Por Karlyng Silva Leal

Aunque las capacidades municipales en materia de seguridad ciudadana están relegadas a la prevención de incivilidades y fiscalización de determinadas leyes, actualmente es la comunidad la que mantiene altas expectativas sobre el rol que deben cumplir, considerando el apoyo que han brindado a las policías, pero sin contar con atribuciones ni implementos para la persecución delictual.

Ese es el análisis que realizan desde la Asociación de Municipios de la Región del Biobío (AMRBB) sobre el proyecto de ley que está llevando adelante el gobierno para fortalecer a las administraciones municipales en materia de seguridad y prevención del delito, de tal manera que la disparidad de recursos y herramientas pueda ser reducida y sobre todo proteger a los inspectores y funcionarios que día a día están expuestos a diferentes riesgos y amenazas en los operativos que realizan.

Miguel Rivera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la asociación y alcalde de Hualpén, explicó que "las principales dificultades en la gestión de la seguridad ciudadana a cargo de las municipalidades recaen en las expectativas y exigencias que la ciudadanía está realizando a toda la gestión pública en materias de seguridad, especialmente a sus autoridades locales".

En nombre de la Asociación, el alcalde aseguró que esperan "que las medidas en discusión pongan el acento en la formación de nuestros inspectores, en el reforzamiento de las penas para quienes les agredan o no respeten el ejercicio de sus facultades y, por supuesto, el acceso a todos los implementos que les permitan el ejercicio de sus labores, con protección de su integridad física y mental".

Diario El Sur consultó con los municipios de Concepción y Talcahuano para conocer sus experiencias y las situaciones de riesgo que detectan en el trabajo de los funcionarios de seguridad municipal, sin embargo, no respondieron a las consultas de este medio.

Formación y recursos

Rivera enfatizó que el personal municipal de seguridad tiene principalmente a su cargo la fiscalización de normas en las leyes de rentas, tránsito, alcoholes, entre otras, además de las ordenanzas municipales. Eso no ha sido impedimento para que en los últimos años hayan desplegado un trabajo complementario a la acción policial, implementando patrullajes preventivos y asistencia a vecinos, facilitando entrega de antecedentes en casos de investigaciones en proceso.

"Es importante no perder de vista que los inspectores municipales no cuenta con atribuciones ni implementos para la persecución delictual, siendo estas materias competentes única y exclusivamente a las fuerzas de orden y seguridad", agregó el alcalde, apuntando también a que el rol que cumplen no debería verse involucrado con delitos de mayor complejidad.

En este mismo contexto y entendiendo lo heterogéneos que son los cuerpos de inspectores entre los distintos municipios; Rivera planteó la necesidad de que exista una base mínima de conocimientos y bagaje de estrategias que mejoren sus capacidad de trabajo y reacción.

"La discusión acerca de dotar a estos funcionarios de elementos disuasivos no letales está relacionada directamente con lo anterior. Si bien un dispositivo eléctrico puede no ser letal de por sí, su uso estará siempre determinado por el criterio de quien lo opera. Por tanto ese criterio debe estar basado en una formación adecuada que permita una batería de acciones disponibles", explicó.

Proyecto en trámite

Actualmente el proyecto de ley que busca impulsar el gobierno implica modificaciones legales para fortalecer la institucionalidad municipal, con un enfoque en seguridad pública y prevención del delito. Pese a que está catalogado con discusión inmediata, actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, donde la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización están elaborando su primer informe, esto luego de su ingreso al Congreso en mayo del 2023.

Esta semana, las comisión mencionada anteriormente, junto a la de Seguridad Pública sesionaron en el Congreso, instancia en la que se levantaron preocupaciones de los municipios, sobre todo enfocadas en la contratación de personal, recursos económicos y materiales para mejorar su trabajo en esta materia. Sin embargo, la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, planteó que el proyecto "no le está dando ninguna obligación a los municipios de gastar en algo que no están gastando ya".

Así también, precisó que la propuesta presidencial incluye capacitaciones, aumento de penas para quienes agredan a funcionarios municipales en cumplimiento de sus funciones, la detención en flagrancia a propósito del trabajo que realizan sin ser cuestionados. Además, incorpora el enfoque de seguridad de los instrumentos de planificación territorial y abre la discusión al porte de elementos defensivos y de protección para los inspectores de seguridad.

2023 fue el año en que ingresó el proyecto de Ley del gobierno para fortalecer el rol de los municipios en seguridad y prevención

La noche del jueves pasado una mujer de 30 años fue agredida por su expareja en el patio de su hogar en el sector La Chicharra en la comuna de Yumbel, allí el sujeto la golpeó provocándole serias lesiones, siendo socorrida por un vecino, el que también la llevó hasta el Cesfam de Yumbel, donde recibió atención médica.

Pese a la rápida detención de Pedro Cáceres Badilla, de 40 años, la Fiscalía formuló cargos en su contra este lunes, apuntando a un femicidio frustrado. Al pedir que se aplicara la medida cautelar de mayor gravedad, el Juzgado de Garantía desestimó la solicitud, por lo que la fiscal María Gemita Rojas apeló verbalmente.

Los antecedentes fueron analizados por la Corte de Apelaciones de Concepción este miércoles, acogiendo los argumentos de la Fiscalía e imponiendo la cautelar de prisión preventiva, revirtiendo la decisión del Juzgado de Garantía de Yumbel.

Según los antecedentes expuestos por la fiscal durante la audiencia, la víctima había abandonado el hogar que compartía con Cáceres, llevándose a sus dos hijos en común, siendo los malos tratos que sufría de su parte la principal causa de su decisión.

No obstante, Cáceres la llamó para que fuera a retirar cosas de los hijos al hogar que compartían, siendo el momento en que el sujeto la amenazó mostrándole un hacha. Pese a los intentos de la mujer por escapar, el agresor subió a un automóvil e intentó atropellarla, luego se bajó y comenzó a golpearla con diferentes objetos contundentes.

En medio de dicho brutal ataque, la lanzó al suelo e intentó quebrar los dedos de sus manos. Ante los gritos de la víctima, una persona vecina del lugar acudió en su ayuda, permitiendo que ella pudiera escapar.

Las diversas evidencias y declaraciones que las policías pudieron recoger a raíz de la investigación, también fueron expuestas en la audiencia de apelación, con lo cual los ministros del tribunal de alzada señalaron que la libertad del sujeto representa un peligro para la víctima y la sociedad, aplicando la cautelar por los 3 meses dispuestos para investigar.

3 meses de plazo para la investigación fueron determinados por el tribunal de primera instancia

La noche del lunes un matrimonio fue víctima de un violento robo al interior de su parcela ubicada en el sector Huertos de Unihue. Allí un grupo de desconocidos amarraron e intimidaron a las víctimas. Detectives de la PDI lograron ubicar a uno de los responsables, quien fue identificado como Cristian Gajardo Osorio de 23 años, el cual fue formalizado por el delito de robo con violencia, quedando en prisión preventiva.

El subprefecto Christian Irribarra, jefe de la Brigada de Robos Concepción, explicó que al momento del asalto, "sujetos premunidos con armas de fuego ingresan e intimidan a sus moradores para posteriormente dejarlos amarrados, procediendo a sustraer diferentes especies, tales como joyas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo, además del vehículo familiar".

Diversas diligencias permitieron ubicar el vehículo en un domicilio de Coronel, donde además se realizó un rastreo de cámaras de seguridad, logrando ubicar al interior de dicho inmueble a un sujeto escondido en el patio trasero, el cual fue detenido en ese momento por usurpación.

No obstante, el subprefecto indicó que más tarde "dicho sujeto fue reconocido por ambas víctimas como el autor de los delitos que les afectó en Santa Juana". Además, comentó que el joven de 23 años cuenta con antecedentes por la ley de drogas y robo en lugar no habitado.