El anunciado déficit presupuestario del Gobierno Regional
Fue a principios de diciembre del año pasado que la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) sostuvo un encuentro con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar los retrasos en la transferencia de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) a los Gobiernos Regionales y, posteriormente, los integrantes de la entidad se reunieron también con los representantes de la Subsecretaría de Hacienda y Dipres, donde se exigió la determinación del gobierno central para resolver las demandas antes de cerrar el año presupuestario.
Incluso, tras las dos instancias, el gobernador de la Región de Valparaíso y expresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Rodrigo Mundaca, aseguró que "los errores en los cálculos y proyecciones financieras del Gobierno y específicamente de la Dirección de Presupuestos, no pueden afectar la inversión, no pueden afectar el empleo y no pueden afectar a todos quienes habitamos la región". Afirmó también que se había exigido a la Dipres reponer los fondos necesarios para que los Gobiernos Regionales pudieran responder a las obligaciones contraídas con organizaciones sociales y empresas que desarrollan obras en las distintas regiones.
La situación de la Región del Biobío era la misma, con un déficit que el Gobierno Regional liderado por Rodrigo Díaz cifraba en $35 mil millones, por concepto de Presupuesto 2024 entre agosto y diciembre, con el detalle de proyectos afectados. Entre los que figuraba el pago del traslado de basura de municipios como Hualpén, Talcahuano, Lota y Florida, atrasos en la realización del Campeonato Mundial de Rally a desarrollarse en la Región este año e incluso el festival REC, ya que la Corporación Teatro Regional del Biobío informó que faltan $500 millones que el Gore debía entregar en agosto.
Entre los dineros adeudados se contaba también lo que correspondía a pagos a empresas constructoras y el propio Díaz calificó la situación de gravísima, advirtiendo que "hay gente que no puede cobrar sus sueldos después de hacer su obra y eso significa que hay empresas contratistas que pueden quebrar". Por esos mismos días se dieron plazos máximos a la Dipres de forma simbólica y durante diciembre desde el Gobierno central se realizaron los primeros cuatro traspasos que alcanzaron alrededor de $19 mil millones, monto que se destinó a pagar una serie de compromisos pendientes con proveedores y entidades que ejecutaron obras y programas.
El lunes pasado, el gobernador Sergio Giacaman presentó las conclusiones de un diagnóstico preliminar del Gobierno Regional efectuado por los nuevos jefes de división, que apuntaba a entregar un análisis sobre el estado en que se recibió el Gobierno Regional y evidenciar una serie de desafíos, entre ellos los financieros. Dentro de los puntos más relevantes se detalló la ejecución presupuestaria, que se cifró en 89,5% en 2024 y que dejó $11.171 millones sin utilizar.
A eso se suman obligaciones financieras inmediatas por $24.401 millones, que se explicó son necesarios para cubrir compromisos arrastrados a enero y febrero de 2025, que incluyen subvenciones, proyectos de infraestructura y $15.200 millones destinados al pago de facturas impagas que afectan directamente a empresas y proveedores. Se precisó también que, con esta situación, el presupuesto real disponible se reduce de $130.000 millones a $105.672 millones, que debe cubrir las demandas operativas y nuevos proyectos para el resto de este año
Frente a este escenario, el gobernador Giacaman aseguró que era una situación crítica y se comprometió a priorizar acciones para atender las demandas más urgentes, entre ellas garantizar el pago a proveedores para evitar quiebras y proteger empleos, revisar los proyectos de organizaciones sociales que no fueron analizados en el proceso anterior, contratar una auditoría externa para reforzar la transparencia y eficiencia en la gestión.
Tras el análisis de las nuevas autoridades del Gobierno Regional es importante preguntarse hasta qué punto el retraso en los traspasos de recursos y su efecto en las obligaciones contraídas era una situación que podía resultar sorpresiva, sobre todo considerando que hubo reuniones previas entre la administración saliente y la entrante, además de alta cobertura de los medios de comunicación sobre el déficit que se vivía, incluida esta casa editorial.
En el corto plazo, lo relevante será ahora conocer qué nuevas gestiones y prioridades se concretarán para avanzar en el complejo momento financiero del Gobierno Regional y, sobre todo, de todas aquellas empresas que esperan el justo pago por las labores realizadas. Esto, sin contar que cada administración tiene el derecho a definir prioridades y objetivos a cumplir que requieren recursos para avanzar, especialmente aquellos que son esperados por la ciudadanía.
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