El siniestro afectó a una vivienda del sector Chiguayante Sur, en la comuna del mismo nombre, y su origen es indagado por la PDI. Una de las víctimas fatales era una mujer de 60 años que se encontraba postrada. La casa en la que inició el fuego era de material ligero, por lo que rápidamente se extendió a una vivienda aledaña que tuvo daños menores.
Los asentamientos informales son un fenómeno urbano mundial. Existen en todo el mundo, en varias formas y tipologías, dimensiones, ubicaciones y con diversos nombres: asentamientos ilegales, favelas, poblaciones, barriadas, campamentos, entre otros. Son áreas residenciales marginales que se caracterizan por la pobreza y por grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado; por estar situadas en zonas de conflicto político, entornos ecológicamente sensibles y lugares vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos y eventos naturales.
Las causas son factores interrelacionados, que incluyen el crecimiento de la población y la migración, la falta de vivienda asequible para la población pobre, una gobernanza deficiente (en especial en los ámbitos referentes a políticas, urbanismo, uso de la tierra y gestión urbana, lo que se traduce en especulación y la ocupación), la vulnerabilidad económica y el trabajo mal remunerado, la discriminación y marginalización, y los desplazamientos causados por los conflictos, los desastres naturales y el cambio climático.
Se ha ido demostrando que existe un nexo intrínseco entre la ubicación y la persistencia de la pobreza intergeneracional y la desigualdad económica. Las áreas urbanas que presentan una alta prevalencia de barrios marginales pagan un alto "costo" social, económico y ambiental.
En Chile, un asentamiento informal o irregular también se puede entender como estrategia política frente a causas estructurales que limitan el acceso a la vivienda, incluyendo la obsolescencia de programas y políticas habitacionales; las limitaciones del registro de hogares; la forma de definir pobreza; los elevados costos de arriendo, subarriendo o compra de un inmueble; así como las restricciones de acceso a la banca para familias de ingresos bajos y medios bajos (Contreras et al, 2019).
Este fenómeno urbano no es nuevo y se ha visto agudizado en los últimos años configurando una realidad compleja y persistente en las ciudades chilenas. De acuerdo con el último catastro de campamentos (2022), destacan como principales causas los bajos ingresos, el alto costo de los arriendos y el vivir en condiciones de allegamiento, entre otras. El 84,6% de los campamentos se encuentran en zona de alto riesgo socionatural, enfrentando amenazas de origen hidrometeorológicos (lluvias intensas), geológicos (terremotos y tsunamis) e incendios. Sumado a que los actuales instrumentos urbanos con que cuenta Chile (planes reguladores), con su lógica de expansión urbana de crecimiento horizontal, resultan poco efectivos ante este fenómeno: el 70% de los planes reguladores de comunas con campamentos llevan más de 10 años sin revisar y el 26,2% supera los 30 años de antigüedad. Alrededor del 90% de la expansión urbana se realiza sobre áreas propensas a amenazas y se construye a través de asentamientos no planificados y geográficamente apartados de los sistemas urbanos, suscitando una exclusión a las principales oportunidades urbanas y un incremento al costo de vida de sus habitantes
Se está ante un gran desafío y las respuestas no son simples. Muchos enfoques actualizados siguen adoptando soluciones de otros contextos de forma inapropiada, incapaces de desarrollar nuevas respuestas a medida de cada realidad urbana territorial. El sector de la vivienda, desde hace mucho, ha sido susceptible a fuerzas especulativas que tienden a beneficiar más a los residentes más acaudalados. ¿Cómo proveer vivienda asequible a los habitantes pobres de nuestras ciudades? ¿Quién asume ese rol?
Cuatro camiones y una camioneta fueron consumidos por el fuego en una hostería ubicada en la ruta que une Cañete con el sector Antihuala, en la Provincia de Arauco. El hecho fue reivindicado por Weichan Auka Mapu (WAM). Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) recordaron que han solicitado la extensión de patrullajes y vigilancia en carreteras de forma reiterada, considerando que rige el estado de excepción.
El exintendente y representante entrante, Sergio Giacaman, detalló que se estructuraron grupos de trabajo que en las últimas semanas sostuvieron ocho reuniones con la contraparte de la saliente administración de Rodrigo Díaz. Sobre la definición de los nombres que asumirán, dijo que los cargos ya están definidos en su totalidad, incluidos los jefes de división. El acto de traspaso se realizará mañana a las 16 horas, en el Teatro Biobío.
Los parlamentarios lamentan que la discusión se demore en aspectos como la responsabilidad de privados o la reconstrucción en zonas consumidas por las llamas, además de pedir que se realicen los esfuerzos para apurar debate. El proyecto ingresado en octubre de 2023 contempla una serie de modificaciones al sistema, entre ellos fijar criterios de prevención, combate y reconstrucción postincendios, además de reemplazar la Conaf por la Senafor.
Bomberos de la zona plantean que la llegada de nuevos voluntarios varía. En algunas compañías, la cantidad de postulantes por año ha aumentado, mientras que en otras se mantiene constante o, derechamente, continúa cayendo desde la pandemia. En paralelo, los equipos buscan fortalecer los filtros psicológicos para evitar sucesos como los ocurridos en Valparaíso, donde bomberos y gente de Conaf y Senapred fue detenida por causar incendios.
Las nuevas administraciones informaron la salida de funcionarios a honorarios el pasado martes 31 en distintas áreas municipales, lo que generó reacciones por el posible impacto en la entrega de programas o servicios. Los jefes comunales coinciden en que la decisión de no renovar los contratos se debe a la evaluación de los fondos destinados y de la cantidad de trabajadores en cada unidad. Aseguran que no cerrarán oficinas especializadas.
Senda dio a conocer esta cifra en el marco del programa Tolerancia Cero. Desde la institución dijeron que el objetivo es sacar a estas personas de circulación para evitar accidentes.
La Región del Biobío experimentó una merma anual de 9,7% en este negocio, según cifras de la industria. Esta baja es la más alta de todo el país, pero actores del rubro se muestran esperanzados con 2025.
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, por meta de Plan Habitacional en Biobío
Ramón Jara, director ejecutivo de SLEP Andalién Costa
Juana Silva, presidenta de la Fesip