Por Diana Aros Aros

A la espera de las pericias del Ministerio Público se encuentra la firma Rucalhue Energía, luego del ataque incendiario que afectó al proyecto Central Rucalhue en la Provincia de Biobío y que dejó como resultado un total de 51 maquinarias quemadas y dos guardias lesionados. El gerente legal de la empresa, Diego Vio, explicó a EL SUR que "no hemos podido entrar todavía a las faenas porque la Fiscalía decretó el cierre para realizar las primeras pericias. Esperamos en el transcurso de la semana tener una mayor claridad respecto a los plazos y las condiciones para retomar nuestras operaciones en el área afectada. Una vez que contemos con esta información, podremos evaluar el impacto que este cierre temporal ha tenido en nuestros planes y ajustar nuestros cronogramas para cumplir con nuestros compromisos".

Sin embargo, el representante de la firma aclaró que, además de la afectación al proyecto, existe un impacto importante en la comunidad, considerando que el 60% de los trabajadores en la ejecución de las obras son de Santa Bárbara y Quilaco, comunas entre las cuales se desarrolla la hidroeléctrica.

"Aquí se ven afectadas personas que viven en las comunidades, que son vecinos y de cara a ellos son necesarias medidas que asuma el Estado de Chile para garantizar su seguridad. Nuestra convicción no ha cambiado, pero sin duda que este acto remece un poco la confianza y debería llamar a la reflexión a todos, de cómo se están haciendo las cosas en Chile, y cómo la institucionalidad es capaz de enfrentar este tipo de temas", expuso Diego Vio.

El gerente legal de Rucalhue Energía evaluó positivamente que el Gobierno califique el caso como "terrorista", pero fue enfático en decir que es el Estado el que debe "luchar contra estos actos terroristas, no las empresas privadas". Asimismo, indicó que "vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero efectivamente, a la luz de los hechos, las medidas de seguridad son insuficientes y es necesario tener ciertas garantías sobre qué medidas se pueden implementar en la zona para poder desarrollar el proyecto y que los trabajadores también puedan desarrollar su trabajo de forma tranquila".

La hidroeléctrica

El proyecto es parte de los 15 de la Región priorizados por el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Actualmente, se encuentra avanzando en su construcción, luego de un periodo de pausa y de tramitación de distintos permisos, retomando las actividades en agosto de 2024. A la fecha, y luego de lograr avances en excavaciones de las obras principales, la ejecución de la hidroeléctrica alcanza el 20% y, según lo estipulado por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del año 2016, la duración total de la construcción es de 37 meses aproximadamente.

La secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada, precisó que se trata de una obras de más de 250 millones de dólares y que genera un empleo en construcción de más de 500 personas, ultimando así su último permiso. "Por eso es que desde el plan le veníamos haciendo un especial seguimiento, y eso por supuesto que va a continuar para poder entregar el total respaldo que merece este proyecto y tantos otros proyectos de inversión privada en la Región", aclaró.

Sobre el ataque incendiario, Parada sostuvo que "este atentado incendiario no ofende solo a una empresa, sino que a una región en su conjunto". Además, recalcó que "estamos en contacto permanente con la empresa desde que ocurrió el atentado, viendo cómo esto está afectando el desempeño de su tarea".

Sin embargo, descartó que exista alguna acción que se esté realizando aparte del seguimiento, pese a ser un proyecto priorizado por el Gobierno.

Acciones del estado

A través de una declaración pública, gremios locales, que incluyen a la CPC Biobío, Corma, Pescadores Industriales del Biobío, Socabio, Asem, Irade y la CChC de Concepción, condenaron el acto de violencia como "el más grave registrado en los últimos años en nuestra Región. Este ataque no sólo representa un atentado contra la infraestructura y el desarrollo económico, sino también contra la estabilidad social y el bienestar de las comunidades".

El sector productivo hizo un "llamado urgente" al Gobierno y al Ministerio de Seguridad para aplicar la Ley Antiterrorista y así utilizar todas las herramientas del Estado. "El estado de excepción no puede seguir siendo la única herramienta para enfrentar el terrorismo en Biobío (…) reafirmamos nuestra convicción de impulsar medidas que promuevan la inversión y el empleo", afirmaron.

Concepción fue sede de un encuentro que abordó con mayor profundidad el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en el mundo del trabajo y las empresas, además de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de su uso, planteamientos que se generaron tras presentar los resultados del estudio "Oportunidades de la IA Generativa en el Futuro del Trabajo en Chile".

La actividad marca el primer hito a nivel regional que forma parte de un plan de formación nacional que, gracias al apoyo de Google.org, permitirá capacitar a 68.000 trabajadores del sector público y pymes, en los próximos dos años.

La gerenta general de Irade, Bernardita Roa, destacó que "tuvimos un valioso espacio de aprendizaje y diálogo en torno a los desafíos y oportunidades que nos exige la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo. Nuestra invitación desde Irade es conectar con estas herramientas que nos harán más eficientes y rápidos con nuestro trabajo y por ende más productivos".

Hallazgos principales

Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), indicó que el estudio expuso que, en el caso de la Región del Biobío, al menos el 55% de los trabajadores, desarrollan actividades que pueden ser significativamente acelerados, en al menos el 30% de sus tareas.

"Es importante entender que cuando hablamos de acelerar, significa hacer la misma calidad de trabajo en la mitad del tiempo. Y eso significa más tiempo para las familias, más tiempo para dedicarle a cosas que son relevantes al interior de una ocupación. Es más tiempo para generar mayor valor para una compañía, para una pyme, para el sector público. La idea de esta visita es mostrar la inteligencia artificial como lo que es: una oportunidad que está al servicio de las personas", afirmó Durán.

El director regional de Sence, Daniel Jana, sostuvo que "estamos comprometidos con anticiparnos a estos cambios, adaptando nuestra oferta formativa para que las personas puedan reconvertirse y seguir siendo protagonistas del mundo laboral que viene".

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) inició las fiscalizaciones bajo los "Operativos Vendimia 2025", los que buscan inspeccionar la producción de vinos y actividades afines en Biobío. El director regional del servicio, Roberto Ferrada, realizó una positiva evaluación del proceso fiscalizador a bodegas.

"Estamos verificando todas las etapas que tienen relación con el proceso de vendimia, proceso muy relevante para garantizar que se cumpla la Ley, pero además estamos fiscalizando a un productor de vino", indicó el directivo.

Esta fiscalización se realiza en las bodegas elaboradoras de vino y tiene como finalidad verificar las existencias de kilos ingresados, litros producidos, ausencia de sustancias insumos no permitidas, según el Decreto N°78 de la ley 18.455, entre otras obligaciones de los productores de vino.

De acuerdo al Informe Ejecutivo de Existencias de Vino, elaborado por el SAG, al 31 de diciembre del año 2024, en la Región del Biobío se alcanzaron los 270.069 litros de vinos con Denominación de Origen (DO) y 346.577 litros de vinos sin DO, lo que corresponde a un 0,2% y 3% de la existencia nacional respectivamente.

Cabe destacar que, según datos del mismo SAG, desde la Región del Biobío, durante el año 2014 se certificaron los envíos de 43.894 litros de vinos, cuyos destinos principales fueron la Unión Europea y China.