Por Diana Aros Aros

Tras el hecho que afectó a la lancha a motor "Bruma", el sector pesquero artesanal local planteó la necesidad de fortalecer con urgencia las normativas y fiscalizaciones que regulan la actividad pesquera a nivel nacional. Desde la Federación Regional de Pescadores Artesanales (Ferepa Biobío), expusieron que, si bien existe un marco legal que contempla una ley de navegación que recoge normas internacionales al respecto, límites de captura, vedas y zonas de exclusión para proteger los recursos marinos, su efectividad depende de una fiscalización rigurosa.

"Es fundamental dotar a los organismos competentes de mayores recursos humanos y tecnológicos, como sistemas de monitoreo satelital no sólo para acciones de monitoreo y controles en puntos de desembarque, sino que también para eventuales emergencias marítimas que puedan ser atendidas de forma más eficiente por los organismos de emergencia", puntualizó el gremio.

En la misma línea, destacaron la importancia de "establecer zonas, horarios y condiciones claras para operar", especialmente en periodos de alto tráfico pesquero y de contar con protocolos de emergencia activos y conocidos por todo aquel que se dedique a la actividad pesquera. En relación a lo ocurrido con "Bruma", desde Ferepa Biobío indicaron que "este incidente subraya también la urgencia de fomentar una cultura de responsabilidad compartida, con participación activa de pescadores, autoridades y comunidades costeras, y con apoyo en la investigación científica para una gestión pesquera basada en evidencia. Prevenir hechos como el de Bruma requiere acción concreta y coordinada".

Fiscalización

Desde Pescadores Industriales del Biobío, explicaron a EL SUR que la actividad pesquera es "altamente fiscalizada" por diversos organismos, principalmente por la Armada, Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, entre otros. Asimismo, detallaron que las tripulaciones de los barcos industriales tienen una "larga experiencia y exigente formación técnica y profesional. A esto, se suma una permanente revisión y certificación de los equipos electrónicos que apoyan la navegación, como lo son radares, radios, ecosondas y otros dispositivos, entregando información fidedigna de las operaciones de cada embarcación".

Respecto a la actividad en alta mar en sí, precisaron que la pesca industrial adscribe a todas las regulaciones y protocolos que salvaguardan a las personas. En ese sentido, fueron enfáticos en decir que "es muy importante tener a la vista que pescadores artesanales e industriales son compañeros de trabajo en una labor que es arriesgada y muy dura. Muchos de ellos son vecinos y la gran mayoría de quienes trabajan en los barcos de la flota industrial provienen o tienen un pasado en la pesca artesanal, donde muchos mantienen familiares y amigos".

En relación al caso "Bruma" y los motivos tras el hecho, el gremio industrial expresó que "esperamos que la investigación pueda avanzar lo más prontamente posible a fin de que ella pueda dilucidar sus causas".

Limitaciones por temporada

El director zonal de pesca de Biobío-Ñuble, Alejandro Klenner, aclaró que efectivamente, tanto la pesca artesanal como industrial, responden a normativas de registro establecidas. No obstante, precisó en que la regulación no responde a una limitación de horarios de operación y que "la pesca queda limitada a la unidad de pesquería, en el caso de la industria, pero sin horarios, eso ya es poder de la empresa poder operar en el horario que más le acomode, considerando también la especie, hay algunas que tienen buena actividad nocturna como diurna. Las limitaciones que se tienen son más por temporada. Hay especies para las cuales se fija veda, como mecanismo de resguardo".

También, ahondó en que la fiscalización es realizada durante el periodo de captura y cuando ocurren los desembarcos, como también se pueden controlar en las áreas donde operan las embarcaciones respectivas. "Esa es competencia de la Armada y de Sernapesca cuando hay operaciones conjuntas donde ambas instituciones se coordinan para ejercer ese proceso de fiscalización en altamar", dijo.

Un aumento de un 277% de las intercepciones de productos de origen animal y vegetal se registró esta temporada, en comparación al periodo de apertura anterior en el paso fronterizo Pichachén. Según explicó la directora regional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Carolina Contreras, se trata de un alza "considerable" en productos como frutas y verduras, maderas con cortezas y otras con daños de insectos, "pasando de 110 kilos la temporada anterior a 385 kilos a la actual, lo que podría explicarse por el aumento significativo de pasajeros que ingresaron al país a través de este control fronterizo".

Contreras, expuso que estos productos interceptados podrían contener plagas y/o enfermedades que implican un daño a la agricultura del país, por lo cual es importante su detección en forma oportuna y evitar su ingreso y establecimiento en el territorio nacional.

Ante esto, personal del SAG revisa el equipaje y medios de transporte que ingresan al país, solicitando a su portador respectivo la colaboración en el proceso.

Cabe destacar que la legislación establece que los vegetales, animales, productos de origen vegetal o animal (incluidas las artesanías), artículos químicos y/o biológicos para uso en actividades agrícolas, productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario y de alimentación animal que pretendan ingresarse al país, deben ser revisados por un inspectores del SAG antes de su nacionalización, quien definirá las medidas a aplicar según cada producto. En ese sentido, desde el servicio acotaron que si, tras la inspección se confirme que el producto cumple con los requisitos establecidos, se autorizará su ingreso. En caso contrario, si se define que el artículo se trata de uno de riesgo, no se permitirá el paso de este al país y será eliminado.

En el marco del lanzamiento del "Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad", cerca de 20 representantes de empresas socias de Acción Empresas, junto a la Universidad de Concepción, visitaron Parque Angostura, una iniciativa desarrollada por Colbún en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara.

La visita fue encabezada por Lorena Carvallo, subgerente ambiental de centrales de Colbún, quien explicó que "la motivación fue dar a conocer a distintas empresas nuestra experiencia tanto en conservación como en protección de la biodiversidad y la entrega de valor por parte de la compañía a las comunidades locales, y qué mejor oportunidad que mostrar en terreno lo realizado en el Parque Angostura".

Marcela Angulo, directora de la Universidad de Concepción, manifestó que "lo realizado por Colbún en Angostura es un tremendo ejemplo de que no solo se puede cumplir con los compromisos que se asumen en los procesos de evaluación ambiental, sino que se puede ir mucho más allá, creando valor para los territorios donde estamos insertas las compañías".