A diciembre de 2024, Chile contaba con 3.397.314 personas pensionadas, cuyo monto promedio de la pensión recibida era de $365.730. Sin embargo, al analizar el origen de estos montos, queda en evidencia la fragilidad del sistema de pensiones: solo $205.082 de este monto provenía de las AFP, mientras que el resto ($160.648) correspondía a aportes del Estado a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Pilar Solidario. Es decir, el 56% de la pensión promedio provenía del sistema de AFP, mientras que el 44% restante era financiado por todos los chilenos mediante políticas públicas.

La situación se vuelve aún más preocupante cuando observamos la brecha de género en las pensiones. En diciembre de 2024, había 2.069.014 mujeres pensionadas, en comparación con 1.328.038 hombres. No obstante, el monto promedio de la pensión de los hombres era de $446.670, mientras que el de las mujeres apenas alcanzaba los $313.800. En términos relativos, las mujeres reciben, en promedio, un 30% menos que los hombres.

Si desglosamos la situación, la brecha es aún mayor en la pensión autofinanciada: los hombres reciben $275.295 en promedio, mientras que las mujeres solo $160.018. Esto significa que las AFP aportan un 42% menos a la jubilación de las mujeres en comparación con los hombres. El Estado, aunque también refleja desigualdades, reduce esta brecha: el aporte estatal a la pensión de las mujeres es de $153.782, mientras que el de los hombres es de $171.376, marcando una diferencia de un 10%.

El sistema actual de pensiones no ha dado los frutos esperados y, sin el respaldo del Estado, la situación sería catastrófica. Sin la PGU y el Pilar Solidario, el promedio de la pensión en Chile sería de apenas $205.082. Para las mujeres, este monto sería aún menor: $160.018, mientras que los hombres recibirían $275.295. El promedio final de pensión para ellos alcanza los $446.670 gracias a las políticas públicas. Esto demuestra que el Estado es clave para mejorar las pensiones, especialmente para las mujeres, quienes se ven más afectadas por las desigualdades estructurales del sistema.

La reforma de pensiones aprobada recientemente por el Congreso es un paso fundamental para corregir estas injusticias. En primer lugar, fortalece la pensión autofinanciada al aumentar el porcentaje de cotización, incorporando un aporte obligatorio de los empleadores, quienes hasta ahora estaban ausentes en la financiación del sistema previsional. De esta manera, no solo se fortalece el ahorro previsional de cada trabajador y trabajadora, sino que también se corrige una injusticia histórica en la que los empleadores no contribuían directamente a las pensiones de sus trabajadores.

Recientemente, la OCDE destacó en su informe "Education at a Glance 2024" el impacto de los programas de postgrado en el mercado laboral. Así, la investigación señala que la continuación de estudios luego de una licenciatura mejora significativamente las oportunidades de empleo, ingresos y estabilidad laboral en la mayoría de los países. Lo anterior, plantea desafíos para las universidades en cuanto a la formación para profesionales y programas de aprendizaje a lo largo de la vida, con el fin de garantizar que las personas adquieran habilidades adaptadas a contextos en constante cambio.

A pesar de que en América Latina un porcentaje relativamente pequeño de la población accede a estudios de postgrado, en nuestro país se observa un incremento de un 14,5% en la matrícula total de magíster y doctorados entre 2020 y 2024, de acuerdo con el Informe de Matrícula en Educación Superior en Chile de la Subsecretaría de Educación Superior. En este contexto, las universidades debemos responder adecuadamente a los desafíos actuales del mercado laboral nacional y global a través una mayor vinculación con los sectores productivos, lo que debe plasmarse en programas de postgrado alineados con las necesidades del entorno y con una mayor inversión en I+D.

Muchos coinciden que los países que invierten en educación de postgrado y fomentan la investigación cuentan con mayores avances en innovación y competitividad económica. En este sentido, la colaboración y el logro de objetivos compartidos entre actores públicos, privados, nacionales y extranjeros es fundamental. En esta tarea, es esencial que los programas de postgrado desarrollen estrategias colaborativas internas y externas, promoviendo un enfoque integrador mediante la interdisciplina y transdisciplina y la internacionalización.

Finalmente, las universidades deben contar con una propuesta formativa de postgrado que asegure la pertinencia, sostenibilidad y aseguramiento de la calidad, promoviendo una vinculación activa con el medio y la articulación entre los distintos niveles formativos. Lo anterior, a través de políticas que se adapten a las tendencias observadas acerca del desarrollo de programas en modalidades semipresenciales y no presenciales, con un fuerte compromiso en la generación de conocimiento, innovaciones, producciones académicas y soluciones a las necesidades concretas del país.

La cifra de crecimiento económico de un 6,6% para diciembre es una muy buena noticia que debiera permitirnos mirar el futuro con cierto optimismo, aunque con cautela.

En efecto, el anuncio de que el déficit fiscal alcanzado durante el 2024 fue de un punto más que el pronosticado genera dudas acerca de la capacidad de la economía de soportar un crecimiento mayor ya que el gobierno deberá ajustar el gasto. Podría recurrir a un mayor endeudamiento pero, al parecer, esto sería políticamente inconveniente y económicamente imprudente.

Para ajustar el gasto, que preserve el compromiso de responsabilidad fiscal, es necesario tener en consideración otro principio de buena administración de los recursos públicos: gasto permanente debe financiarse con ingresos permanentes. De ser así, ante caídas circunstanciales en el ingreso público la reacción automática es ajustar a través de una reducción de los gastos no permanentes, o sea en la inversión.

Tal como lo ha manifestado el BID en numerosas ocasiones, siempre que hay problemas fiscales, que redundan en menor recaudación para el gobierno, "la inversión en infraestructura se reduce mucho más que otros gastos". Esta ha sido la tónica durante los últimos dos años al menos: el presupuesto del MOP, principal agente inversor del Estado se ha reducido en forma significativa respecto a lo considerado en la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso.

En las circunstancias por las que atraviesa Chile, sería una mala señal que el ajuste de las cuentas fiscales se diera, una vez más, a través de la validación de esta forma de proceder. Por el contrario, pensamos que el gobierno debiera dar una muestra, no sólo de austeridad sino también de compromiso con el crecimiento y eso pasa por sostener el gasto en inversión.

En este sentido, es a través de la inversión pública en infraestructura que el gobierno debiera expresar su compromiso con incentivar una tasa de crecimiento mayor a la que nos hemos ido acostumbrando con el tiempo.

Creemos que es este el momento para proponer una "regla fiscal de inversión pública" que asegure una inversión mínima anual de parte del gobierno, proyectada a 10 años y revisable cada dos, para asegurar que ante caída en los ingresos públicos el ajuste se materializará a través de mecanismos diferentes al de reducir la inversión.

Es bueno señalar que, de acuerdo con la información generada por el CPI, la inversión pública efectiva -diferente a la inversión pública señalada por la DIPRES y sin incluir la inversión materializada a través del sistema de concesiones- alcanzó aproximadamente a un 2,1% del PIB en promedio durante los últimos 10 años. Sugerimos aumentar ese porcentaje a un 2,5% del PIB de modo de expresar la vocación del gobierno de sostener nuestro crecimiento en el largo plazo.

Señales como estas pueden transformar el riesgo que se vislumbra para el crecimiento, a partir de la situación fiscal, en una expresión de compromiso que cambie el estado de ánimo en forma definitiva.