Hace unas semanas la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de la ley 21.172, conocida como "Chao Cables". Esto permite tener un marco normativo y técnico para exigir a las empresas operadoras que identifiquen sus redes y retiren aquellos cables que se encuentren en desuso. Esta ley estaba promulgada desde el 12 de agosto de 2019, pero durante cinco años y medio no había podido aplicarse por la falta de la reglamentación que detallara la forma cómo operará este plan.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones oficiará a los operadores para requerir el levantamiento con la identificación de los elementos que están en desuso. La misma información se requerirá a las autoridades regionales y comunales, como también la ciudadanía podrá informar las zonas que se encuentran afectadas por la maraña de cables que generan contaminación visual. De esta manera, se podrán establecer planes anuales de retiro progresivos de cables, que deberán ser autorizados por ese organismo.

Con anterioridad, las autoridades del sector habían indicado que el retraso se debió a que se instalaron mesas de trabajo con diversos organismos, incluyendo a las municipalidades, que son muy relevantes para generar las primeras labores de retiro de cables inertes, pese a las complicaciones que tenía hacerlo sin contar con un reglamento. Por ello, la legislación las dotará de mayores herramientas para que puedan reforzar esa tarea. En el invierno del año pasado, el tema se puso de actualidad luego de los cortes de energía eléctrica y de telecomunicaciones que ocurrieron por los sistemas frontales que afectaron a varias regiones.

Desde hace años que en nuestra Región del Biobío se ha insistido en la necesidad del retiro de los cables en desuso que mantienen las empresas de telecomunicaciones y que forman una maraña de redes. Esto es especialmente notorio en el centro de Concepción, donde se ve cómo los tendidos se sueltan, se desprenden y otros caen a la calzada o a la acera, con el riesgo para peatones y automovilistas.

Se recuerda que la Subsecretaría de Telecomunicaciones impulsó desde hace más de una década una serie de acciones para trabajar en la limpieza y el ordenamiento de los cables aéreos de servicios, en las principales ciudades del país. Se solicitó entonces la intervención para colaborar en el ordenamiento del tendido telefónico, que sufrió severos daños tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Desde ese año, hay en Concepción una ordenanza municipal sobre el retiro de cables, pero como legalmente las empresas no estaban obligadas a asumir los costos de esta tarea, la iniciativa estuvo congelada por un tiempo hasta que en reuniones entre el municipio y las compañías se llegó al acuerdo de que cada una de ellas financiaría de manera independiente las faenas. El proceso se inició en 2014 con el retiro de parte de los cables en el sector céntrico, hasta que la tarea quedó finalmente detenida, a la espera de una legislación que obligara a las empresas a hacerse cargo de sus redes que se adosan a los postes del alumbrado.

Esta es una tarea que debe actualizarse cada cierto tiempo, ya que hay propietarios de las viviendas o centros comerciales que deciden cambiar de proveedor de servicios de telecomunicaciones, pero ahí quedan los tendidos inertes. Es un proceso que se debe coordinar con la compañía de electricidad, ya que los cables van conectados a los postes que son de su propiedad. La ley general de telecomunicaciones reconoce que el tendido o cruce de líneas aéreas en calles, plazas, parques, miradores, caminos y otros bienes nacionales de uso público, como son las postaciones, no deben perjudicar el uso principal de estos bienes, debiendo para ello cumplir las normas técnicas y reglamentarias. De ahí que se elaboró la Ley Chao Cables, que podrá operar ahora que el respectivo reglamento ha sido visado por la Contraloría General de la República y que regirá tanto para los tendidos aéreos como para los subterráneos.

Desde hace años que en nuestra Región se ha insistido en el retiro de cables de telecomunicaciones en desuso. Algunos se desprenden y cuelgan a la calzada o a la acera, con el riesgo para peatones.

Avanzar hacia una movilidad sostenible es fundamental para el desarrollo económico y social de las ciudades, además de ser un factor esencial para el bienestar de las personas. Cuando el crecimiento no va acompañado de inversiones y planes de transporte eficientes, la calidad de vida se deteriora y las oportunidades de progreso se ven amenazadas. Por esto, ha sido clave la gestión de proyectos de infraestructura para el transporte y la conectividad.

A comienzos de 2023, el Gran Concepción enfrentaba una crisis de movilidad. La congestión vehicular alcanzaba niveles críticos, el transporte público carecía de regulación y de infraestructura adecuada, y la descoordinación entre los distintos actores dificultaba la implementación de soluciones efectivas.

Frente a este escenario, y liderado por la Subsecretaría de Transportes, surgió el Plan Más Movilidad, una estrategia innovadora que redefinió la manera en que se planifica y gestiona la movilidad urbana. A diferencia de intentos anteriores, este plan se estructuró como un modelo de gestión intersectorial y de largo plazo, con una gobernanza que asegurara una articulación efectiva entre el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial, los municipios y ministerios clave como Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social, Hacienda y Medio Ambiente.

Hoy, a casi dos años de su implementación, el Plan Más Movilidad ha demostrado ser un referente en planificación estratégica de infraestructura y operación del transporte público. Con una inversión total de más de 2.400 millones de dólares y 29 proyectos programados a cinco años, el plan abarca desde mejoras en el transporte público hasta movilidad activa, conectividad vial y accesibilidad universal.

El impacto de esta gestión ha sido notable: el 92% de los proyectos ya cuenta con financiamiento y el 66% se encuentra en fase de licitación o ejecución, permitiendo destrabar iniciativas clave que habían permanecido estancadas por años, como, por ejemplo, los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150, la conexión Costanera Mar-Costanera Sur y el Puente Industrial, entre otros.

Además, la implementación de la nueva regulación del transporte público, luego de más de 10 años de intentos, ha permitido contar con frecuencias sobre el 87% promedio y servicios en horarios nocturnos.

Gracias a este trabajo, el Gran Concepción se ha convertido en la primera área metropolitana del país con un modelo de planificación estratégica de infraestructura coordinado a nivel interinstitucional, marcando un hito en la descentralización y la eficiencia en la gestión de la movilidad.

Para 2025, el plan proyecta una fase de consolidación, donde se comenzarán a materializar proyectos emblemáticos como la modernización de la infraestructura vial y ferroviaria, nuevas ciclovías, mejoras en el transporte público y soluciones innovadoras de movilidad sustentable, como el teleférico de Talcahuano.

Más que una serie de proyectos, el Plan Más Movilidad representa un modelo replicable para otras regiones del país, destacando la importancia de una planificación basada en la coordinación, la sostenibilidad, la participación y la eficiencia en la ejecución de obras públicas. Su éxito demuestra que, con una gestión adecuada y articulada, es posible transformar la movilidad urbana y mejorar la calidad de vida de las personas.

Hoy, a casi dos años de su implementación, el Plan Más Movilidad ha demostrado ser un referente en planificación estratégica de infraestructura y operación del transporte público.

Más exigencias

La reciente medida del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre nuevas exigencias fiscales para restaurantes preocupa especialmente a los más pequeños. En vez de promover su formalización, podría convertirse en una carga desproporcionada para quienes más necesitan apoyo en esta economía incierta. Estos negocios operan con márgenes muy ajustados y recursos limitados. Imponer más trámites y costos desvía su atención de su vocación principal: ofrecer calidad y una experiencia gastronómica auténtica. Muchos ni siquiera pueden costear la tecnología y asesoría contable requeridas, arriesgando su cierre. La exigencia también genera una evidente desigualdad: las grandes cadenas cuentan con los recursos para adaptarse sin problemas, mientras los emprendimientos locales asumen una presión excesiva, afectando su desarrollo y crecimiento. Urge que el SII reconsidere la normativa, equilibrando la fiscalización y adaptándola a la realidad de los pequeños restaurantes.

Rodrigo Segal

Líderes peligrosos

Trump y Musk están resultando ser líderes poderosos, inteligentes, extravagantes y para muchos países resultan ser audaces y peligrosos. Siempre pensamos que la introducción y uso de nuevos sistemas serían muy útiles para un nuevo mundo, con una alta moral y ética, serio y amorosamente humanista. Pero tenemos serias dudas. Los dones y talentos están hechos del "barro divino" y todos soñamos con familias inteligentes y pacíficas. Por eso, emociona ver familias de aldeas africanas recorriendo kilómetros con baldes de agua para regar el único árbol (baobab) que su sombra permite reunirse y practicar el amor al prójimo. ¿Cómo estamos por casa después de ver arder tanto bosque nativo?

René Rojas Salinas

Ley Cati

Este 1 de abril se conmemoraron dos años de la promulgación de la Ley Cati (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), y resulta inaudito que una de las políticas públicas en seguridad vial más importantes de los últimos 15 años, diseñada para salvar vidas y combatir el exceso de velocidad en las calles, siga sin aplicarse debido a que la autoridad aún no dicta los reglamentos correspondientes. No solo sorprende la indiferencia de la autoridad frente a este drama social, sino también el retraso injustificable en la implementación de una normativa que ya podría haber prevenido la muerte de 740 personas en las vías si la ley hubiera estado operativa durante los últimos 24 meses. Se entiende que la instalación de radares en las calles pueda generar rechazo en ciertos sectores, pero la protección de la vida debe prevalecer por encima de cualquier cálculo político o temor a la impopularidad. La demora en la puesta en marcha de esta norma no solo agiganta la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también perpetúa el bajo interés que históricamente ha tenido nuestro país para prevenir las tragedias viales.

Alberto Escobar

Nuevo Ministerio

¿Cuánto le costará al Estado (esto es, a todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos) el nuevo Ministerio de Seguridad? Pero todo seguirá igual, porque se ha demostrado que tanto el Gobierno como el Congreso no están dispuestos a adoptar medidas más fuertes para reducir la delincuencia. Al final, como siempre ocurre, seremos los ciudadanos de a pie los que pagaremos este nuevo despilfarro. ¿O usted piensa que porque se creó un nuevo ministerio los delincuentes se desaparecerán y se dedicarán a otra cosa? Espero que, al menos para compensar, eliminen los delegados presidenciales como se prometió, porque ya no cumplen ninguna función, al tener ahora a gobernadores regionales elegidos por votación popular. Sólo es más grasa en el ya obeso Estado.

Patricio Baeza

Crecimiento

Controversia han causado las recientes cifras de las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central. Me enteré que la economía creció un 2,6% en 2024 y no 2,5% como se preveía. Para poner la cifra en perspectiva, con tasa de crecimiento 2,5% la economía sólo será capaz de duplicar su Producto Interno Bruto (PIB) en un período de 28 años. Sin embargo, con el nuevo guarismo de 2,6%, podremos lograr aquello en 27 años. ¿Sacamos la champaña?

Rodrigo Montero

Nueva vacuna

Los tres poderes del Estado deben vacunarse, con urgencia, contra la "Influencia". Chile debe recuperarse de esta opaca pandemia que se incuba con la sola tenencia de algún poder con extrema celeridad.

Jaime Dart Vallejos

Los integrantes del sector pesquero artesanal de la Región del Biobío solicitaron que se les otorguen más cuotas para las pesquerías del jurel, debido a que ha habido una significativa disminución de la descarga de sardinas y anchovetas, lo que ha provocado pérdidas en el sector. Durante los últimos días han realizado varias manifestaciones de protesta, con cortes de la ruta e incidentes que dejaron detenidos y lesionados, pero en la tarde de ayer fueron recibidos por autoridades, donde se abordó la situación.

Pedro Martínez, vocero de la Mesa Pesquera Artesanal, dijo que si bien han sido responsables en los períodos en que los recursos no están en condiciones para ser extraídos, urge poder capturar jurel y caballa, como una alternativa ante la ausencia de sardina y anchoveta, pero la autoridad ha denegado en forma sistemática la petición.