Por Diana Aros Aros

Una leve mejoría en las expectativas de los empresarios y actores locales revelaron los resultados del Índice de Percepción Empresarial Regional (IPER), en relación con los procesos de crecimiento y recuperación económica, situando el indicador en un punto neutro. Las cifras corresponden a la medición aplicada entre el 2 y el 27 de diciembre de 2024, mostrando la percepción de 104 empresarios y líderes de opinión del Biobío: un 2,9% son microempresas, el 28,8% pequeñas y medianas y el 68,3% son grandes firmas.

El director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Ricardo Fuentes, señaló que, en términos generales, "luego de dos años de pesimismo en la zona, con una tendencia al alza, la que llegó a la zona neutral en diciembre de 2024, esperamos que el optimismo crezca, sobre todo en un año de elecciones. Históricamente, se ha mostrado que ante estos hechos de relevancia nacional los empresarios y tomadores de decisión mejoran sus expectativas".

Si bien para 2025 se percibe cierto pesimismo en torno a las inversiones, Fuentes advirtió que hay expectativas en las contrataciones en las empresas para este año y también en la remuneración sobre IPC. "Respecto del crecimiento país para el presente año, cerca del 85% de los encuestados estima que éste estará en el rango estimado por el Banco Central, esto es, entre 1,5% y 2,5%, lo que demuestra que el IPER están en sintonía con las proyecciones de indicadores nacionales y la mirada del empresariado regional", detalló el académico.

Inversión local

El IPER, elaborado semestralmente por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, la consultora EY y la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, mostró un aumento significativo en el número de empresas que no realizarán inversiones, con un incremento de 13 puntos en comparación con el mismo período de 2024, pasando de un 9% a un 22%. Sin embargo, de las empresas que sí realizarán algún tipo de inversión, el monto a invertir será inferior a US$ 5 millones. En relación a la inversión regional, el 51% de los empresarios consultados estima que se mantendrá, mientras que un 29% prevé una disminución y sólo un 20% cree que aumentará, cifra tres puntos menos a lo registrado para 2024.

Nelson Donoso, vicepresidente de la CPC Biobío, repasó que las claves para que la Región retome el crecimiento y las perspectivas de desarrollo radican en que "la implementación del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío sea exitosa. Nuestra principal preocupación es agilizar y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en la zona. Esto implica identificar estos proyectos y apoyar su tramitación y desarrollo para que puedan avanzar lo antes posible hacia etapas que generen un impacto en el empleo y la economía regional".

El representante de la multigremial también apuntó a agilizar los proyectos de obras públicas con presupuestos aprobados, ya que estos "son fundamentales para el desarrollo de nuestra región como capital logística del sur de Chile. Un ejemplo es la ruta Pie de Monte. Además, es crucial que el nuevo gobernador regional implemente medidas para mejorar el orden público y los incentivos a la inversión".

Recuperación económica

Pablo Correa, economista de EY Chile, puntualizó en la visión general de las proyecciones económicas, los factores del crecimiento y los desafíos actuales. En esa línea, sostuvo que 2025 será un año de "moderada recuperación económica", aunque no estará exento de desafíos. "A los factores globales tradicionales, como la geopolítica y el cambio climático, se suma la tecnología, que actúa tanto como motor de oportunidades y amplificador de desigualdades. A nivel local, analizamos el desempleo y los impactos de la baja inversión, así como la resiliencia de algunos sectores que abren puertas a nuevas oportunidades", concluyó Correa.

Ricardo Fuentes, en tanto, agregó que si bien los resultados del último IPER se alejan del pesimismo empresarial regional, registrado en los indicadores anteriores, las cifras no son alentadoras en relación al empleo en la zona. "El desempleo en la Región tiende a una perspectiva peor a la última medición y cómo visualizan el abrir nuevos puestos de trabajo; también hay una contracción", sostuvo.

"Este proyecto está con discusión inmediata y el Presidente de la República se comprometió a ver este tema. Mañana (hoy) se vota y no hemos sabido nada. Esperamos que se modifiquen todas las absurdas indicaciones hechas en la Cámara Baja, porque de no ser así estamos hablando de 10 mil familias en riesgo de perder su trabajo o afectar su estabilidad laboral", expuso Juana Silva, presidenta de la Fesip ante la comisión de Pesca del Senado.

Y es que diferentes sindicatos y empresas pesqueras del Biobío fueron invitados a presentar sus argumentos a dicha comisión, en medio de la discusión legislativa por la Ley de Fraccionamiento.

La presidenta de la Asociación de Trabajadoras de la Industria Pesquera del Biobío, Paola Sanhueza, agregó que "exigimos que el Gobierno reconozca, visibilice el rol de la mujer en la industria, en la cadena de valor de la industria pesquera y, en general, de las plantas de procesamiento".

Búsqueda de alternativas

De la instancia también fue parte el gerente general de la empresa Landes, Andrés Fosk, quien detalló los nocivos efectos que tendría la iniciativa en el empleo regional. "Si pasamos de siete compañías a cuatro compañías en el centro sur, a un promedio de entre 800 y 1.000 personas por empresa, desgraciadamente, se pierden entre 2.400 y 3.000 puestos de trabajo directamente, 50% de ellos mujeres jefas de hogar. Busquemos alternativas", dijo.

El ejecutivo de Landes solicitó que "podamos revisar y estudiar cuáles son los efectos reales (de este proyecto) para lograr un producto y una legislación como se merece Chile. Somos una industria relevante, sobre todo en la súper golpeada Región del Biobío".

Por su parte, el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, expuso ante los senadores el negativo escenario de la empresa. La firma fue la primera en alertar un posible cierre a causa de este proyecto de ley.

"El proyecto bajaba de 60% a 57% la cuota, y posteriormente en la Cámara de Diputados ese número bajó al 30%, una disminución que implica bajar nuestra cuota a la mitad. Esta actividad requiere una continuidad en el día a día, pero también durante el año. Nosotros contamos con la unidad mínima operacional para que esta actividad funcione, que son dos barcos, por lo tanto, con la mitad de la cuota es evidente que no tenemos ninguna posibilidad de seguir operando como empresa. De aprobarse el fraccionamiento, nos obliga a cerrar la empresa", aseguró.

Crisis de empleo

El gobernador regional Sergio Giacaman expuso de forma telemática al Senado, afirmando que la comuna de Talcahuano vive una crisis de empleo tras el cierre de Huachipato y que esta podría incrementarse con un nuevo fraccionamiento. "Tengan en consideración el velar por el impacto que cualquier decisión que se tome en esta comisión y en el Senado va a tener un impacto en la Región y, particularmente, en el empleo. Quisiera relevar el impacto que va a tener en el empleo de las mujeres", expresó a los parlamentarios.

A través de una carta leída por el presidente de la comisión, Fidel Espinoza, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, indicó que son miles de familias las que dependen de la actividad pesquera y que "de aprobar este proyecto, sin ajustes, podríamos ver un agravamiento significativo de esta cifra afectando a miles de familias que dependen de la actividad pesquera. Sería incomprensible que el Congreso aprobara una normativa que signifique el cierre de empresas y dañara aún más la estructura productiva de Talcahuano".

Un total de 20 vecinos de la comuna de Chiguayante recibieron certificados de capacitación tras completar el curso de gestión y formalización de emprendimientos. La iniciativa, liderada por Sence y la Otec Pausa, tuvo por objetivo entregar herramientas para fortalecer las competencias laborales de sus participantes. Dichas capacitaciones contaron con una inversión superior a los $16 millones, que incluyeron, además, subsidios y apoyos como traslado, cuidado infantil y herramientas, con un monto individual de $360 mil.

"Estos recursos buscan eliminar barreras y brindar a las personas la posibilidad de avanzar hacia sus objetivos laborales y personales", explicó Arturo Hernández, representante de Sence.

El curso, que tuvo una duración de 100 horas, estuvo dirigido exclusivamente a personas pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. Durante su desarrollo, las y los participantes trabajaron en módulos de diseño, formalización y gestión de emprendimientos, adquiriendo herramientas prácticas y teóricas.