Primeros avances del Perímetro de Exclusión
Incumplimientos en la frecuencia de las líneas de taxibuses y en los horarios son dos de las faltas más comunes detectadas desde el inicio del Perímetro de Exclusión del Gran Concepción, regulación del transporte que rige desde enero de 2024 en la zona.
La información entregada por la Seremi de Transportes de Biobío respalda las quejas más comunes de los usuarios, que si bien no necesariamente son expuestas de manera pública, sí corresponden a comentarios o experiencias que son parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la gran diferencia entre el periodo sin la nueva regulación y el actual con su puesta en marcha es que las situaciones que habitualmente afectan a los pasajeros del transporte público ya no pasan desapercibidas y cuentan con una permanente fiscalización.
Según se precisó, actualmente son 38 las líneas de taxibuses que operan bajo esta regulación y en los primeros diez meses de puesta en marcha, es decir, desde marzo a diciembre del año pasado, se han ocupado alrededor de 1.770 buses, registrándose poco más de un 90% de cumplimiento de la normativa.
En esa misma línea, desde el inicio de la regulación se han cursado más de 200 infracciones a estos operadores, aunque desde el organismo sostuvieron que la cifra ha ido a la baja, principalmente por las acciones de control que se realizan y la buena disposición de las líneas para implementar las correcciones que se les solicitan. La misma autoridad ha informado que el incumplimiento de las normas del perímetro, que están vinculadas a frecuencias y horarios de las máquinas, dan lugar a la generación de un expediente o proceso administrativo únicamente contra los operadores del servicio.
Sobre las sanciones, es importante destacar que en su mayoría se trata de multas en dinero en una primera etapa, pero que pueden ir avanzando en gravedad del castigo, hasta llegar a la cancelación de la línea de transporte, dejando de ser parte de la operación del sistema de transporte público. De hecho, la Seremi de Transportes confirmó que actualmente permanecen en curso dos procesos de cancelación, a través de un expediente administrativo que lleva la División Legal del propio ministerio, con el objetivo de analizar si las sanciones que existen y el porcentaje de cumplimiento cumplen con los requisitos para que se dé término a su operación.
Si bien todas las medidas nombradas corresponden a aquellas que van en favor de mejorar el servicio para los pasajeros, también hay otras que apuntan a las condiciones laborales de los conductores y, en otro ámbito, a la modernización de los vehículos utilizados en el transpote público.
En el primer caso, la Dirección del Trabajo ha realizado un extenso trabajo durante 2023 y 2024 con programas nacionales de fiscalizacion para verificar el cumplimiento de la normativa laboral. En tanto, el año pasado se desarrolló una mesa de trabajo a la que se convocó a empleadores y organizaciones sindicales representativas de los trabajadores del sector, donde se abordaron diversos temas.
Por último, y no por eso menos importante, cabe destacar que la regulación también permite una serie de mejoras técnicas para optimizar el servicio de transporte público. De hecho, se está trabajando con mayor fuerza en todo lo que implica la electromovilidad, por lo que en las próximas semanas se sumarán nuevos buses eléctricos para algunas l´neas, así como se mantiene pendiente la licitación para el pago electrónico, que dará fin a la obligatoriedad del pago en efectivo del pasaje.
La calidad del transporte público avanza, tal vez no a la velocidad que esperan los usuarios, pero sí comienza a tener señales de una nueva forma de fiscalizar y controlar su operación. Por ahora, es importante esperar que aquellas medidas pendientes se concreten y así se pueda lograr una puesta en marcha completa.
La gran diferencia entre el periodo sin la nueva regulación y el actual con su puesta en marcha es que las situaciones que habitualmente afectan a los pasajeros del transporte público ya no pasan desapercibidas y cuentan con una permanente fiscalización.