Por Nicolás Arrau Álvarez

El proyecto de fraccionamiento pesquero se encuentra en su segundo trámite constitucional al interior del Senado, con urgencia inmediata. La polémica se avivó hace algunos días debido a que el senador y presidente de la comisión de Hacienda, Felipe Kast, aún no ponía en tabla la iniciativa, aunque desde el Ejecutivo se comunicó el viernes que esto podría suceder en las últimas semanas de marzo.

Otras voces del mundo legislativo y de la oposición creen que el proyecto debiese ser despachado por la Sala del Senado, con elementos diferentes a lo que aprobó la Cámara de Diputados. "Por eso volverá a la Cámara y ya estamos hablando a finales de marzo. Irá a la comisión de Pesca y a mediados de abril debiese pronunciarse el plenario (...) Es probable que vayamos a una comisión mixta, y ahí hablamos a fines de abril o principios de mayo", proyecta el diputado UDI e integrante de la comisión de Pesca, Sergio Bobadilla.

De cara a esta segunda parte, legisladores de la zona analizan los obstáculos que el proyecto deberá sortear en los próximos meses. Advierten que los principales nudos tienen que ver con la voluntad de parte de senadores para avanzar de forma más rápida y decidida, pero también con algunos artículos transitorios.

Nudos del proyecto

El senador socialista Gastón Saavedra expone que hay una dificultad en la discusión con el artículo transitorio número dos, "donde todos los informes de constitucionalistas, que son muy bien valorados en el país y creíbles por su conocimiento, dicen que este artículo vulnera el derecho a propiedad, por lo que habría una dificultad constitucional en el tratamiento de esta iniciativa".

De mantenerse este artículo, que contempla una regulación específica del recurso jurel referido al aumento de la cuota global de captura originado en medidas de administración del Organismo Regional de Ordenación Pesquera (OROP), dice que alguien podría recurrir al Tribunal Constitucional.

Agrega que hay otro tema que focalizar y que dice relación con evitar "una situación muy compleja" respecto a la reineta, "porque están habilitadas para pescar 27 mil toneladas, pero ya se capturaron más de 35 mil, es decir, por lejos se superó lo que está habilitado y con base científica". Ahí, insiste, pudiera generarse una crisis que afectaría al puerto de Lebu, donde la reineta es la especie que los artesanales extraen.

"Los nudos son la distribución de las toneladas a extraer por artesanales como por industriales, esto porque hay diferencias notables respecto a lo que se aprobó en la Cámara, que es atentatorio (...) No se puede aumentar sin fundamentos científicos la cuota que se extrae de recursos que están en explotación como el jurel, la merluza o la merluza del sur", comenta, al mismo tiempo que indica que hay que aplicar el principio de precautoriedad y no hacer distribuciones que se puedan lamentar.

Saavedra proyecta que este primer trimestre la iniciativa debiese ser aprobada en el Senado, pero debido a las discrepancias de los guarismos en el fraccionamiento ve posible que todo culmine en una comisión mixta.

A juicio de la comunista María Candelaria Acevedo, quien también forma parte de la comisión de Pesca de la Cámara, la idea es que el fraccionamiento pesquero sea aprobado por una amplia mayoría del Senado para que retorne a la Cámara y se convierta en ley dentro de este primer semestre.

"Hoy el nudo es la oposición por parte del presidente de la comisión de Hacienda del Senado, quien claramente responde a los intereses de los grandes empresarios de la pesca, los mismos que fueron acusados en el marco de la corrupta ley Longueira, y que hoy se agrupan bajo el nombre de Pescadores Industriales del Biobío", acusa.

Agrega que en el último tiempo "se ha lanzado una campaña del terror con las amenazas de despidos masivos, argumento que ha sido totalmente desestimado con hechos tales como el histórico aumento de un 25% de la cuota del jurel para Chile que entregó la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. En ese contexto, esperaría que se discuta y se vote el proyecto en el más corto tiempo posible".

Por otro lado, el diputado Bobadilla espera que respecto a la merluza la cuota quede definida en 57% para la pesca artesanal y un 43% para la industria. "La cosa es sencilla: con los porcentajes que tiene el proyecto, es inviable que sigan operando las plantas en la zona que procesan el recurso", cierra.

En el marco del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, se llevó a cabo un importante webinar orientado a la flexibilización de las obligaciones tributarias para las ex empresas proveedoras de la Siderúrgica Huachipato, liderado por el tesorero regional, Cristián Astudillo.

La actividad buscó proporcionar información clave sobre las medidas implementadas por el Estado para apoyar a las empresas de la Región que enfrentan serias dificultades económicas. De las 173 empresas del catastro de proveedores afectados por el cierre, 80 presentan deuda fiscal

El webinar se centró en explicar las nuevas facilidades tributarias que están vigentes con el objetivo de resguardar la continuidad de las empresas proveedoras que se encuentran en riesgo debido al cierre de la siderúrgica. Entre las medidas anunciadas, destacan la prórroga para el pago de contribuciones del impuesto territorial, sin intereses ni multas, para empresas proveedoras con inmuebles en la Región.

Además, se detallaron convenios especiales para el pago y condonación de intereses y multas sobre contribuciones y otros impuestos, así como la suspensión de cobranza administrativa y judicial de impuestos territoriales, patentes mineras y derechos de agua.

El objetivo es que las ex proveedoras puedan disponer del tiempo y la liquidez necesaria para adaptarse, asegurando su estabilidad operativa y económica en el corto plazo.

Según la 11ª versión del Índice de Confianza en la Economía Regional (Icer), elaborado por la Universidad San Sebastián, que mide la percepción económica de los consumidores, la Región del Biobío alcanzó solo 30 puntos de 100, manteniéndose en la zona de pesimismo, pese a un leve avance de dos puntos respecto al año anterior.

El informe, realizado entre diciembre y enero, también reveló que el 83% de los habitantes de la Región considera que encontrar trabajo en la región es difícil, reflejando el complejo escenario laboral que enfrenta la zona. Detrás de esta percepción están factores como el alza en las tarifas eléctricas y el aumento del desempleo regional, que llegó al 8,7% en el último trimestre.

Daniela Catalán, académica de Ingeniería Comercial de la USS, explicó sobre la tendencia que refleja el impacto de estos factores, señalando que ''la alta tasa de desempleo y la percepción de que seguirá aumentando generan una sensación de inestabilidad, que afecta tanto el consumo como la inversión. A esto se suma la persistente inflación y el alza en tarifas eléctricas, que deterioran el poder adquisitivo de los hogares, reforzando la incertidumbre sobre el futuro''.

A nivel regional, el pesimismo se refleja incluso en las expectativas a futuro. Aunque la proyección económica del país alcanzó 44 puntos en esta medición, la visión sobre el futuro del Biobío es aún más negativa, llegando solo a 42 puntos.

Por otro lado, las expectativas de consumo de bienes mayores, como viviendas y automóviles, se mantienen en niveles muy bajos, con apenas 15 puntos, lo que evidencia una menor disposición de los consumidores a realizar inversiones importantes.

En este punto, Catalán asegura que la dificultad para acceder a créditos ha paralizado estas decisiones claves, reflejando un mercado donde la gente prefiere evitar grandes compromisos financieros, vaticinando el impacto significativo en el desarrollo económico del Biobío. ''Desincentiva tanto el consumo como la inversión, lo que a su vez ralentiza el crecimiento regional", dijo.