Por Redacción

La diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, quien renunció al FA en noviembre, calificó ayer de "imprudentes" una serie de conversaciones en WhatsApp extraídas por la PDI desde su celular, las que dan cuenta de que sí sabía -al contrario de declaraciones anteriores -qué pasaba en Democracia Viva (DV), fundación liderada por su entonces pareja, Daniel Andrade (exRD), que recibió más de $426 millones desde la seremi de Vivienda, a cargo del antes jefe de gabinete de la legisladora, Carlos Contreras (exRD), por convenios que no se ejecutaron. Los chats son parte de la investigación de la Fiscalía para solicitar el desafuero de la diputada, audiencia fijada para el 10 de febrero.

El Caso Convenios salió a la luz el 16 de junio de 2023, cuando el medio TimeLine publicó el incumplimiento de políticas públicas por parte de DV, pese a la millonaria transferencia recibida desde Vivienda, junto a los vínculos de la diputada.

Cuatro días más tarde, según los chats dados a conocer por Canal 13, la legisladora escribió a su expareja que la prensa estaba "apretando por el domicilio de la Ceci (Millán, dueña del departamento de Ñuñoa usado como fachada para crear la fundación). Fueron a grabar afuera y todo. ¿Has hablado con ella? Creo que deberían, si es que no han ido a grabar, ponerle un logotipo de DV en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa".

Pérez continuó: "Para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, si no solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten. (...) Es más importante ir al centro a sacar los stickers, llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo, esas cosas. Es obvia la nota (televisiva) que con la cámara prendida donde van y dicen 'miren aquí supuestamente trabaja la fundación y 'A ver, vamos a golpear… ¡Hola! ¿Aquí funciona Democracia Viva?' Sale una persona y dice 'nooo jamás lo he escuchado', y cagamos".

Antes, en julio del 2022, Andrade contó a Pérez que "estoy con pena", frente a lo que ella preguntó si era por DV, porque "tienes pega nueva, proyectos nuevos. Nosotros estamos bien". El representante legal de la fundación dijo que "todavía no tengo pega nueva. Democracia Viva avanza y a la vez no".

La diputada aconsejó a su entonces pareja "pero acepta todo", y él respondió "¿crees que es mejor el MOP (Ministerio de Obras Públicas)? Siento que el MOP me da más tiempo". Pérez le indicó que "podrías hacer una asesoría y estar en el MOP".

Andrade luego pide a su expareja "¿puedes escribirle a Carolina Tohá (la ministra del Interior que asumió dos meses más tarde, luego de desempeñarse en el mundo académico)? Me confirmó el otro día".

Para "apoyar" a andrade

Pérez expresó ayer su "preocupación" por las filtraciones, "que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la Fiscalía me acusa", por lo cual reiteró que "nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios".

"Se han filtrado mensajes impudentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo, muy previos a la firma de los convenios. Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios, una vez que esto ya era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentar lo que era en ese entonces para mí una crisis comunicacional. Me equivoqué. Pero nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco", dijo la diputada.

El abogado de Pérez, Gonzalo Medina, señaló que las conversaciones "dan cuenta del interés normal y legítimo de ayudar a su pareja de entonces en un procedimiento para postular a un trabajo, cuestión que además ni siquiera se concretó. En otra ocasión la diputada le compartió a su entonces pareja el contacto de Carolina Tohá antes de que ella fuera ministra".

"¿Cuál es el hecho reprochable? ¿Cuál es el hecho ilícito? No hay ahí ninguno. Los mensajes ni siquiera corresponden al periodo de tiempo de la firma de los convenios". "Reiteramos lo que hemos dicho desde el comienzo de esta investigación: La diputada Catalina Pérez jamás intervino en la firma y celebración de ningún convenio y no ha recibido ni un peso ni se ha beneficiado de modo alguno de los recursos generados por ella".

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que "la posición que ha tenido el Ejecutivo desde el principio de la investigación de este caso, es toda la información y hacer la responsabilidad efectiva para todos quienes potencialmente hubiesen cometido delitos"

"Los hechos son de la suficiente gravedad, lo clave es que el Ministerio Público ha ido avanzando", subrayó.

En los chats de Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, "se recoge información respecto a que la legisladora interrumpió un embarazo", publicó La Tercera. La diputada respondió que "como no existen evidencias para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme". La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo que "no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema", por lo cual "hemos comprometido el ingreso de un proyecto de legalización del aborto".

El caso Democracia Viva, punto de partida del Caso Convenios, donde fundaciones recibieron millonarias transferencias desde el Estado para proyectos que no concretaron ni tenían los requisitos, se destapó el 16 de junio de 2023. Al día siguiente, el líder de la organización contactó al jefe de asesores de la Presidencia.

La diputada oficialista Catalina Pérez envió por WhatsApp el 17 de junio a su expareja y representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, el teléfono del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, según publicó ayer La Tercera al conocerse filtraciones de la carpeta de investigación.

El informe del vaciado del teléfono de Pérez, realizado por la PDI, también consigna que se adjuntó un documento en la conversación, del cual se desconoce su contenido, ya que ella borró información del móvil.

La defensa de Crispi confirmó ayer que "efectivamente (con Pérez) sostuvieron una conversación el 14 de junio", dos días antes de la publicación del caso, "cuando se encontraron en Cerro Castillo, en el marco de una reunión del oficialismo", es decir, el cónclave liderado por el Presidente para hablar sobre las reformas tributaria y previsional.

Al cierre de esta edición, la diputada oficialista Camila Musante (Ind.), criticó a Catalina Pérez y dijo que "nuevamente el jefe del segundo piso no está a la altura de la responsabilidad que tiene de asesorar en estas materias. Habría estado al tanto de lo que Catalina Pérez sabía respecto de Democracia Viva y aun así no alertó al Presidente Boric (...)¿Por qué el señor Crispi no denunció ante el Ministerio Público que podría existir un eventual encubrimiento por parte de la diputada?".

El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, ha implementado un protocolo que permitirá acelerar la devolución de los costos operativos a los 314 cuerpos que conforman Bomberos de Chile.

Esta medida reduciría los tiempos de reembolso en más del 50%, optimizando los recursos de la institución.

Según Luis Cordero, subsecretario del Interior, "hoy día, más o menos el reembolso de los gastos en los cuales incurre Bomberos en combustible, neumáticos y medios que ellos utilizan para el combate de incendios, está cerca de 11 meses. Es un tiempo excesivo, afecta la capacidad operacional de Bomberos de Chile".

El extenso procedimiento anterior, que pasaba por varias instancias de revisión desde las compañías de bomberos, pasando por Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) hasta la Subsecretaría del Interior, retrasaba la devolución de fondos y afectaba directamente el presupuesto y la eficiencia de las instituciones.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el desafuero de diez diputados solicitada por el ex ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick Piñera, quien presentó una querella por injurias y calumnias en contra de los parlamentarios.

En fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada estableció que, en la especie, no se cumplen los requisitos para acceder a la pérdida del fuero del que gozan los querellados.

La querella era contra los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (Ind.), Jaime Araya (Ind.-PPD), Luis Malla (PL), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana Gazmuri (AH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS), quienes firmaron la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En dicho documento, a juicio del exsecretario de Estado, le habrían imputado la participación de una serie de delitos; lo que llevó a Chadwick a querellarse contra los legisladores.

El fallo de la Corte de Apelaciones sostiene que "de acuerdo a lo peticionado, resulta útil distinguir entre el fuero y la inviolabilidad parlamentaria, ya que mientras el primero constituye una garantía procesal que protege al parlamentario de acusaciones penales infundadas, mediante el procedimiento establecido en los artículos 416 y siguientes del Código Procesal Penal, la inviolabilidad, en cambio, es una prerrogativa sustantiva en virtud de la cual el parlamentario es inviolable por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo".