Fue en 2017 cuando surgió la idea concreta de elaborar un proyecto de ley destinado a la protección animal, que tuvo como origen el caso del perro Cholito, situación que se transformó en un símbolo del maltrato después de morir en la calle producto de la golpiza que recibió de un grupo de personas.

La indignación que causó la situación fue mayúscula y conllevó la exigencia de generar una legislación acorde a la protección animal, en especial de aquellos que son considerados parte de los hogares. Así, el mismo 2017 fue promulgada la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que definel tenencia responsable como el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota, es decir, proporcionarle alimento, hogar y buen trato, además de darle los cuidados veterinarios necesarios y no someterlos a sufrimientos. También incluye el respeto a las normas de salud y seguridad pública.

Dentro de las obligaciones de quienes cuentan con animales de compañía se encuentran inscribirla en el Registro Nacional de Mascotas e implantarle un dispositivo electrónico (microchip), además de responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario, y responder civilmente por lo posibles daños que causen.

La misma norma establece que, a nivel comunal, las municipalidades están facultadas para rescatar a todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro promotora de la tenencia responsable, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización que asuma su tenencia responsable.

Además, les corresponderá fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, es decir, todas aquellas infracciones a las normas de la tenencia responsable será fiscalizadas por los inspectores municipales, quienes tendrán que remitir los antecedentes ante el juez de policía local.

Es importante destacar que las obligaciones que establece la ley tanto para los dueños como para los municipios tienen un alto nivel de cumplimiento, que incluso van un poco más allá de la normativa. En el caso de las municipalidades es claro que han ido desarrollando unidades específicas dedicadas al fomento del cuidado responsable y a facilitar algunos de los servicios que perros y gatos requieren, animales que son los más comunes para compañía.

Como ejemplo del avance en este ámbito se encuentran algunas comunas del Gran Concepción, que durante 2024 realizaron numerosos operativos de enrolamiento y de esterilización, destinados a acercar estas obligaciones legales a sus habitantes. En el caso de Hualpén, por ejemplo, cuentan con un Departamento de Tenencia Responsable de Mascotas que proyecta otorgar 800 cupos de esterilización durante este año, los cuales se ejecutarán a lo largo de 10 meses de trabajo, con especial énfasis en zonas que son relevantes para el ecosistema. Similar es el caso de San Pedro de la Paz, que a través de fondos otorgados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, destinará $56 millones a dos mil esterilizaciones de mascotas en terreno.

Otros municipios, como Talcahuano y Chiguayante, cuentan con estrategias como box veterinario o clínica veterinaria móvil, que permite realizar atenciones directamente con los vecinos interesados en cumplir con sus obligaciones y así evitar complicaciones legales que no solo los afectarían a ellos, sino también a los animales que son parte del grupo familiar. El cumplimiento de la ley de Tenencia Responsable se ha transformado en un objetivo real para los municipios, en el entendido que de esta forma también fomentan la buena convivencia de sus vecinos, evitan situaciones de riesgo al interior de sus comunas y mantienen un mejor control.

Es importante destacar que las obligaciones que establece la ley tanto para los dueños como para los municipios tienen un alto nivel de cumplimiento, que incluso van un poco más allá de la normativa.

El Informe de Política Monetaria (IPoM) trajo noticias incómodas, en lo que a corto plazo se refiere (las de largo plazo las sabemos desde hace rato). En efecto, se podría decir que tendremos menos crecimiento y más inflación de lo que pensábamos para este 2024.

Aunque respecto de lo primero -menos crecimiento- no es tan así, puesto que la nueva proyección de 2,3% está dentro del rango planteado por el Banco Central en su IPoM de septiembre (2,25-2,75%). Claro, el problema es que nos situamos en el piso de dicho rango, pero estamos dentro del escenario que había dibujado el ente rector en términos del acotado dinamismo que tendría la actividad económica.

Respecto de lo segundo -más inflación- efectivamente se constata un incremento de esta, confirmando que estamos atravesando una suerte de turbulencia inflacionaria.

Ahora el Banco Central proyecta cerrar este año con una inflación de 4,8%, es esto, tres décimas más de lo que había anticipado en septiembre. Y lo más preocupante, es que en cuanto a la inflación subyacente -IPC sin volátiles- la corrección es mayor, puesto que pasamos de un 3,9% a un 4,5%. Y esta es la medida que precisamente refleja con mayor certeza las presiones inflacionarias que hay en la economía.

¿A qué se debe este repunte? En particular, el Banco Central alerta sobre el incremento que han experimentado los costos laborales, el que se sitúa por sobre los registros históricos. Y dentro de las explicaciones que ofrece para esta situación, destaca el incremento en el salario mínimo -uno de los distintos cambios regulatorios implementados en el último tiempo.

En este punto debemos prestar mucha atención: las políticas implementadas en lo más reciente, han incrementado los costos laborales, aumentando la presión sobre los precios de la economía, y dañando la capacidad de generación de empleo de las empresas.

De hecho, en un estudio realizado por Albagli et al (2024) se presenta evidencia acerca del impacto que puede estar generando el incremento en el salario mínimo. Para ello los autores dividen a las empresas en dos grupos, según la fracción de trabajadores afectos al salario mínimo. Sus resultados revelan que, cómo consecuencia de los recientes aumentos del salario mínimo, ha habido un incremento en los costos laborales, y consecuentemente, un impacto negativo en el nivel de empleo de las empresas con más trabajadores sujetos a esta política (4,8% menos de empleo).

Más allá de si estamos o no en una emergencia laboral, debemos tener cuidado con que las políticas que se implementan no estén dañando nuestro ya alicaído mercado del trabajo. La única manera de recuperar el dinamismo de este, es expandiendo la capacidad de crecimiento tendencial de nuestra economía.

Esto permitirá generar más y mejores puestos de trabajo, y un incremento en los salarios reales de la población, sin poner en peligro la lucha contra la inflación… lucha, que como nos acaba de recordar el Banco Central, sigue más viva que nunca.

¿A qué se debe este repunte? En particular, el Banco Central alerta sobre el incremento que han experimentado los costos laborales, el que se sitúa por sobre los registros históricos.

Funcionarios públicos

Los Funcionarios/as Públicos, pese a su dedicación, compromiso y esfuerzo, suelen recibir una evaluación negativa por parte de la ciudadanía, que generalmente emite un juicio o una valoración del gobierno de turno y la implementación de la política pública. Sin embargo, son estos mismos servidores públicos quienes se ponen al servicio de la comunidad en momentos de crisis, como desastres naturales o emergencias, funciones que son indispensables para que el Estado llegue hasta el último rincones de nuestro país.

La falta de apoyo y reconocimiento hacia los funcionarios/as públicos puede tener consecuencias negativas, como la pérdida de derechos, así como también, la falta de valoración de los beneficios percibidos que son indispensables para los más vulnerables.

Un ejemplo actual es la tardanza en el pago de lo acordado en la mesa de negociación del Sector Público, relacionado con la Ley de Reajuste del Sector Público 2025 que sin duda afecta mucho más a los funcionarios y funcionarias que tienen menores ingresos.

Es hora de reconocer el valor de los funcionarios/as públicos y establecer un diálogo real y efectivo entre ellos y la ciudadanía. Solo así podremos abordar las necesidades y preocupaciones de la sociedad y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Es por lo anterior que hago un llamado a las autoridades competente a realizar las gestiones para el pronto pago del reajuste y los bonos que se comprometieron en la negociación de la mesa del sector público.

Lorena Lobos Castro

Presidenta Anef Biobío

Venta I

Resulta preocupante las irregularidades que rodearon la fallida compra de la propiedad del ex presidente Salvador Allende. No solo pone en duda la transparencia de nuestra institucionalidad, sino que también cuestiona el apego y respeto irrestricto por la Constitución .

La senadora Isabel Allende, parece haber transgredido nuestra Carta Fundamental , que establece en el Artículo 60 que un parlamentario "cesará en su cargo al celebrar contrato con el Estado". El objeto de esto, es mantener la probidad y evitar eventuales conflictos de interés. En esta línea, Marisol Peña, ex ministra del Tribunal Constitucional señaló que "el TC no tiene otra opción que declarar la cesación de la Senadora Allende".

Adicionalmente, es inaudito que la responsabilidad política haya recaído únicamente en Marcela Sandoval, renunciada ministra de Bienes Nacionales, cuando hay otros actores que también participaron de la toma de esta decisión.

Es fundamental , que este caso no quede en la impunidad, se investigue exhaustivamente, y que los responsables asuman el costo político, jurídico y constitucional que corresponde.

Rubén Álvarez

Venta II

En el caso de la venta de la casa del ex presidente Allende, la norma constitucional es clara y prohíbe la celebración del contrato. La notaría autorizante tiene el contrato de venta firmando por la senadora Allende y la ministra Fernández, debidamente representadas como vendedoras y el Fisco como comprador con su repertorio. Luego, si se recurre al Tribunal Constitucional, dicho órgano jurisdiccional no debiera demorar más de uno o dos meses en fallar la instancia, de tal forma que cualquier demora o dilatación en el fallo a espera de que ambas funcionarias públicas concluyan sus cargos, es un signo más de corrupción pura.

JUAN VIDELA CARO

Influencers

La implementación de la Ley Fintech constituye un gran hito al incluir el registro de la actividad de los influencers que tienen la "capacidad o finalidad de influir en un comportamiento de la audiencia sobre la conveniencia de invertir en algún tipo de instrumento financiero".

Es innegable que los creadores de contenidos se han convertido en un actor relevante en los últimos años dado el crecimiento de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Eso también incluye al marketing y la publicidad, tomando incluso un rol protagónico en campañas y estrategias. Por eso es importante la aplicación de medidas de este tipo que abren camino a la regulación de su actividad en un área tan sensible para el consumidor como lo es su dinero.

Un contenido erróneo en esta materia, o que abuse del desconocimiento de las personas, puede suponer un gran perjuicio. Eso incluye a quienes hacen recomendaciones financieras en nombre de otros.

Es por ello la necesidad imperiosa de regular esta actividad para que las redes sociales sigan siendo oportunidad y no un riesgo para la industria, y así no afectar las confianzas.

Rodrigo Francischini

"Para nosotros es un hito súper importante. Después de 14 años podemos hoy día ya estar materializando el inicio de la demolición del edificio abandonado Puerto de Palos. Aquí hay una historia de más de dos años y medio, que fue cuando empezamos a trabajar con los vecinos para tratar de buscar una solución a este problema". Así fue el balance del al calde de Hualpén, Miguel Rivera, tras conocerse la aprobación de más de $1.270 millones por parte del Concejo Municipal, los que irán destinados a la demolición del edificio Puerto de Palos, ubicado en calle Los Conquistadores Norte 71, cercano a Avenida Colón.

La acción se enmarca en un convenio de transferencia de recursos desde el Gobierno.

El inmueble fue uno de los afectados por el terremoto de febrero de 2010 y desde entonces se mantiene en estado de abandono.