Carabineros ha hecho un nuevo llamado a la ciudadanía con el fin de realizar buen uso del número telefónico de emergencia 133. Se ha señalado que en el año 2023 recibieron 6,3 millones de llamados en todo el país, de las cuales el 74% fue para hacer supuestas bromas o insultos.

La situación es similar en la Región del Biobío, donde la mayoría de los llamados corresponden a bromas de mal gusto, y el resto son contactos cortados antes de iniciar la conversación, otras inaudibles, requerimientos de algún tipo de información, como la hora, o insultos contra la institución.

Las autoridades policiales han expresado que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de que las llamadas reales revisten el carácter de urgentes y por lo tanto se necesita una línea expedita para reaccionar en forma oportuna.

Lo que ocurre con el número de Carabineros no es ajeno a lo que se registra con los teléfonos de Samu, de Bomberos, o rescate de la Armada en verano. Cuesta entenderlo, si se considera que en ocasiones significa desplazar vehículos y personal, o dejar de atender otras comunicaciones que son necesarias, porque podrían salvar una vida. Se recuerda que en abril de 2016 se realizó un operativo de evacuación en el Hospital de Los Ángeles, debido a un falso aviso de bomba que se dio en la madrugada, lo que significó que 35 ambulancias trabajaran en la salida acelerada de 380 pacientes, con las consecuencias previsibles para quienes estaban con su salud más delicada, mientras policías del Gope revisaban todo el edificio, hasta determinar que se trataba de una falsa alarma.

Se estima que en los Samu más de la mitad de los llamados corresponden a bromas o pitanzas. Y la Armada recibe cada verano más de 10 mil llamados al 137 de emergencias marítimas, pero el 82% no son verdaderas. Asimismo, sólo el 15% de las comunicaciones que recibe Bomberos al 132 son efectivas y el 85% restante corresponde a pitanzas o avisos falsos que muchas veces hacen salir a los carros y al personal de voluntarios, con el gasto que ello significa. Se comprenderá que sus autores quitan la posibilidad a las personas que de verdad tienen una emergencia, y que -en cambio- encuentran las líneas saturadas.

En Chile, hace unos años se modificó la ley de telecomunicaciones, por lo que se sanciona con multas el uso indebido de los servicios de emergencia. El procedimiento implica que Carabineros remite los antecedentes del presunto infractor al Juzgado de Policía Local, que lo cita para que sea oído y si se acredita la infracción, el juez impone una multa. La ley obliga a las empresas de telefonía a facilitar a Carabineros y a los demás servicios de emergencia, en tiempo real, los datos de individualización y de localización de los usuarios que se comuniquen en forma improcedente. Sanciona con multa de 1 a 5 UTM ($ 68.034 a $ 340.000) a quien incurra en la infracción de uso indebido del servicio de llamados de emergencia gratuito, cuando esta conducta altere el normal funcionamiento del sistema, correspondiendo al juez de policía local su investigación, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Ministerio Público si hubiese mérito suficiente para configurar el delito de falsa alarma de emergencia.

Se entiende como uso indebido aquellas llamadas que puedan generar congestión en el acceso al servicio y cuya finalidad sea distinta a la solicitud de auxilio, denuncia de emergencia o calamidad pública o de un acto constitutivo de algún hecho punible o sancionable por la ley, como llamadas abusivas, ridículas, insultantes, amenazadoras, maliciosas o burlescas. No obstante, estos servicios de emergencia están recargados en sus funciones y no siempre están en condiciones de cumplir con todos estos procedimientos para hacer la presentación, por lo que una vez más hay que apelar a la comprensión ciudadana.

Álrededor del 80% de los llamados que reciben los números de emergencia de Carabineros, Samu, Bomberos, rescate de la Armada, son falsos. Significa desplazar vehículos y personal de forma innecesaria.

El país necesita crecer sobre un 4 ó 5%. Ese es el desafío que debemos asumir para generar crecimiento, puestos de trabajo de calidad, formales y así mejorar el bienestar de las personas. Sin embargo, nos enfrentamos a un estancamiento estructural en la economía. La innovación, productividad e inversión ya no son el motor que eran.

Según cifras del Banco Central, el crecimiento tendencial estimado para el período 2024-2035 sería de apenas un 1,8%. La productividad está estancada desde hace dos décadas, y la inversión, que en los años 2000 creció a tasas del 9% anual, se ha reducido a un 0,6% anual en la última década. Peor aún, en 2024 la inversión disminuyó en un 1,4%, principalmente debido a la contracción en maquinaria y equipos. Es una muy mala noticia para la economía y el empleo.

El sector forestal no está ajeno a esta problemática. Hemos visto una disminución en la productividad, la reducción de la inversión y la pérdida de miles de hectáreas plantadas, lo que ha generado un impacto negativo en la industria, afectando principalmente a las pymes. En los últimos 10 años, el sector ha perdido 48 mil empleos, lo que evidencia la urgencia de tomar medidas concretas.

El sector forestal es parte de la solución. Clave para ello, es generar condiciones habilitantes que permitan y fomenten la inversión y la creación de empleos permanentes y de calidad. Se debe terminar de una vez por todas, con los hechos de violencia que vienen afectado a nuestro sector por décadas, como atentados e incendios, que afectan no solo a nuestro sector, sino también a otros sectores, a las comunidades y miles de personas que viven y trabajan en el mundo rural.

Hay que apoyar a los pequeños y medianos propietarios de bosques, para recuperar los sectores afectados por los incendios y volver a reforestar. En el Biobío son 42.000 hectáreas afectadas, que podrían generar cerca de 9 mil puestos de trabajo anuales, según Conaf.

Si incorporamos las superficies forestales descubiertas y no afectadas, llegamos a cerca de 140.000 hectáreas a recuperar en el Biobío, con todo el beneficio social, ambiental y económico para la región y sus habitantes. Estas son inversiones de largo plazo que requieren incentivos claros y sostenibles, para pequeños y medianos propietarios. Sin una política pública decidida en esta dirección, el impacto económico, ambiental y social en el mundo rural será profundo y duradero.

Clave es conectar el déficit habitacional de nuestro país y región, con los métodos modernos de construcción en madera y específicamente con casa industrializadas en madera, con la participación de las pymes industriales madereras. Para ello, se requiere una demanda asegurada para este tipo de viviendas, permitiendo una reactivación de este sector, que en los últimos años ha sufrido el cierre en el país, de 200 pequeños y medianos aserraderos.

Si queremos un Chile con más oportunidades, mayor crecimiento y empleos de calidad, debemos actuar ahora. Es clave recuperar la inversión, fortalecer la seguridad y generar incentivos que permitan que el sector forestal siga siendo un motor de desarrollo para la región y el país. En los últimos diez años, la superficie de plantaciones productivas ha disminuido 14%. El crecimiento tendencial proyectado para 2024-2035 es de solo un 1,8%. La participación de las pymes industriales madereras en las exportaciones ha disminuido en un 50% entre 2016 y 2024 (Infor).

Es clave recuperar la inversión, fortalecer la seguridad y generar incentivos que permitan que el sector forestal siga siendo un motor de desarrollo para la Región del Biobío y el país.

Estafas

Las estafas financieras dirigidas a personas naturales no solo afectan a quienes pierden sus ahorros, sino que también erosionan la confianza en el sistema financiero. En 2024, los casos aumentaron de forma alarmante, desde plataformas fraudulentas hasta esquemas promovidos por influencers, dejando en evidencia que ni la tecnología ni la reputación son barreras para el engaño. Según Ipsos, uno de cada seis chilenos ha sido víctima directa de fraude en el último año. A pesar de los esfuerzos de instituciones como la Comisión de Mercado Financiero, herramientas como las listas negras de empresas no reguladas siguen siendo insuficientes. No basta con informar; se necesita capacitar y conectar mejor a las personas con los recursos disponibles. Es momento de ir más allá de las advertencias.

Vicente Rotman

Influencers

Abril trae consigo la Operación Renta, y influencers enfrentan al SII en modo implacable. En 2024, de 17 mil monitoreados, solo 11.560 (68%) declararon, aportando $914 millones. Los 5.440 esquivos dejaron $2.300 millones sin tributar en 2023, según estimaciones. La evasión ya no pasa desapercibida. Las cifras abruman. De 1.200 cuentas revisadas en 2024, el SII halló $19.800 millones no declarados. Entre 107 influencers top, el ingreso mensual supera $52 millones, con una elite de diez promediando $156 millones por publicidad, canjes y plataformas como Arsmate, que movió $3.200 millones solo en Santiago. TikTok y YouTube reportaron $8.400 millones en pagos a creadores chilenos, pero el 32% no tributa. El castigo duele. Multas desde 10% del impuesto, más 1,5% mensual de interés, transforman $50 millones evadidos en $7,5 millones extra.

Felipe Oelckers

Ruidos en la ciudad

El ruido en la ciudad es una constante y es parte de la vida urbana. Sin embargo, el verdadero problema surge cuando cada persona decide que su voz y su mensaje deben escucharse más fuerte que el del resto. Ya sea un predicador, un vendedor ambulante o un músico local, todos han decidido que es fundamental contar con un sistema de amplificación que emita su mensaje a todo volumen. Este fenómeno no es más que el síntoma de una sociedad que ha olvidado la noción de comunidad. La justificación del "yo primero, yo más fuerte" impulsado por un modelo que promueve y legitima el individualismo, disfrazándolo de libertad. Esa actitud de hacer lo que se nos antoja, sin considerar a los demás, erosiona la posibilidad de una convivencia armoniosa, alimentando una resistencia a la vida en comunidad y perpetuando un ciclo en el que ésta se vuelve una utopía. Y si de utopías se trata, me permito imaginar una revolución que no sea ruidosa, sino una que se base en un silencio compartido, que aparecerá en las pausas que permitirán escuchar al otro. Así, podremos entender que la libertad no se mide en volumen, sino en la capacidad de convivir sin la necesidad de imponerse.

Paz González E.

Estrellas de fútbol

En nuestro universo deportivo, son muy pocas las estrellas que han brillado y brillan. Sin embargo, hay muchas por descubrir. Para ello se necesitan buenos telescopios e idóneos observadores.

Jorge Valenzuela Araya

Malls chinos

La masiva proliferación de malls chinos ha encendido las alertas del comercio establecido y de autoridades. Si bien hay empresarios que operan dentro del marco legal, existen indicios de prácticas informales y competencia desleal, como la elusión de normativas laborales, tributarias y de importaciones. Este fenómeno no solo afecta al comercio formal, que debe cumplir con estrictas regulaciones, sino que también impacta a los consumidores, quienes muchas veces desconocen el origen y la calidad de los productos que adquieren. La falta de fiscalización efectiva permite que estos establecimientos crezcan sin el debido control, poniendo en riesgo la equidad en el sector. No se trata de estigmatizar, sino de hacer cumplir la ley y asegurar condiciones equitativas para el comercio en Chile.

Andrés Bogolasky

Martes de cine

"Martes Cinematográficos" es una exitosa apuesta de la Universidad de Concepción, aplaudida por la calidad de las películas presentadas. En el pasado glorioso, contemplaba dos horarios: 15 y 19 horas. En el presente, sólo se promociona el horario de 19 horas, que trae problemas a cinéfilos de la tercera edad, por la inseguridad ciudadana, en especial cuando cae la noche. El censo informado señala un aumento de la población de nuestra edad. Si las autoridades de la UdeC acogen esta idea y reponen horario de 15 horas, sería un reconocido gesto.

Alberto Quezada R.

Entró en operaciones el perímetro de exclusión para el transporte público del Gran Concepción. La medida incluye a 35 líneas de buses, a las que se exigió mayor frecuencia de recorridos. La normativa que rige para las empresas que circulan en el área metropolitana comenzó a regir tras concluir la prórroga de la antigua regulación y mantiene una sola línea de buses pendiente. El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Héctor Silva, detalló que la empresa faltante es la Base Naval, que tiene pendiente la documentación.

El proceso de contar con una regulación para el transporte licitado comenzó el año pasado, con lo cual cada empresa debía presentar documentos para suscribir el nuevo contrato con el Estado. La expectativa es que se pueda avanzar en la implementación de mejoras en la frecuencia del transporte.