Por Felipe Cuevas Mora

El gobernador del Biobío Sergio Giacaman llegó este lunes, junto a Lily Oñate, profesional de la división de Desarrollo Social y Humano del Gore Biobío, a las dependencias de la Fiscalía Regional para presentar una denuncia por posibles "presiones indebidas" en la tramitación de una serie de programas vinculados a fundaciones durante la administración anterior liderada por Rodrigo Díaz.

A poco más de tres meses de haber asumido funciones, esta es una de las primeras acciones legales que adopta la administración Giacaman en torno al llamado Caso Convenios que es indagado de oficio desde mediados de 2023, y por el cual ya han sido formalizadas una veintena de personas.

Según pudo conocer este medio, la denuncia que Oñate -excandidata a diputada y exvicepresidenta regional del partido Radical- informó en primer término a la administración regional y que luego fue ingresada al Ministerio Público, apunta en específico a la ejecución del convenio suscrito entre el Gore Biobío y la Fundación Antonia (enfocado en un programa de prevención, atención y formación para sobrevivientes de violencia de género en la Región) desde enero de 2023 por $351 millones, en el cual la funcionaria cumplía labores de contraparte técnica.

En ella, la funcionaria detalla haber recibido una serie de presiones por parte de sus superiores de la época a cargo de la división Social (liderada en ese instante por Simón Acuña) para apurar la ejecución del programa, sumadas a una serie de roces internos con Camila Hermosilla, que en noviembre de 2022 asumió como coordinadora de la Unidad de Género, puesto que hasta ese entonces ocupaba Oñate.

Camila Hermosilla, que fue desvinculada a inicios de este año del Gore Biobío, fue también cuestionada por su vínculo familiar con Consuelo Hermosilla, directora de la fundación Antonia -y que es su tía-, debido al conflicto de interés que se generaba al recaer las responsabilidades administrativas del programa en la unidad que lideraba. Programa que se sumó a un segundo por $211 millones que se encargó de elaborar un estudio sobre la Violencia de Género a nivel regional.

Estos son algunos de los elementos que tiene a la vista el Ministerio Público, que la próxima semana reformalizará a un grupo de imputados en la arista de la fundación En Ti del Caso Convenios por delitos tributarios.

Dar señales

Tras la presentación ante la Fiscalía Regional, el gobernador Sergio Giacaman manifestó que "desde que asumimos nos hemos ocupado de ordenar la casa, y en ese contexto quizás una de nuestras prioridades es el trabajo con los funcionarios. En ese trabajo, nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos fueron sometidos a presiones indebidas".

En detalle, contó que "hemos acompañado a una funcionaria a presentar una denuncia por presiones indebidas que sufrió de parte de autoridades de la administración anterior. Esta se suma a otras acciones que iremos adoptando en la lógica de trasparencia 100% y buscando fortalecer a nuestros equipos de trabajos".

En esa línea, Giacaman comentó que "queremos que nuestros funcionarios se sientan apoyados por la autoridad y no que se sientan usados o sometidos a presiones indebidas para cumplir lo que la autoridad quería y no lo que debían hacer".

Contactada por este medio, Oñate dijo escuetamente que "es una información institucional informada a mis jefaturas".

Complejo panorama

La denuncia del Gobierno Regional se materializa en una de las semanas más complejas para la fundación Antonia, creada al alero del fallecimiento de Antonia Garros en febrero de 2017, con el objetivo de entregar apoyo a víctimas de violencia de género.

Esto, debido a que a fines de la semana pasada se conoció que el Gore le solicitó a la instancia restituir $51 millones del programa ejecutado, debido a que en las rendiciones se justificaron dichos montos como remuneración a la directora de la fundación, pese a no cumplir con los requisitos de título profesional acordados en el convenio.

La decisión se conoció luego de que a fines del año pasado la misma fundación anunciara el cierre de operaciones en su oficina física, debido a la falta de recursos provenientes del Gore debido a la no transferencia de $65 millones de parte del Gore por una serie de incumplimientos en las rendiciones, según indicara la administración regional.

Fue el llamado de un guardia de seguridad el que le permitió este lunes a la Brigada de Robos de la PDI Concepción (Biro) dar con las obras de construcción de un túnel al interior de las ruinas del motel El Conquistador en la ruta camino a Penco, que tenía el objetivo de facilitar el robo a una empresa de valores en el sector colindante con la ruta 150.

El subprefecto Christian Iribarra, jefe de la Biro de la PDI Concepción, detalló que "personal de seguridad de la empresa en deconstrucción observó que una de las cabañas estaba con la puerta cerrada, y a través de un orificio observó que al interior había gran cantidad de tierra y herramientas manuales.

Además, añadió que "este túnel estaba en construcción. Está particularmente en el piso de al interior de una cabaña de una sola habitación, y posee un orificio de unos 2x2 metros, pero se extiende a lo menos tres metros por debajo de la construcción en forma horizontal".

Irribarra detalló que "el túnel está dirigido a la muralla que colinda con esta empresa de valores. En el lugar se encontraron evidencias clave como herramientas manuales del tipo picotas y palas, y vestimentas, elementos que están siendo analizados por el laboratorio de Criminalística".

"Si bien se están realizando diligencias para establecer si hubo algún tipo de alcance con el recinto vecino, por el momento se indicó que no sufrieron el robo de ninguna especie", complementó.

El fiscal Mario Elgueta en tanto detalló que la construcción del túnel quedó incompleta y que los individuos involucrados no lograron ingresar al perímetro de la empresa: "Se encontraron herramientas de uso manual, no eléctricas. Estamos hablando de un túnel bastante rudimentario, que básicamente es un movimiento de tierra que se estaba iniciando".

El Municipio de Concepción adjudicó este lunes el contrato que asegura la implementación de un corralón concesionado para recibir vehículos abandonados en la capital regional, luego que se conociera que tanto en el corralón municipal como en las comisarías de Carabineros hay un total de 1.258 vehículos y motos que han sido retirados de la vía pública por infracciones o derivación de Fiscalía.

En sesión de concejo extraordinario de este lunes, se aprobó en forma unánime la adjudicación de la licitación pública a la empresa Centro de Custodia de Vehículos Infractores SPA. por un período de 24 meses, con un terreno dispuesto para este fin en calle Jaime Repullo N°3855, Talcahuano.

A esta licitación se presentaron dos empresas, pero sólo una cumplió con todos los requisitos, la cual podría estar en operación a fines de mayo o a inicios de junio.

El alcalde Héctor Muñoz destacó que "hay buenas noticias para Concepción. Por parte de nuestra administración nos jugamos por sacar los vehículos mal estacionados y abandonados, nuestros corralones estaban llenos y otros lugares en que se dejaban también y hoy el Concejo Municipal de forma unánime aprueba este nuevo corralón externo".

"Es una concesión donde los vehículos serán retirados por la grúa de esta empresa, que va a llevarlos al corralón, en el caso de los autos livianos será en un plazo de 90 minutos después de llamado de nuestros funcionarios o carabineros y 120 minutos para vehículos de mayor tamaño, que también es un aspecto importante y, en definitiva, nos va a permitir hacer un trabajo más eficiente", añadió.

De acuerdo con las bases de licitación, la concesionaria debe disponer de un terreno de al menos 15 mil metros cuadrados habilitados, velar por el traslado y la custodia del vehículo, teniendo seguros por daños en cualquiera de estos casos, contar con cámaras de televigilancia y guardias 24/7.

Además, las bases consideran un pago por traslado y por día de custodia de cada móvil que ya está fijado en UTM en ordenanza municipal y en esta licitación la concesionaria cobrará directamente al propietario infractor y traspasará al municipio un 5% del monto por traslado, un 16% por el servicio de custodia y el mismo porcentaje por remate.

Para la operación de este servicio la empresa tendrá 90 minutos para retirar el móvil desde que lo solicita el municipio si se trata de un vehículo liviano y 120 minutos si es de mayor envergadura.