Por Agencias / Redacción

El Gobierno anunció que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya si se confirma la participación del número dos del chavismo y brazo derecho de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en el asesinato hace casi un año del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue secuestrado, torturado y enterrado bajo cemento en una toma de Maipú, aseguró ayer la ministra de Interior, Carolina Tohá.

"Son antecedentes preliminares, porque la investigación está todavía en curso, pero los tomamos con toda su gravedad porque son relevantes y reiterados. Si la investigación los confirma, el Estado de Chile no lo dejará pasar", dijo la jefa del gabinete.

"Habrá muchas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que recurriremos al Tribunal Penal Internacional", afirmó la ministra refiriéndose a la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos.

Poco antes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que uno de los testigos del crimen señala que "el encargo y el pago (de la operación para asesinar a Ojeda) habría venido de Diosdado Cabello", actual ministro de Interior venezolano.

Las declaraciones de Valencia apoyan así la tesis que el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, ha mantenido desde las primeras etapas de la indagatoria y que vincula al régimen de Nicolás Maduro y a la organización criminal Tren de Aragua con el asesinato de Ojeda en febrero pasado.

Disidente del Gobierno chavista y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en la periferia, sepultados bajo una lápida hechiza de cemento.

"El Estado de Chile ha mostrado cuán seriamente se toma estos temas y la persistencia con que trabajamos para que funcione la justicia y no exista impunidad, incluso cuando hay tantos obstáculos como ha habido en este caso", concluyó Tohá.

Las pruebas

La Fiscalía informó el miércoles de la detención de hombres perteneciente al grupo 'Los Piratas', una facción del Tren de Aragua "directamente relacionada" con el homicidio de Ojeda.

El Tren de Aragua, nacido en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y nuestro país, y en todos se le acusa de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Según indicó Valencia en T13 Radio, "el fiscal Barros confirmó hay tres personas que declaran en la investigación que asignaron el encargo a autoridades del gobierno venezolano (...) Al menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello (...)Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo (…) con motivaciones políticas".

El jefe de la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), subprefecto Hassel Barrientos, dijo a Radio Universo que "hay información levantada que está en la carpeta investigativa y que da luces" de que Cabello fue quien ordenó el crimen a través "de la línea de mando (...), en este caso del líder máximo del Tren de Aragua, el Niño Guerrero (Héctor Rusthenford), y él es el que de una u otra forma baja las instrucciones o las órdenes o las aprobaciones para realizar estos secuestros con homicidio u homicidios en nuestro país".

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue reformalizado ayer por el Caso Farmacias Populares (Achifarp): el juzgado desestimó el ilícito de administración desleal, pero se añadieron cargos por delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal, motivos por los que continuará bajo arresto domiciliario.

Diez cargos enfrenta el exjefe comunal, por los que arriesga hasta 15 años de cárcel. "Lo que se hizo fue un cambio en la calificación jurídica. En ese contexto, la administración desleal desaparece y nos quedamos con fraude al fisco reiterado", explicó el fiscal Marcelo Cabrera.

Además, fueron reformalizados otros siete imputados, entre cuyos relatos se escuchó el del abogado querellante de Achifarp, Cristián Espejo, quien dijo que el exabogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, "le habría ofrecido $100 millones (al exhombre de confianza del exalcalde, Matías Muñoz) para que se inculpara de todo". Muñoz está en prisión preventiva por reiterado fraude al fisco, cohecho, delito concursal, reiterada malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Ayer desde la sede del Congreso de Santiago, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dio su primer discurso en la carrera por La Moneda. El discurso del fundador del Partido Republicano que postula por tercera vez en unas elecciones presidenciales, estuvo marcado por sus promesas de campaña que incluyen seguridad y refuerzo en el combate de la delincuencia.

"Hoy me presento ante ustedes con la claridad de que Chile vive tiempos difíciles, tiempos en que la libertad, el orden y nuestro futuro están gravemente amenazados. Como republicanos nos preocupa este diagnóstico y nos ocupa seriamente buscar y encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan como país", mencionó Kast.

En esa línea, el candidato señaló que "hoy más que nunca, Chile necesita un cambio radical. Necesitamos aplicar ahora una verdadera política de shock que corte de raíz los males que nos aquejan y que nos permita proyectarnos un futuro alentador".

Según lo expresado por el candidato, su campaña tendrá como pilares la el orden, la disciplina y la responsabilidad "con el fin de recuperar nuestro bien más preciado, la libertad. La libertad que nos va a permitir la prosperidad. Lejos lo más importante hoy día para nosotros es recuperar la libertad (...) y me inspiro en aquellos líderes que supieron recuperar sus naciones de crisis muy profundas, aplicando remedios y medidas drásticas que eran en ese momento necesarias".

"Fueron tachados de duros, incluso de extremos, pero salvaron a sus países de un colapso mayor. Y en esto vamos a tener que ser duros para recuperar nuestra nación", mencionó Kast.

Uno de los anuncios en materia de seguridad fue un plan "para recuperar la seguridad en todo nuestro territorio y en todas las dimensiones posibles, para que Chile vuelva a ser el país más seguro de Latinoamérica".

En cuanto a materia económica, Kast aseguró que su programa contempla una "disciplina fiscal rigurosa".

Además, aseguró que el gasto fiscal seguirá el ejemplo trasandino del gobierno liderado por Javier Milei y que van a "ser igual de drásticos con el gasto político, porque no hacen gasto social. Vamos a priorizar el equilibrio de las cuentas públicas con una reducción agresiva de la burocracia".