En los últimos años, Chile ha enfrentado desafíos significativos en términos de responsabilidad fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha destacado en su último informe que el estrés fiscal persiste y se proyecta que continúe en el mediano plazo. Este escenario es resultado de una política fiscal expansiva, iniciada durante la crisis financiera mundial subprime en 2008 y profundizada por la pandemia del COVID-19, que llevó a gastos extraordinarios sin una planificación adecuada para enfrentar sus consecuencias a largo plazo.

Para poner las cifran en contexto, el déficit fiscal de Chile alcanzó cifras récord en 2023, con un 24% del PIB y la deuda pública cerró el año 2024 en un 42,3% del PIB. Este déficit ha obligado al gobierno actual a realizar un ajuste de gasto de US$ 1.500 millones, y se estima que la próxima administración deberá recortar US$ 6.000 millones adicionales para equilibrar las finanzas públicas en el mediano plazo. Estos recortes son necesarios para retomar la senda de consolidación de las finanzas públicas y reducir las presiones sobre los precios y las tasas de interés de la economía. Cabe recordar que la inflación tiene un impacto significativamente importante en los sectores de menores ingresos. Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, las familias de bajos ingresos son las más afectadas porque una mayor proporción de ellos se destina a necesidades básicas como alimentos y vivienda . Esto reduce su poder adquisitivo y puede llevar a un deterioro en su calidad de vida, ya que tienen menos recursos disponibles para otros gastos esenciales.

La Encuesta Casen 2022 revela que la pobreza multidimensional afecta a una proporción significativa de la población chilena. Las medidas de austeridad necesarias para reducir el déficit pueden traducirse en recortes en programas sociales esenciales, lo que agravaría aún más la situación de los más vulnerables. La reducción del gasto público en áreas como salud, educación y vivienda puede tener efectos devastadores en la calidad de vida de las personas que dependen de estos servicios.

Además, el aumento de la deuda pública, puede limitar la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis económicas. La falta de ahorros suficientes para enfrentar nuevos desafíos económicos podría llevar a un círculo vicioso de endeudamiento y recortes presupuestarios, afectando desproporcionadamente a las personas de menores ingresos.

En conclusión, la falta de responsabilidad fiscal de los gobiernos recientes -el gasto público ha superado los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años- y el déficit presupuestario actual tienen costos importantes que afectarán en el mediano plazo a las personas más pobres del país. Es crucial que se implementen políticas fiscales más prudentes, responsables y sostenibles en el tiempo para garantizar la estabilidad económica y proteger a los más vulnerables de los efectos adversos de la austeridad de una forma que no sea la tradicional y fracasada receta populista de aumentar impuestos para redistribuir con fines electorales dichos recursos hasta que "el último apague luz", hipotecando con ello el desarrollo y calidad de vida de los chilenos.

En el último año, 76 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en nuestro país. Son diez más que el año anterior. Un homicidio infantil cada cinco días. No es solo una cifra: es una crisis que llevamos demasiado tiempo ignorando. Mientras estas muertes aumentaron un 15% en 2024, como revela el último informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el país sigue sin reaccionar con la celeridad necesaria.

La Región del Biobío no es ajena a esta realidad, el panorama de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en la zona es preocupante. En 2023, fue la segunda región del país con más homicidios de niños, niñas y adolescentes, con 8 víctimas, y la cuarta con mayor tasa por cada 100.000 habitantes. Además, entre 2018 y 2023, acumuló 24 víctimas, siendo la tercera región con más casos en ese período.

Desde Fundación Amparo y Justicia estamos convencidos de que se necesitan medidas urgentes, pero estas deben ser integrales. La solución no pasa solo por una respuesta aislada, sino por una acción coordinada y especializada en todos los niveles. Hemos observado cómo se ha abordado este desafío en otras naciones, y los aprendizajes son claros: no podemos seguir actuando en solitario.

La respuesta a los homicidios infantiles debe ser multisectorial. En los países que han alcanzado avances significativos, los organismos de justicia, salud y educación junto a la sociedad civil trabajan de forma articulada. Esto no se logra con esfuerzos o voluntades individuales, sino con sistemas robustos que operan de manera conjunta desde el primer indicio hasta el cierre del caso. En Chile, esta coordinación aún es una deuda pendiente. Ejemplo de esto es lo planteado por la Subsecretaria de la Niñez hace algunos meses en el Congreso, donde evidenció que muchos de los niños asesinados habían tenido un vínculo reciente con algún servicio público que pudo haber alertado de los riesgos a los que estaban expuestos.

Si bien aún enfrentamos un gran desafío, hemos constatado avances importantes, como la consolidación de cifras por parte del Observatorio de Homicidios, que hoy nos permite contar con información más robusta para comprender mejor las dinámicas de violencia que afectan a nuestro país.

De igual forma, consideramos que la creación del Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes -impulsado por Amparo y Justicia y conformado por representantes de 11 instituciones del Estado- constituye un paso decisivo hacia el cambio que Chile necesita. Esta instancia busca generar un diagnóstico claro que permita proponer medidas urgentes y sostenidas. Valoramos profundamente el compromiso de quienes integran esta mesa y confiamos en que su trabajo conjunto sea el punto de partida para transformar una realidad que no puede seguir esperando.

Nuestro país tiene una deuda con su infancia. Saldarla exige actuar con decisión, asumir responsabilidades y poner en el centro la vida y dignidad de cada niño, niña y adolescente.

El reciente Censo 2024 ha sido un proceso exitoso, y en la Región del Biobío tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos. Gracias a un despliegue territorial sin precedentes, logramos llegar a todos los rincones del territorio, desde las comunas costeras hasta las más apartadas del interior. Este resultado no fue casualidad: es el fruto de una preparación de más de cuatro años, que incluyó pruebas piloto, capacitaciones y coordinación multisectorial.

El proyecto Censo es, ante todo, un ejercicio de Estado. Involucra a múltiples instituciones que trabajaron con un objetivo común: conocer con mayor precisión quiénes somos, dónde vivimos y en qué condiciones. En Biobío, el éxito del operativo fue posible gracias al compromiso de miles de personas, desde el equipo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hasta Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, municipios y la Delegación Presidencial. Este Censo fue distinto: por primera vez se aplicó bajo un enfoque de derecho, incorporando nuevas tecnologías y procesos virtuales, y a pesar de estos desafíos, la ciudadanía respondió con responsabilidad y participación.

Durante el Censo de Población y Vivienda, realizado entre marzo y julio de 2024, se censaron un total de 1.613.059 personas en la Región del Biobío, de las cuales el 51,9% son mujeres y el 48,1% hombres. Esta cifra representa un crecimiento de 3,6% respecto al Censo de 2017 y constituye el 8,7% de la población censada a nivel nacional, consolidando a Biobío como la tercera Región más poblada del país. Las comunas con mayor cantidad de personas censadas fueron Concepción (230.375 habitantes, 14,3%) y Los Ángeles (229.441, 13,6%), seguidas por San Pedro de la Paz (150.992).

En segundo lugar, es clave entender para qué sirve el Censo. Este no es solo un conteo, es una herramienta que permite mejorar la vida de las personas. Los primeros resultados ya permiten actualizar políticas públicas en áreas sensibles como vivienda, salud, educación y seguridad. A lo largo del año, el INE continuará publicando información clave sobre migración, género y características de las viviendas, lo que permitirá afinar aún más el diseño de estas políticas.

Pero los datos del Censo también son esenciales para la academia y los centros de investigación. Con esta información, nuestras universidades podrán generar nuevo conocimiento para enfrentar desafíos sociales y productivos. Y, por supuesto, el sector privado también se beneficia: los datos censales permiten identificar oportunidades de negocio, adaptar productos a las necesidades de las personas y planificar mejor el desarrollo económico. Por donde se mire, el Censo es una base sólida para avanzar hacia un país más justo, eficiente y con mayor bienestar.

Finalmente, quisiera destacar un elemento fundamental: la confianza. El pueblo de Chile volvió a abrirle la puerta al Estado. Así como lo hicieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, hoy millones de chilenos y chilenas recibieron al censista con respeto y colaboración. En la Región del Biobío las tasas de rechazo fueron bajas, lo que habla de una ciudadanía que cree en sus instituciones cuando estas actúan con seriedad, objetividad y sentido de propósito.

Este Censo ha demostrado que cuando trabajamos en conjunto -Estado, ciudadanía, academia y sector privado- podemos alcanzar grandes logros. Ahora nos toca a todos cuidar esa confianza recuperada y traducir estos datos en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas. El Censo es mucho más que una fotografía del país: es una herramienta para construir el futuro que soñamos.