Un año del crimen que enlutó a la Región
Hace un año, la noticia del homicidio de tres carabineros en Cañete, en la Provincia de Arauco, remeció las primeras horas de la jornada del domingo 27 de 2024 no sólo para quienes habitan en la Región del Biobío, sino también a todo el país. La inusitada violencia del hecho, ocurrido en horas de la madrugada, se mezclaba con la significativa fecha del aniversario número 97 de la institución policial y pasaba a la historia como el ataque de mayor gravedad sufrido por quienes son sus integrantes.
A doce meses del trágico suceso, el Ministerio Público ha informado esta semana que ha logrado suficientes avances en la investigación penal como para concretar la acusación contra cuatro personas, todos ellos detenidos y con medida cautelar de prisión preventiva. El paso definitivo para realizar la audiencia de preparación de juicio oral y llegar luego al procedimiento como tal contra los imputados debería concretarse dentro de los próximos días, según detalló el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, quien asumió la causa dos días después de ocurridos los hechos y desde entonces mantiene un estrecho trabajo con la Fiscalía Regional de Biobío y los equipos policiales a cargo de las diligencias.
El Ministerio Público asegura que el trabajo de recopilación de evidencia, testimonios y los resultados de las diligencias realizadas desde el inicio de la indagación ha dado forma a un cúmulo de antecedentes. Se cuentan hallazgos de restos biológicos que ubican a los aprehendidos en las zonas donde sucedieron los hechos, triangulación de llamadas telefónicas, evidencia balística y tal, lo más sorprendente, parte del equipo que utilizaban los carabineros al momento del crimen, incluida un arma.
En el detalle, los delitos imputados son homicidio calificado, robo con violencia, incendio, porte ilegal de arma de fuego y traslado de restos humanos, todo ellos de la mayor gravedad dentro de nuestra legislación y que podrían exponer a los formalizados a las penas más altas, como el presidio perpetuo.
Después de un año de investigación, es importante reconocer que los acontecimientos fueron tomando la forma que se planteó desde un principio, es decir, que la brutalidad del accionar develaba que, al menos, existía coordinación y preparación del ataque.
En una arista distinta a la judicial, Carabineros de Chile se prepara para conmemorar el primer aniversario del crimen con actividades especiales en honor a los mártires, que comenzarán con el izamiento de la bandera en el cuartel policial de Los Álamos, donde se desempeñaban los efectivos, y luego un acto ecuménico en el mismo lugar junto a sus familias, ambos actos por el general director de la institución, Marcelo Araya. Hace unos días, en la páginas de esta casa editorial, el general Renzo Miccono, jefe de la Zona Biobío de Carabineros, expresó el dolor que mantiene la institución por este hecho. "Este aniversario está marcado por esa tragedia y llevaremos ese dolor para siempre, pero los Carabineros somos personas cuya labor va más allá de un trabajo, nosotros tenemos la vocación aferrada como parte de nuestras vidas y trasciende a nuestras familias, que pagan y soportan los mismos sacrificios que hacemos nosotros por el bien de la patria", sostuvo.
Existe otro elemento que es clave analizar y al que apuntaron algunos personeros durante la triste jornada de 2024, que se relaciona con que se trató de una acción de inusitada violencia en un territorio resguardado por estado de excepción desde mayo de 2022. Un año después, el ataque sigue siendo un punto de inflexión, que debería llevar al análisis del nivel de violencia del que ha sido testigo la Región y el país, y a buscar políticas y medidas que eviten que se repitan este tipo de hechos.
No es posible desconocer que el estado de excepción, que fue prorrogado nuevamente esta semana por el Congreso por otros 30 días, es por lejos la medida constitucional de mayor magnitud que puede ser aplicada para la seguridad desde el Ejecutivo, pero también es relevante tomar conciencia de que, por alguna razón, no logra ser percibido como una herramienta efectiva. El próximo mes el estado de excepción cumplirá tres años ininterrumpidos de aplicación en las provincias de Arauco y Biobío, en nuestra Región, además de la zona de La Araucanía, y el Gobierno ha demostrado, con cifras, que tiene resultados que se reflejan en la baja de hechos de violencia.
Sin embargo, desde los municipios afectados por la medida e, incluso, en la opinión de los propios parlamentarios que lo aprueban en el Congreso, se mantienen las críticas a su eficiencia. Las mismas que crecen tras hechos como el ocurrido hace una semana en Santa Bárbara, donde fueron quemadas más de 50 camiones y maquinarias pertenecientes a un proyecto hidroeléctrico en Rucalhue, y que llevó al Gobierno a definir la presentación de una querella por Ley Antiterrorista. La búsqueda de la seguridad pública en la Región parece ser un objetivo difícil de cumplir, pero que debe estar en el centro de la preocupación, con el fin de dar un respiro a la zona.
Un año después, el ataque sigue siendo un punto de inflexión, que debería llevar al análisis del nivel de violencia del que ha sido testigo la Región y el país, y a buscar políticas y medidas que eviten que se repitan este tipo de hechos.