Por Francisca Pacheco Pérez

Desde el 2020, el Sistema Humedal Rocuant-Andalién, Vasco Da Gama-Chimalfe y Paicaví-Tucapel Bajo, que abarcan las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano y Penco, estuvo bajo el alero de un proyecto impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y que tuvo como fin impulsar la conservación, restauración y gestión sostenible de estos ecosistemas.

Este se implementó en cinco regiones de la zona centro sur del país -entre ellas Biobío- y finalmente ayer realizó su ceremonia de cierre, aunque garantizando la continuidad de los procesos de conservación y resguardo, principalmente a través de un compromiso intercomunal entre los cuatro municipios involucrados.

Más allá de dicha gobernanza, en este periodo se concretaron diversas acciones colaborativas que establecieron una serie de directrices, destacándose el diseño de un plan maestro y un estudio de delimitación del territorio, el cual permitió identificar sus áreas críticas e impulsar procedimientos de declaración.

La iniciativa "es financiada por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (Global Enviromental Fund o GEF), que contribuye a los gobiernos para fortalecer sus capacidades y políticas. Se empieza a gestar tres años antes de que su inicio -es decir, parte alrededor del 2016- y va en alero con la discusión de la Ley de Humedales Urbanos -Ley 21.202-. Entonces, van trabajando casi en paralelo y nacen juntos a inicios de 2020", precisó su coordinador nacional, Juan Anjari.

Principales hitos

Este sistema de humedales posee un alto valor ecológico y además es parte fundamental de la ruta de aves migratorias. Esto, sumado a los factores de degradación, como la amenaza ante construcciones inmobiliarias y el cambio de uso de suelo, fueron factores clave para su selección..

Entre los instrumentos diseñados para promover el cuidado y conservación de estos territorios destaca un estudio de delimitación, "que ha permitido generar los argumentos para su declaración. Hoy hay dos declarados, uno aún están en proceso, porque hubo reclamación y está en defensa ante el Tribunal Ambiental, y el otro está en curso", contó.

Además, se desarrolló un Plan Maestro de Ordenamiento Territorial y Diseño Urbano, "que es un sistema de infraestructura ecológica que se propone desarrollar, para que los humedales generen una estructura de protección frente a desastres socionaturales, así como las rutas verde urbanas, que están dentro del acuerdo internacional", explicó.

También se han articulado guías de ordenanza municipal y planes de gestión integral. "En la región y las otras fueron elaborados en un marco de gobernanza participativo, de múltiples actores. Y se genera un comité local, constituido por alrededor de 40 miembros; están los municipios, y ellos empiezan a participar con sus departamentos de ambiente y desarrollo", detalló.

Loreto Álvarez, coordinadora local, destacó además la conformación del Comité Regional de Humedales, "que también va a recoger la experiencia del GEF de humedales, donde el comité técnico local va a hacer una subcomisión entregando también su experiencia, antecedentes técnicos, elaborado justamente para que haya una sostenibilidad en los resultados del proyecto".

Labor permanente

El trabajo continúa a través de la alianza intercomunal entre las Municipalidades de Penco, Concepción, Talcahuano y Hualpén, así como mediante el apoyo del Gobierno Regional.

La idea es avanzar en la implementación de los instrumentos acordados, entre ellos el Plan de Gestión Territorial Integral, para mitigar los factores de degradación; y el Plan Maestro. "Creo que esos son los dos marcos principales del Gobierno para la protección de los humedales, que integra el compromiso de los municipios, de la Seremi de Medio Ambiente, y otros sectores", agregó.

Cabe destacar que entre los actores fundamentales se destacan las comunidades de sectores aledaños, pues incluso algunas velan por la protección de estos espacios desde antes de la implementación del proyecto, contó. "Tener líderes comunitarios permite tener contrapartes institucionales para dialogar y desarrollar labores conjuntas. Aquí se ha visto eso de forma potente; la sociedad civil tiene un nicho, una voz y una posición, y eso es clave. Ellos van a seguir trabajando por la sostenibilidad y tienen un mensaje directo para las autoridades para continuar este trabajo", dijo.

En miras hacia las labores futuras, la coordinadora regional del proyecto precisó que "uno de los desafíos es involucrar más al sector privado".

Esta red proporciona servicios ecosistémicos como la mitigación de inundaciones y conservación de especies endémicas y recursos naturales, por ejemplo.

El coordinador nacional del proyecto expresó que "los humedales funcionan desde la cuenca; son cualquier agua superficial que se extiende tanto del mar como en la tierra; puede ser un río, una laguna, un estuario. Ellos se comunican, por ende cualquier acción que se haga en su estructura de delimitación va a afectar tanto en la vegetación como en la biodiversidad que ahí habita".

Alrededor de $14 millones fueron asignados a 22 organizaciones sociales de ocho comunas de la Provincia de Concepción: Chiguayante, Hualpén, Coronel, Lota, Santa Juana, Hualqui, Talcahuano y Tomé. Esto, en el marco del Fondo Social Presidente de la República, que financia proyectos de organizaciones públicas o privadas que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de la comunidad.

La instancia contó con la participación del delegado Eduardo Pacheco, los alcaldes de los municipios y dirigentes de las organizaciones sociales.

Dicho fondo "permite que todas esas organizaciones, que durante todo el año están desarrollando una tremenda tarea en materia social y de vinculación con institucionalidad, puedan llevar adelante sus proyectos. Por ejemplo, en materia deportiva, tenemos al Club Naval, pero también a otros clubes deportivos de distintos sectores; también clubes de adultos mayores, talleres laborales, que son muy relevantes a la hora de esa acción social permanente en los distintos territorios", expresó el delegado.

Rosa Parra, secretaria de la Unión Comunal de Talleres Laborales de Hualqui, manifestó que "fue un gusto haber recibido este recurso, nuestra organización tiene mucho trabajo en la comuna. Ayudamos mucho con este dinero, tenemos visitas a hogares de ancianos, que generalmente están solos; personas que viven alrededor, y generalmente se ayuda a las socias de la organización".

Luis González, presidente del Club Social Naval de Talcahuano, también valoró la entrega de estos recursos, pues servirá para la implementación deportiva. "Somos una institución deportiva histórica, este es un primer proyecto que logramos obtener así que vamos a seguir participando en este tipo de fondos que nos ayudan mucho". Agregó que "la semana pasada tuvimos un evento con la gente que no tiene hogar en Talcahuano, nos reunimos con cerca de 40 personas, fuimos con algunos regalos, y este proyecto también sirve para ese tipo de actividades".

Su rechazo a ser responsabilizados por las decisiones tomadas por las autoridades de turno en la asignación de recursos plantearon, a través de una declaración pública, los integrantes de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional del Biobío.

El organismo se refirió a los procesos administrativos y judiciales en curso y que se relacionan con integrantes del Gore, asegurando que "el accionar de los funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional del Biobío, ha sido honesto, profesional, regido por parámetros técnicos y apegado de manera permanente a las normas y procedimientos que rigen a la administración pública".

Recordaron que es primera vez que el Gobierno Regional está involucrado en situaciones de este tipo y que los programas que fueron que han sido cuestionados, "fueron aprobados por las autoridades de turno, quienes son los únicos que tienen la potestad legal para decidir qué iniciativa financiar y qué política pública regional impactar a través de ésta". Precisaron que los procesos fueron revisados y aprobados por Subdere, Dipres y la Contraloría General de la República.

Por ello, agregaron que "un programa o proyecto puede estar eventualmente bien formulado y cumplir con los criterios de la evaluación técnica, pero quiénes toman la decisión respecto de a que institución se beneficia, recae única y exclusivamente en la autoridad y jefaturas de turno".

La asociación manifestó su compromiso y disposición para colaborar en las instancias investigativas y que "denunciamos la intención clara de buscar responsabilidades donde no las hay". Por último, sostuvieron que "estamos cansados y agobiados frente al acoso, maltrato y basureo del cual hemos sido víctimas, frente a lo cual no descartamos tomar las acciones legales correspondientes".