Por Redacción

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve enfrentó ayer la primera jornada de la audiencia de revisión de medidas cautelares, que continuará hoy y que coincidió con la revelación de detalles de su declaración judicial por la denuncia de violación y abuso sexual contra una subordinada que lo mantiene en prisión preventiva desde hace cuatro meses.

En su testimonio, la exautoridad afirmó que el Presidente Gabriel Boric, tras enterarse por su propio relato de lo ocurrido, le manifestó que primaría la presunción de inocencia y que él mismo le dijo que viajara al sur, lo que podría representar una contradicción con la declaración del Mandatario ante la Fiscalía y podría complicarlo tanto judicial como políticamente.

El documento de 60 páginas, revelado por el diario La Segunda, expone las conversaciones que sostuvo Monsalve con el Jefe de Estado y la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, hoy candidata presidencial del PPD tras haber dejado su cargo en la Moneda.

El ex subsecretario indicó que en su primera conversación con Boric, desarrollada la noche del martes 15 de octubre, el Mandatario le manifestó que en su caso tenía que prevalecer la presunción de inocencia y que le dijo que viajara al sur a hablar con su familia para informarle de lo que estaba pasando y no se enteraran por otros medios.

Según esta versión, Monsalve dijo que nunca se le pidió la renuncia a la Subsecretaría ni se le insinuó como una medida a tomar.

En su testimonio judicial, Monsalve añadió otro antecedente nuevo: que no fue decisión suya participar el día jueves 17 de octubre de la sesión en el ex Congreso donde se discutió el Presupuesto de Interior. Aquello ocurrió horas antes de reunirse por segunda vez con Boric y salir del cargo.

Versión de boric

Todo esto contrasta con la declaración prestada por el Presidente ante representantes del Ministerio Público el 29 de octubre, quien afirmó que citó a Monsalve a La Moneda una vez que Tohá le informó la denuncia en su contra. La ex ministra, de acuerdo a su testimonio, le indicó que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del Hotel Panamericano.

El Mandatario declaró que "en la conversación con Monsalve, le dije que me contara toda la verdad del hecho, y me dijo que lo haría con lo que se acordaba. Solo los dos pisco sours del restaurante peruano y que después no sabía nada más hasta el día siguiente".

Boric dijo que volvió a hablar con el entonces subsecretario el jueves 17 de octubre, día de su renuncia, pero no mencionó que él hubiera autorizado a Monsalve para que viajara a Concepción ni la alusión a la presunción de inocencia, como afirma el imputado en su declaración.

En cambio, expuso que "ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 horas con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo".

Nada dijo sobre quién decidió el viaje de Monsalve al sur, por lo que en este caso no se puede hablar de contradicción, pero sí eventualmente de una omisión de información que podría llegar a ser trascendente.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago amplió en 60 días el plazo de investigación en contra de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien cumple actualmente la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público le imputada dos nuevos delitos.

La jueza Macarena Figueroa Ramírez decidió otorgar una ampliación de 60 días, que supone una extensión de la permanencia en la cárcel de la exautoridad si hoy se mantiene dicha medida cautelar en la audiencia que solicitó su defensa para rebajarlas.

La investigación se centra en supuestos casos de corrupción durante el periodo en que Barriga dirigió la Municipalidad de Maipú: se le acusa de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público por montos que alcanzan los 33 mil millones de pesos.

Pero ayer Barriga fue reformalizada y se le imputarán además los delitos de malversación de caudales públicos y un delito de negociación incompatible.

Juicios abreviados

En tanto, dos imputados en la causa fueron sentenciados. Se trata de Luis Japaz y María Isabel Palma. La Fiscalía Oriente había formalizado investigación contra el primero por fraude al Fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria; mientras que la segunda procesada fue acusada de falsificación de instrumento público.

En favor de ellos, y de este juicio abreviado, la fiscalía reconoció que en ambos condenados una irreprochable conducta anterior y colaboración sustancia en el proceso investigativo para esclarecer los hechos.

Ante ello el tribunal dictó contra Palma una sentencia de cinco años de presidio menor de su grado máximo, la cual puede cumplirse en libertad vigilada intensiva, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Finalmente, a Japaz se le sentenció 3 años y un día de presidio, con una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, junto con el pago de 100 UTM (6.830.600 pesos al valor de abril) e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

¿Será verdad que el viernes santo debe tener relevancia solo para los creyentes, de manera que los que no profesan el credo cristiano tienen pleno derecho a que ese día el gran comercio abra y las prácticas de consumo se lleven a cabo?

A primera vista sobran las razones provenientes de los principios liberales para dar la razón a quienes arguyen que el comercio debe funcionar y cada uno elegir si va o no de compras ese día. Después de todo, podría decirse, en una sociedad abierta y plural las creencias y los credos son múltiples, y la única forma en que ellos puedan coexistir consiste en que el estado y sus reglas los trate con neutralidad y con igualdad a todas. De manera que, si se prestara oídos al reclamo de Monseñor Chomalí, debiera también atenderse a otros credos al extremo que el calendario se llenaría de feriados y el comercio arriesgaría estar cerrado más días de los aconsejables. Así las cosas -concluiría el argumento-- es mejor que el comercio abra cuando le plazca y que cada ciudadano decida si participa o no de las prácticas de consumo.

Pero, bien mirado, podría haber buenos argumentos y razones dignas de ser atendidas en favor del reclamo de Monseñor Chomalí.

Desde luego, parece obvio que del hecho que existan múltiples credos no se sigue que el estado deba tratarlos con indiferencia y como un asunto sin relevancia pública, como trata, digamos, las preferencias deportivas o culinarias o incluso sexuales. La libertad religiosa no solo consiste en que se deje a la gente creer lo que su fe o discernimiento le indiquen, sino que ella exige que además se respete el credo a que adhiere. En otras palabras, un católico, un judío o un musulmán, tienen derecho a que el estado trate la fe que profesan con consideración y respeto. El fenómeno religioso tiene peculiaridades a las que es razonable atender y tener en consideración. Luego, parece razonable que el estado atienda, y evite desconocer y menos ofender, a aquello que para el credo del caso es sagrado y no puramente ritual o profano. Por supuesto no es razonable obligar a un no creyente a participar de la fiesta o el acontecimiento religioso; pero establecer una regla razonable de respeto no significa imponer una obligación de creer.

Pero, se dirá, en este caso se está imponiendo a los no creyentes el deber de omitir ciertos actos -en particular el de ir al mall ¿Acaso eso no infringe su libertad de conciencia consistente en adherir o no a un credo? La respuesta es no. Imponer un deber de respeto no es lo mismo que establecer un deber de adhesión. Guardar, por ejemplo, una actitud de respeto en la fiesta del Yom Kipur frente a los chilenos que son al mismo tiempo judíos no significa obligar a quienes no son judíos a adherir al significado de ese día, sino que significa tener una actitud que se condiga con el significado que los judíos le confieren. Mutatis mutandis: establecer un deber de respeto el viernes santo no significa imponer el credo cristiano, solo significa omitir actos que desconozcan flagrantemente el sentido que ese día posee para los creyentes.

Establecido lo anterior, la cuestión se reduce a decidir si acaso la apertura de grandes centros comerciales en viernes santo importa faltar el respeto que en una sociedad plural nos debemos recíprocamente - no creyentes a creyentes y viceversa- cuando se trata de las cosas que consideramos sagradas. La respuesta es que sí. Y la razón es que para los cristianos ese día resulta opuesto, por principio, al comercio (es cosa de recordar la escena de Jesús expulsando a los mercaderes del templo, que es el espacio sagrado por excelencia). El comercio es lo profano por antonomasia, es lo contrario a lo sagrado. Y por eso, parece razonable (aunque es probable que no rentable) que el comercio, al menos a gran escala, evite lesionar al creyente en viernes santo. Y, claro, lo que se dice del respeto al credo cristiano ha de decirse también del respeto que, en su hora, debemos a lo judío o a lo musulmán.

Carlos Peña