Por Karlyng Silva Leal

Diversas modificaciones legales hacen que hoy la violencia hacia las mujeres, sobre todo los casos más extremos, sean reconocidos por el Estado como un problema de la sociedad. No obstante, pese a los esfuerzos por concientizar sobre estas situaciones, tanto para quienes son víctimas como a quienes atestiguan situaciones de riesgo, las denuncias siguen siendo el punto de inicio para obtener ayuda, pero sobre todo para dar seguimiento a casos que pueden escalar rápidamente hasta llegar a las expresiones más gravosas, como lo son los femicidios.

Solo este año en la región se han contabilizado 6 femicidios frustrados, siendo uno de los más recientes el que tuvo lugar en Yumbel la primera semana de marzo, cuando un sujeto agredió brutalmente a su ex pareja. En este caso, la víctima abandonó el hogar en común junto a sus hijos, precisamente por los malos tratos que sufría de parte de él. Pese a la decisión de alejarse, el sujeto la llamó para que se llevara algunas cosas de sus hijos, momento en que la amenazó, golpeó, lesionó e intentó atropellar, lo que fue catalogado finalmente como un femicidio frustrado.

Denuncias

Con casos de este tipo se vuelve a reiterar la importancia de las denuncias como una forma de alerta y seguimiento, siendo la concientización de esta práctica la punta de lanza de la institucionalidad. No obstante, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras, reconoce que no es tan simple.

"La denuncia no es fácil ni inmediata. No es como si me asaltan y decido hacer la denuncia o incluso hacerlo online. Es diferente cuando se trata de violencia de género, porque yo convivo con el agresor. No es un delincuente que me asaltó y no vi nunca más, por lo tanto es una decisión más compleja, más lenta y para ello tenemos programas de SernamEG que acompañan a esas víctimas. Aunque no quieran denunciar, pero acompañamos psicológicamente y orientamos sobre las alternativas", ejemplificó.

Parte de la realidad es que las denuncias suelen ser retiradas, en muchos casos ante delitos de agresiones en contexto de violencia familiar ni siquiera se llega a obtener medidas cautelares (como resultado de una formalización). Al respecto, Contreras indicó que cuando esto ocurre "son los tribunales correspondientes los que tienen que dar seguimiento a esos casos y nosotros como Ministerio damos seguimiento siempre que la víctima quiera aceptar nuestro patrocinio jurídico, el que ofrecemos a las víctimas de casos de violencia grave o de femicidios, a las víctimas, sobrevivientes o familiares directos de las víctimas".

La limitante está en el patrocinio, ya que si las víctimas o familias no lo aceptan, el caso se puede mantener monitoreado pero sin acceso a la información. Sin embargo, en casos en donde el riesgo es explícito, como cuando una mujer embarazada o en situación de discapacidad es víctima de violencia; el agresor utiliza algún tipo de arma blanca o de fuego e incluso en casos de consumo de sustancias, los indicadores de riesgo derivan a otros servicios que intervienen, acompañan y vigilan el caso.

Líneas de apoyo

"Nos preocupa que muchos casos de violencia extrema que vemos en la región terminan tipificándose como femicidios frustrados o tentados. Vemos situaciones donde hay una negación al término de la relación por parte de los agresores y entre otras situaciones de violencia psicológica, económica, secuestro, aislamiento, que anteceden o acompañan al femicidio frustrado", dijo Contreras.

Para estos casos indicó que la denuncia o al menos la búsqueda de ayuda es importante, de tal forma que a través del apoyo psicológico y social se puedan trazar objetivos en dirección a una vida independiente, abordando la recuperación de autoestima, solvencia económica, vinculación con la comunidad, entre otras.

Pero de forma paralela, también permiten pedir medidas cautelares para resguardar su integridad. Sin embargo, la seremi reconoce que esto aún hay debilidades cuando consideran que la situación amerita una prisión preventiva, pero solo se decreta una orden de alejamiento, para lo cual también hay dificultades de seguimiento.

6 femicidios frustrados se han contabilizado en 3 meses de este año, considerando que el 2024 fueron 14 en Biobío

Autoridades regionales y locales, así como representantes de la sociedad civil relacionados a temáticas de equidad de género fueron convocados al Gabinete Regional de Mujeres y Diversidades en la Región del Biobío.

Se trata de una instancia que busca trabajar de manera colaborativa para crear políticas públicas que promuevan la equidad de genero.

En el lanzamiento realizado ayer se identificaron nudos críticos, siendo el diagnóstico final que es necesario llevar la presencia del Estado a las comunas con las tasas de violencia intrafamiliar más altas en la región y que, en muchos casos, son más pequeñas, con poca conectividad, acceso a recursos o servicios.

El delegado presidencial Eduardo Pacheco, planteó que se determinaron tres líneas de trabajo sobre violencia, independencia económica, además de la formación o capacitación para un trabajo mejor coordinado entre instituciones.

Lara Megías, representante de la Mesa Feminista de la Universidad de Concepción, indicó que "es crucial poder articular el trabajo de las políticas públicas con el trabajo que realizamos en la calle, directamente desde la sociedad para la sociedad. Tener un espacio de diálogo es esencial, donde podamos abordar nuestras problemáticas desde la realidad y no desde ilusiones o perspectivas idealizadas que a veces nos alejan de la verdadera situación".

Un total de 11 kilos de cocaína y 13 kilos de marihuana fueron incautados por personal del OS7 de Carabineros de Los Ángeles, esto en el marco de un operativo de fiscalización a buses interurbanos en la Ruta 5 Sur, logrando además detener al responsable del traslado, un joven de 20 años sin antecedentes penales.

Así lo explicó el subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabinero N°20 de Biobío, comandante Esteban Rodríguez, quien indicó que el avalúo de la droga corresponde a cerca de $300 millones, siendo más de 700 mil dosis las incautadas.

El oficial detalló que a través del análisis de inteligencia en materia de sustancias ilícitas "se van detectando los distintos lugares y medios de transporte de la droga y esta ocasión, ese análisis llevó a hacer este control en un peaje aledaño a la Ruta 5 Sur, donde se logró detener a este sujeto", el cual quedó a disposición del Ministerio Público.

El delegado provincial del Biobío, Javier Fuchslocher, indicó que este operativo "es un golpe contra el narcotráfico y un mensaje claro. No vamos a permitir que estas sustancias lleguen a nuestras comunidades". La autoridad local indicó que se mantienen los esfuerzo coordinados con las policías e instituciones para fortalecer el control y la prevención, por ejemplo, a través de la incautación de estas drogas.

700 mil dosis de drogas fueron incautadas a través de la fiscalización al bus interurbano en la Ruta 5 Sur

Un taxista de la comuna de Tomé fue agredido este lunes en horas de la tarde mientras esperaba pasajeros en el sector céntrico de la comuna en dirección a Concepción.

Tres sujetos se le acercaron, exigiéndole que los llevara hasta el sector "La Toma" de Punta de Parra, a lo que el conductor se negó.

Fue en esos momentos en que uno de los sujetos le quitó su celular por lo que la víctima forcejeo para evitar que se lo robaran, no obstante, terminó siendo agredido violentamente con un fierro en su rostro, provocándole una fractura nasal.

Los asaltantes huyeron del lugar, mientras que otros taxistas ayudaron a la víctima, realizaron la denuncia a Carabineros, los que tras un patrullaje en los alrededores encontraron a uno de los sujetos identificado como Mario Maldonado Palacios (38) conocido como "Palermo", además de Maikol Villarroel Álvarez (23), los que fueron reconocidos por la víctima. El último detenido ya registraba tres órdenes de detención pendientes por delitos contra la propiedad.

La fiscal Ana María Aldana formalizó a ambos imputados durante la jornada de ayer por los delitos de robo con violencia y solicitó que se aplicara la medida cautelar de prisión preventiva, a lo que el tribunal accedió, fijando en 3 meses el plazo de la investigación.