómo será el barrio? ¿Quién define las reglas del juego? El compromiso real requiere modelos de co-diseño y co-gobernanza. Democratizar el diseño implica invitar a las comunidades a participar desde el inicio, no solo en la forma del espacio, sino también en cómo se gestiona y se cuida.

Una política pública que ha buscado materializar esta visión es el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Su enfoque territorial y participativo ha demostrado que el rediseño del espacio público puede ser una herramienta concreta para fortalecer la cohesión social, reconstruir confianzas y revitalizar el sentido de pertenencia. Al involucrar a los vecinos en el diagnóstico, diseño y ejecución de obras -desde plazas hasta senderos o mobiliario urbano-, el programa transforma el entorno físico, pero también las relaciones que lo sostienen.

Las nuevas formas de gobernanza -participativas, descentralizadas, abiertas- permiten incorporar múltiples voces y experiencias. Esto no solo enriquece el resultado final, sino que fortalece la pertenencia, la confianza y la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades.

El desafío está en hacerlo viable: diseñar modelos que funcionen, invertir recursos y alinear agendas. Pero los beneficios son inmensos. Porque cuando alineamos diseño, participación y propósito común, surgen vecindarios vibrantes y conectados que reflejan el verdadero potencial de la arquitectura como herramienta para construir comunidad.