Por Karlyng Silva Leal

Evaluar, tomar acuerdos y proyectar algunas medidas en materia de seguridad. Estos fueron los principales objetivos de las reuniones que sostuvo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en la comuna de Los Ángeles, precisamente para abordar cómo abordar el desarrollo de proyectos productivos en la zona tras el grave atentado a la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue el domingo pasado en Santa Bárbara.

Además de presidir un Comité de Seguridad, el ministro también se reunió con representantes de la empresa Rucalhue y el embajador de China en Chile, Niu Qingbao y también el que representa a la nación chilena en el país asiático, Pablo Arriarán; para posteriormente recibir al alcalde de Santa Bárbara, Cristián Oses.

"Hay algunas cosas que me llevo, que forman parte de la reactivación económica, de las acciones que ha estado desarrollando el ministro (de Economía) Grau. Hay otras que tienen que ver con las preocupaciones en materia de seguridad", explicó Cordero.

Inversiones y seguridad

En la reunión con representantes de Rucalhue y autoridades chinas en Chile, se abordó el compromiso mutuo entre la compañía y el Estado de Chile en torno a las medidas de seguridad para continuar la construcción de la Central. Entre estos temas, la protección de la zona de faenas, la activación y liquidación de seguros comprometidos para que subcontratistas puedan acceder eventualmente al Fondo de Reparación de Víctimas de Violencia Rural.

"Además de eso vimos algunas medidas de seguridad adicionales que la compañía ha conversado con nosotros y que nosotros también les hemos exigido a para el desarrollo especialmente de la fase de construcción", agregó el ministro.

A través de un traductor, Niu Qingbao, embajador de China, calificó la reunión como eficiente, en la que les presentaron soluciones necesarias y manifestó la disposición de su gobierno a proteger las actividades de inversión y la seguridad de los trabajadores. "Esperamos y creemos que Chile es un Estado que puede proveer seguridad suficiente para generar un ambiente seguro de producción", agregó.

Además, el embajador planteó que en visitas previas han visto el apoyo de la comunidad para crecer y desarrollarse a nivel local a través del proyecto Rucalhue e indicó que le encantaría "ver lo antes posible que se reinicien las obras, siempre y cuando se responda a la máxima seguridad para los trabajadores y para las maquinarias".

A través de un comunicado, Rucalhue Energía valoró las acciones que las autoridades y que "nos encontramos revisando los plazos del proyecto para poder retomar prontamente las actividades, tras el retiro de la infraestructura dañada, así como también presentando las acciones legales necesarias para encontrar a los responsables del atentado (...) El Gobierno nos ha informado de la implementación de medidas de seguridad para garantizar la continuidad de las obras del proyecto".

Seguridad local

En el Comité de Seguridad, junto a autoridades de la Jefatura de la Defensa Nacional, la PDI y Carabineros y delegados presidenciales, evaluaron la situación tras el atentado que dejó más de 50 vehículos quemados. El ministro Cordero precisó que "no solo los antecedentes sobre el hecho concreto, sino que las medidas que se han adoptado y aquellas que se han impuesto por parte del tribunal, entre otras, nos permitió evaluar las contingencias desarrolladas o consecuencias del hecho, pero también proyectar algunas medidas adicionales".

En este línea, el ministro indicó que al estar la zona del ataque cubierta territorialmente por el estado de excepción, se revisaron incidentes pasados, recordando que las decisiones operativas sobre aumentar o realizar algún cambio en el despliegue de las FF.AA. corresponde al jefe de la Defensa Nacional, lo que será apoyado por la cartera.

Además, la última reunión del secretario de Estado fue con el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oses, con quien compartió inquietudes sobre el impacto del atentado en la comunidad, en la economía local y de la provincia. "El nos ha hecho una invitación para una reunión público-privada, pensando en la activación económica de la zona a la cual nosotros gustosos hemos considerado también la participación del Ministerio de Seguridad en los términos que él ha requerido".

El ministro Cordero llegó a Los Ángeles pasadas las 15 horas y desde entonces sostuvo 3 reuniones de seguridad. La primera fue un Comité de Seguridad junto al embajador de Chile en China, delegados presidenciales, autoridades policiales locales y nacionales.

Más tarde, en otra reunión se sumaron representantes de la empresa Rucalhue Energía, junto al embajador de la República Popular de China en Chile, Niu Qingbao y el Segundo Secretario de la Embajada, Gao. En última instancia también con autoridades policiales tuvieron un encuentro con el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oses Abuter.

Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se encuentra cumpliendo condena -por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado- en el Complejo Penitenciario Biobío, lo cual fue mantenido por el Juzgado de Garantía tras revisar una solicitud de su defensa para trasladarlo al penal de Temuco.

Ayer el tribunal revisó la solicitud, instancia en la que Gendarmería se negó al traslado, argumentó que Llaitul es un recluso con perfil de alta peligrosidad, a lo que se suma que la cárcel de Temuco no contaría con las medidas de seguridad suficientes para tenerlo bajo custodia.

En tanto, la defensa de Llaitul indicó al tribunal que la familia del condenado se encuentra más cercana a la región de La Araucanía, ya que su padre reside en Osorno, su pareja en Chol Chol y uno de sus hijos también cumple condena en el penal temuquense.

Tras revisar los antecedentes, el magistrado Marcelo Bustos, estimó que no existen antecedentes suficientes para acceder al traslado del interno, por lo que resolvió mantenerlo en el Complejo Penitenciario Biobío, en este sentido, Bustos explicó que en este caso se da prioridad al criterio de seguridad, debido a las condiciones que tiene el complejo ubicado en Concepción.

Cabe recordar que Héctor Llaitul fue condenado a mediados del año pasado por delitos tales como usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad, todos estos considerados bajo la Ley de Seguridad del Estado, esto en una causa correspondiente por jurisdicción a la región de La Araucanía.

En un fallo unánime dictado el 7 de mayo del 2024, la sentencia del comunero lo condenó a 15 años de presidio, esto luego de que en juicio oral se confirmara su participación en diferentes hechos relacionados a ataques incendiarios y acciones violentas en la región de La Araucanía y otras zonas de la Macrozona Sur, siendo ejecutadas por Órganos de Resistencia Territorial (ORT).

Tanto la Cámara de Diputados como la del Senado aprobaron una nueva prórroga por 30 días del estado de excepción vigente desde el 18 de mayo del 2022 en 4 provincias de la Macrozona Sur. No obstante, los parlamentarios escucharon el informe que da cuenta de la disminución en los hechos de violencia que aqueja la zona, para luego manifestar su preocupación por la gravedad de estos atentados, sobre todo tras el ataque incendiario contra la empresa Rucalhue en Santa Bárbara.

La comparación anual a la fecha del estado de excepción da cuenta de que los hechos de violencia rural disminuyeron un 59% en la región del Biobío. Específicamente los ataques incendiarios se redujeron un 51%, los robos y sustracción de madera bajaron un 53% y 72%, respectivamente.

Los diputados mostraron una postura crítica respecto al desarrollo del estado de excepción, cuestionando que pese a su vigencia continúan ocurriendo intensos atentados, por lo que llamaron a consensuar una política de Estado para desarticular a los grupos responsables, utilizando inteligencia y trabajando con las víctimas.

En la Cámara Alta, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de retomar la costumbre de que las comisiones de Seguridad Pública y Defensa Personal sesionen en conjunto, de manera reservada, para conocer detalles de los avances del estado de excepción por parte del Ministerio de Seguridad Pública, lo que fue respaldado por la sala y se hará efectivo dentro de un mes.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, manifestó que "a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque, insisto, cuando ocurren hechos de estas características no es que el Gobierno fracase, no es que las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad".