El camino hacia la equidad de género en Chile ha sido largo y sinuoso. Desde la lucha por el derecho al voto, hasta la incorporación al mercado laboral y la adopción de leyes de igualdad salarial, cada avance ha requerido años de movilización y resistencia. Este nuevo 8M nos plantea desafíos que demandan un cambio cultural profundo.

La brecha salarial sigue siendo una de las heridas más visibles en términos de desigualdad de género. Las chilenas continúan percibiendo aproximadamente un 20% menos que sus colegas hombres por trabajos equivalentes. Esta disparidad no solo refleja discriminación directa, sino también la subvaloración sistemática de sectores laborales tradicionalmente feminizados, como el de la educación primaria, salud y cuidados a terceros y trabajo doméstico.

El techo de cristal, laberinto de cristal, suelo pegajoso, o como lo quieran caracterizar permanece como una barrera invisible pero contundente. Una muestra: en los directorios de las grandes empresas chilenas, la presencia femenina apenas supera el 10%, muy por debajo del promedio de la OCDE, que evidencia un 33% de participación femenina en Europa y un 32% en Estados Unidos y Canadá.

Esta brecha muestra que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a espacios de toma de decisiones, debido principalmente a que el trabajo doméstico y de cuidados recae mayoritariamente en hombros femeninos. Las chilenas dedican, en promedio, 5.9 horas diarias a labores no remuneradas, casi el triple que los hombres. Esa "doble jornada" limita sus oportunidades profesionales y perpetúa ciclos de dependencia económica.

Dicha falta de equidad tiene consecuencias demográficas y económicas alarmantes. Chile presenta una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina, fenómeno directamente vinculado a la incompatibilidad entre maternidad y desarrollo profesional. Las mujeres están postergando o descartando la maternidad ante la imposibilidad de conciliar cuidados y trabajo en un mercado laboral inflexible. Según datos del INE, para que se produzca un recambio poblacional se requiere alcanzar una tasa de fecundidad de 2,1 hijos por madre, hoy solo es de 1,17 y en una década, los nacimientos han disminuido de 14 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2014 a 9 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2024.

Por otra parte, la desigualdad impulsa la proliferación del mercado informal, donde cerca de 1,2 millones de trabajadoras se desempeña sin protección social ni derechos laborales. Este círculo vicioso perpetúa la precariedad, ya que la informalidad reduce los ingresos vitalicios y las futuras pensiones, profundizando la feminización de la pobreza en la vejez.

Este 2025 nos exige transitar desde la igualdad formal hacia la sustantiva. Necesitamos que el Estado desarrolle políticas públicas que reconozcan la diversidad de experiencias femeninas, sistemas de cuidado corresponsables, educación no sexista desde la primera infancia, y mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las leyes ya existentes, porque la equidad de género no es "un tema de mujeres", sino un imperativo democrático y de desarrollo.

Cultivar la tierra para proveer alimento y medicina es un oficio que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Gracias a la paciente observación y cuidado de especies silvestres, a lo largo de los siglos y en todo el planeta, las comunidades agrícolas han propiciado la propagación de la vida, manifestada en una infinita diversidad natural y una amplia variedad de sistemas de manejo, sostenidos bajo principios virtuosos de mutua crianza, antes que de dominación.

Sin embargo, y en no más de dos centurias, esta maravillosa biodiversidad se ha visto reducida de manera drástica, a partir de un modelo alimentario global que ha querido borrar y destruir de raíz las experiencias locales y territorializadas en torno a la tierra y el alimento, bajo el designio de la Revolución Verde. Sin ir más lejos, sabemos que actualmente la agricultura industrial posee el 80% de las tierras cultivables del planeta, pese a que sólo genera el 30% del alimento que consume la humanidad, siendo hoy la principal causa de pérdida de variedades genéticas vegetales y animales contemporáneas, y una de las fuerzas modificadoras de la biósfera con mayores proyecciones de devastación. Monocultivos, agrotóxicos, transgenia, desperdicios, concentración de la tierra y privatización del agua, son algunas de las agresivas dinámicas que de allí derivan, bajo el alero de verdaderos imperios económicos y políticos mundiales con anhelos expansionistas, de orden y control geopolítico.

Como contrapunto, sabemos también que el 90% de las tierras con mayor biodiversidad en el mundo continúa estando en manos de familias campesinas y pueblos indígenas, disponiendo de ricas reservas de alimentos y semillas, nutriendo así el abanico de posibilidades alimentarias para hoy y el futuro, todo ello bajo lógicas de respeto y cuidado mutuo. A través de la recolección y la crianza de animales y de especies vegetales en huertas, chacras, predios familiares, e incluso en bosques, los/as pequeños/as agricultores cultivan alimentos saludables con sistemas productivos limpios y a pequeña escala, aportando a una variedad alimentaria y biocultural que nos encamina hacia la restauración, trayendo esperanzas para nuestra reconexión como humanidad con la diversidad ecosistémica y los ciclos naturales.

En este escenario, resulta urgente decidir en manos de quiénes queremos dejar nuestra alimentación. Multiplicar las huertas agroecológicas, crear y sostener redes de producción y consumo que favorezcan intercambios justos y sanos, y reivindicar el papel de guardianes, cultores y maestras/os de las Artes de la Naturaleza, son algunas de las acciones que, sin duda, forjan un camino hacia la transformación y la resiliencia, reivindicando con ello el saber y las experiencias milenarias de las AgroCulturas.

Más del 50% de las solicitudes de regularización que recibe el Ministerio de Bienes Nacionales son realizadas y gestionadas por mujeres; hecho que resulta ser bastante paradójico, porque la mayoría de las veces, ellas no suelen ser las propietarias titulares, generando un lazo de dependencia con un tercero, que, por lo general, suele ser un hombre.

Para poder revertir esta situación, es fundamental poder incentivar la regularización de la pequeña propiedad raíz por parte de las mujeres. Esto, considerando que, la legislación chilena vigente, las protege y beneficia al tramitar su título de dominio en el Ministerio de Bienes Nacionales.

Y no sólo eso, sino que -al contar con el título de dominio a su nombre- ellas logran robustecer su patrimonio, aportando al desarrollo de su autonomía económica y, por ende, reducir los altos índices de violencia financiaria; una de las grandes metas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font.

Por lo mismo, en su primera Cuenta Pública -en el año 2022- el Presidente Boric anunció una alianza de trabajo entre los Ministerio de Bienes Nacionales y de la Mujer y Equidad de Género para regularizar, de manera gratuita, en un programa piloto y pionero en el país, la pequeña propiedad raíz de 500 mujeres de la Región del Biobío.

Y, dado el éxito de esta iniciativa, se lograron diversificar los fondos para poder replicarla en dos regiones más durante el 2024: Valparaíso y Araucanía, siendo cada vez mayor el número de mujeres propietarias que, con su documento regularizado en mano, pueden acceder a otros beneficios tales como subsidios de vivienda y de mejoramiento habitacional.

Pero el objetivo principal de fomentar la regularización femenina en el Ministerio de Bienes Nacionales, va mucho más allá de sólo ser la puerta de acceso a ayudas estatales. Busca darles real independencia económica y demostrar con hechos que el Gobierno de Chile trabaja en el resguardo de los derechos de la mujer.

En paralelo, también queremos resaltar el poco conocido artículo 37° del D.L. 2.695 de 1979 que fija Normas para Regularizar la Posesión de la Pequeña Propiedad Raíz bajo el que se rige el Ministerio de Bienes Nacionales. Éste, estipula que "la mujer casada se considerará separada de bienes. En consecuencia, una vez inscrito el inmueble a nombre de la mujer y transcurridos 2 años, ésta podrá disponer de la propiedad sin necesidad de contar con autorización del marido".

Interesante, porque esto se traduce en que la propiedad regularizada a través del Ministerio de Bienes Nacionales, pasa a ser parte del patrimonio propio e individual de la mujer, dejando al inmueble fuera de la sociedad conyugal, por lo que ella puede disponer de su propiedad raíz sin depender de un tercero. Es decir, ella puede vender o arrendar sin requerir de la autorización, permiso o firma de su marido.

Es un artículo potente. Una punta de lanza para el resguardo de los derechos de la mujer y, pese a ello, muy poco conocido, incluso, entre la abogacía nacional. Por eso, en esta fecha tan especial, parece imperativo presentarlo y darlo a conocer.