Por Nicolás Arrau Álvarez / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

El gobernador regional Sergio Giacaman resumió la semana pasada -en entrevista con este medio- la realidad económica del Biobío a través de la siguiente frase: "No hay plata". Al estilo "Milei", la autoridad detalló que de los $123.000 millones asignados por Ley de Presupuestos, $18.000 millones se pierden entre los recortes realizados desde La Moneda, el pago de un porcentaje de la deuda flotante y la regularización de las subvenciones. El panorama, entonces, muestra que hay disponibles $105.000 millones, aunque la ejecución de compromisos abarca $90.000 millones para este año, por lo que sólo quedarían $15.000 millones como margen, un número menor que ya contempla el tema de las subvenciones.

En otras palabras, según comentó en la oportunidad el gobernador, la Región sufrirá un año "de mucha estrechez financiera". Este escenario es visto con bastante preocupación por buena parte de los municipios de la zona, quienes para sacar adelante sus proyectos cuentan con el financiamiento del Gobierno Regional.

De lo anterior, por ejemplo, asoma un caso emblemático: la reconstrucción del mercado de Talcahuano. Hace algunos días el alcalde Eduardo Saavedra dio a conocer que el Gobierno Regional no cuenta con los recursos asignados para el proyecto en el ejercicio presupuestario 2025, plan que necesita $16.000 millones para concretarse.

Desde la Asociación de Municipios del Biobío prevén que este déficit generará, sin duda, varios efectos negativos a nivel municipal, sobre todo en materias de gestión y desarrollo. El presidente de la instancia y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, estima que este año se verán retrasados o paralizados proyectos esenciales: pavimentación de calles, cambio de luminarias a LED, mejoramiento de espacios comunitarios, así como lo relacionado al tratamiento de residuos sólidos domiciliarios en comunas como Hualpén, Florida, Talcahuano y Lota, tal como se detalló en un reportaje publicado por EL SUR el domingo pasado.

"También se verá afectado el financiamiento para resolver emergencias comunales, como incendios forestales e inundaciones, más aún ahora que nos acercamos al invierno. Recordemos que, en el caso de la Provincia de Concepción, se impulsó la idea de destinar el 1% del presupuesto municipal a Bomberos, por lo que la falta de apoyo del Gobierno Regional podría retrasar la implementación de esta idea", advierte Fuentes, quien precisa que la situación llevará a los municipios a buscar recursos de forma directa al nivel central, "lo que significa un retraso en los procesos, generando burocracia adicional".

Para salir adelante, la autoridad propone "un trabajo codo a codo" entre municipios y el Gobierno Regional para gestionar soluciones y líneas estratégicas frente al Ejecutivo.

Salud, emergencias e infraestructura

La preocupación se extiende, con mayor razón, en comunas más pequeñas, rurales y alejadas de los grandes centros urbanos. En Santa Juana, por ejemplo, creen que esta situación complicará el avance de algunas iniciativas asociadas a salud, recolección de residuos domiciliarios y actividades de preparación para el próximo invierno, como maquinarias y herramientas para abordar posibles situaciones de emergencia.

Ángel Castro, alcalde santajuanino, detalla que una de las urgencias de su comuna tiene que ver con la reconstrucción de postas, una quemada en el último gran incendio y otra en agosto del año pasado: la posta rural de Torre Dorada, evento que dejó a 300 personas sin atención. "Hay temas de salud que requieren ser atendidos con recursos del Gobierno Regional o del Servicio de Salud Concepción, o en forma mixta. Hoy es muy complejo pensar que los adultos mayores se queden sin atención (...) También vemos complejo el tema invierno, porque en 2024 hubo puentes destruidos que hasta hoy no hemos recuperado, entonces el daño de puentes y caminos fue inmenso y faltan recursos para recuperar conectividad", señala, a la vez que indica que el municipio "no da abasto para cubrir tanta necesidad".

Para el alcalde hualpenino Miguel Rivera lo que queda por hacer es priorizar iniciativas este año, tal como solicitó la administración de Giacaman, y esperar lo que haya que esperar hasta que exista robustez financiera. Lo esencial en Hualpén es materializar la reposición de la Cuarta Comisaría de Carabineros, la situación de la basura y un par de parques urbanos que necesitan de un porcentaje más de fondos para sacarlos adelante.

"Este año, quizá, no podremos ir por los recursos del edificio consistorial, que significa $18.000 millones. Hay que tener criterio y nosotros estamos disponibles, ya que lo gestionado no sólo proviene del Gobierno Regional, entonces podemos tener alguna holgura en ese sentido", dice Rivera.

El panorama de las otras dos provincias

"Sin duda, es una situación que genera mucha preocupación", parte diciendo la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado. El foco lo pone en inversiones importantes ya aprobadas y con un gran impacto en el empleo hacia el corto plazo. Dentro de los planes que requieren asegurar financiamiento está la construcción y habilitación del edificio consistorial, una obra de edificación que representa una inversión de $10.000 millones, la compra de terrenos con fines habitacionales que permitirá la materialización de proyectos de vivienda para más de 700 familias, así como otros en materia de conectividad, seguridad pública, agua potable y saneamiento rural, salud y educación.

Según Tiznado, para avanzar primero hay que entender la situación que ha descrito el gobernador y empatizar con la necesidad de administrar los fondos a su disposición y a reorganizarlos en función de su plan de Gobierno Regional. "He instruido a los equipos técnicos, en primer lugar, priorizar la cartera de inversiones dando un mayor énfasis a aquellas que generarán un mayor impacto en la calidad de vida de los habitantes de Lebu. Junto a lo anterior, estamos buscando diversificar las fuentes de financiamiento para las distintas iniciativas, recurriendo a fondos sectoriales y otras fuentes públicas", resalta.

Desde Arauco 7 advierten que la estrechez financiera descrita por Giacaman "tiene un impacto en todo sentido en los municipios". Su presidente y alcalde de Cañete, Jorge Radonich, pone un primer ejemplo: en su comuna buscan $5.500 millones que faltan para poder construir el Liceo B-56, es decir, el proyecto cuesta $31 mil millones y hoy sólo tienen $25 mil millones asegurados.

La esperanza de la administración es apalancar fondos desde el Gobierno Regional para completar el monto total, pero dado el contexto de crisis existe el temor de que el plan, que debiese finiquitarse en 2027, se retrase un años más, por lo bajo. "Creo que aquí la Asociación Regional de Municipios y Arauco 7 tienen que hacer esfuerzos en conjunto para pedir al gobierno que nuestra región no sea limitada, porque estamos viviendo situaciones bien complejas, sobre todo el cono sur de nuestra provincia que tiene situaciones difíciles", subraya.

En la Provincia de Biobío hay comunas como San Rosendo que, pese al problema descrito, sí sienten que hay maneras de salir adelante. En primer lugar, se destaca la solicitud del gobernador a los municipios para que prioricen una cartera de proyectos, a fin de que la administración regional pueda analizar cómo podrían mantener el flujo de planes previamente aprobados, "y eso hace, sin duda, de que haya movilidad con los proyectos que ya estaban debidamente priorizados, postulados o con convenios firmados".

Rabindranath Acuña, primera autoridad de la ciudad y hasta hace algunas semanas presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, dice que como alcaldes se entiende este panorama en torno a planes previamente visados, "cuestión que también es buena, porque hay un círculo que hace que ahora no haya plata, pero sí hay un compromiso de financiar iniciativas que igual son relevantes y que venían de arrastre".

En el caso de San Rosendo, la priorización corresponde a planes asociados a la adquisición de maquinarias que permitan bajar contratos con empresas, la actualización del plan regulador o agua potable rural, todo bajo una suma de $1.300 millones.

El método del gobierno regional

Los dramas descritos por los alcaldes están siendo atendidos por el Gobierno Regional. Esta semana, por ejemplo, el equipo del gobernador mantuvo una reunión con alcaldes de Arauco 7 en donde se revisaron proyectos priorizados en detalle y lo programado para este año. Esta priorización busca abarcar los cuatro años, aunque el foco está en lo urgente de este 2025, de tal manera de financiar lo prioritario.

Juan Pablo González, jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, explica que por medio de este trabajo no es que se busque eliminar iniciativas, sino que repriorizar, ver cuándo es el mejor momento para ejecutarlas y analizar aquellas que por algún motivo no han visto la luz o que llevan muchos años sin ningún inicio, como planes de 2014 o 2015 que requieren ser replanteados.

"El proceso está en pleno desarrollo, porque hemos tenido distintas instancias de comunicación. La primera es informar esto a los municipios y hay alcaldes que han venido con un primera priorización, pero ahora estamos en la segunda y última fase, que es esta reunión técnica con sus equipos, de manera de entrar en el detalle y dejar cuadrados los números asociados a este presupuesto", cuenta González.

Dentro de los proyectos más afectados hay planes que comprometen un buen porcentaje del erario y que pueden abarcar, incluso, cerca de $20 mil millones. "Son proyectos que están aprobados por el Consejo Regional, con la intención o con convenios firmados, pero no han tenido los recursos reservados para poder ejecutarlos, entonces es una situación compleja que tenemos que administrar, ver cómo dar viabilidad para no eliminarlos y ejecutarlos aplazando sus inicios. Esa es la tarea más difícil", subraya.

Desde el Gobierno Regional se propuso también a los municipios buscar una forma de cofinanciamiento sectorial, dependiendo de la iniciativa, para no presionar recursos regionales.