Por Felipe Cuevas Mora

Uno de los propósitos que dejaron de manifiesto los nuevos alcaldes que asumieron funciones a inicios de diciembre respondía a revisar la situación económica y administrativa de cada municipio, ya fuese por medio de auditorías o evaluación de programas.

En esa dimensión, y con el inicio del nuevo año, las nuevas administraciones informaron a inicios de esta semana la desvinculación de un significativo número de trabajadores a honorarios, lo que en un primer término fue denunciado por varios de los afectados como un impacto en la entrega de programas o servicios: según un sondeo preliminar de este medio, más de 250 funcionarios habrían sido destituidos en la intercomuna.

El más amplificado responde a la entrega de servicios de la oficina de la Diversidad del municipio de Concepción, que se vería impactada por las bajas, y que incluso motivó que para hoy se convoque una movilización en las afueras del edificio central de la alcaldía penquista para exigir no dar curso a las salidas.

Más allá del caso en específico, los jefes comunales aclararon que las desvinculaciones no consideran el cierre de oficinas o direcciones, sino que más bien apuntan a una revisión de las finanzas destinadas a cada programa y la optimización de los recursos humanos disponibles.

Revisión de programas

El alcalde de Concepción Héctor Muñoz aclaró a primera hora de este jueves que su decisión es no cerrar ninguna oficina o dirección municipal, sino que las desvinculaciones responden a una revisión en detalle de cada programa municipal que se ejecuta: según detallaron fuentes de este medio, cerca de un centenar de funcionarios a honorarios fueron informados de su salida.

"La oficina de Diversidad tiene más de diez integrantes, y muchos de los programas se inician en marzo. Nosotros debemos evaluar todo lo que está pasando en el municipio, queremos ver el incremento de funcionarios a honorarios en el segundo semestre del año pasado y 2023, para ver qué necesitamos", explicó, junto con detallar que "lo que se hizo fue cambiar al encargado, y queremos cambiar eso, que sean personas con responsabilidad administrativa como los contrata o planta".

"Debemos evaluar caso a caso, y en el caso de los que salieron a fin de año prestan una función por un periodo de tiempo determinado, y se puede volver a contratar por el mismo funcionario u otro dependiendo de lo que requerimos", sumó.

Una situación similar fue la que se denunció en Santa Juana respecto al centro de la Mujer de dicha comuna. Sin embargo, el alcalde Ángel Castro aclaró que en el caso de dicha unidad sólo una persona fue desvinculada.

"Vamos a fortalecer el trabajo, vamos a sumar asesoría jurídica y queremos desarrollar un centro integral que también apoye el emprendimiento. Solo una persona fue desvinculada del centro de la Mujer", explicó.

Otro caso es lo ocurrido en Penco, donde el alcalde Rodrigo Vera sometió a votación del concejo de este jueves la contratación de más de diez cargos en la modalidad de honorarios, centradas fundamentalmente en la coordinación de servicios y asesorías técnicas para la gestión.

"Al analizar los antecedentes, muchas familias requieren ayuda social y para mejorar los tiempos de respuesta, debemos buscar incorporar estos perfiles para mejorar la gestión y acercar los departamentos a la comunidad", argumentó.

Esto en medio de los cuestionamientos de algunos concejales, como Leonardo Jara y María Carolina Inostroza, respecto a desvinculaciones de trabajadores a honorarios concretadas antes del 31 de diciembre.

"He pedido que se evalúe cada caso en particular, dialogando con las jefaturas y pediré la reunión con la asociación de funcionarios", retrucó Vera.

Crisis económica

Otra comuna donde se vivió esta misma situación fue Chiguayante, donde según datos entregados por el propio municipio, medio centenar de trabajadores a honorarios fueron desvinculados.

El alcalde Jorge Lozano detalló que "es una decisión muy difícil la que hemos tomado de no renovar los contratos de prestación de servicios a alrededor de 50 personas. Esto lo hemos hecho, primero en base a una evaluación que hizo cada uno de los directores municipales y segundo, por un tema presupuestario".

"Hay un exceso de contratos a honorarios, que se arrastra desde la administración anterior y, que, si continuáramos con todos ellos, nos alcanzaría solo para pagarles hasta el mes de junio con el actual presupuesto 2025. Por tal razón, es importante mencionar, que realizaremos una auditoría para ver en qué condiciones financieras y administrativas se encuentra hoy el municipio", añadió.

Consultado el municipio de Talcahuano, desde su equipo de comunicaciones explicaron que de un total de 433 trabajadores, sólo 38 no contarían con un nuevo contrato -"este número corresponde a un 8,7% del total de contratos a honorarios de la municipalidad", explicaron- y se recordó que con anterioridad se había confirmado la no renovación de ocho cargos a contrata de un total de 129 de este tipo de contratos.

Todo, en línea con lo señalado por el alcalde Eduardo Saavedra, quién ya anticipó al asumir que se buscará realizar una auditoría para esclarecer el real estado de deuda del municipio.

Un total de quince organizaciones autoconvocadas y fundaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las diversidades y prevención de la violencia a las mujeres manifestaron su preocupación por lo que califican como el "desmantelamiento" de la oficina de la Diversidad de Concepción. En un comunicado, plantearon que "se deja a cientos de personas de la comunidad LGBTIQA+ sin un espacio seguro para reunirse, recibir apoyo y encontrar ayuda social, psicológica y legal".

"Exigimos que la nueva administración rectifique esta decisión y garantice el respeto a los derechos humanos de todos, sin importar las ideologías personales. Nuestra comunidad ha luchado siempre, y seguiremos luchando. El bienestar y la dignidad no pueden depender de las autoridades de turno", añade la misiva.

"En ese caso se tiene que determinar y analizar cuáles son las diligencias pendientes que existen y de ahí se tomará una decisión que se solicitará oportunamente al tribunal". A mediados de diciembre, la fiscal anticorrupción de Concepción María José Aguayo dejaba en suspenso ante este medio la posibilidad de pedir una nueva ampliación del plazo de investigación de la arista de fundación En Ti del Caso Convenios, formalizada a fines de noviembre de 2023 y que ya cuenta con una decena de personas informadas de la posible comisión de delitos en el traspaso de $250 millones desde el Gobierno Regional para la ejecución de un programa de recuperación de espacios en Barrio Norte, Concepción.

La diligencia ya solicitada y acogida por los tribunales en agosto pasado se repetirá a pocos días que termine el nuevo plazo asignado (6 de enero), luego de que la persecutora solicitara formalmente al Juzgado de Garantía de Concepción discutir una nueva ampliación de plazo, la cual se sancionará el lunes 13 de enero.

"Encontrándose vigente el plazo judicial de investigación fijado y existiendo diligencias pendientes, vengo en solicitar que se tenga a bien fijar audiencia con el objetivo de aumento de plazo de investigación", reza escuetamente el escrito ingresado el pasado 30 de diciembre.

Consultados algunos de los intervinientes del caso, fuera de micrófono, anticipan que dicha solicitud podría considerar una ampliación por todo el primer trimestre de 2025.

Escenario actual

A trece meses de formalizados los primeros delitos en la arista de fundación En Ti, son un total de 9 personas las que conocen en detalle que son investigadas por alguna conducta delictual asociada al caso y que cuentan con medidas cautelares.

Entre ellos están los exfuncionarios del Gore Simón Acuña, Rodrigo Martínez y Tamara Vidal -todos con arresto domiciliario total- además de los miembros de la fundación Camila Polizzi, Sebastián y Diego Polanco, y a los que se suman Eduardo Quezada, Matías Godoy y la madre de Polizzi, Luisa Fonceca. A nivel de delitos, los que ya ha formalizado la Fiscalía -en distinto nivel por cada imputado- apuntan a lavado de dinero, usurpación de nombre, estafa, falsificación o uso malicioso de instrumento público, y fraude al Fisco, este último centrado en Acuña, Vidal y Martínez.

En estos últimos meses, la Fiscalía ha centrado parte de sus esfuerzos tanto en la revisión de artículos electrónicos -que contienen audios y textos relevantes para la investigación- como también las diligencias para establecer responsabilidades penales en otras personas que permitieron la realización de delitos.

En julio, la fiscal María José Aguayo dijo que "en los delitos de corrupción existe una agravante en el caso de que haya personas dentro de una organización criminal: la diferencia que tiene es que en la asociación ilícita se debe acreditar la existencia de un jefe, altos mandos, y la agravante es distinta pero no tan exigente. Como institución determinamos que en fundación En Ti si existe esa agravante".

Un voraz incendio el pasado martes dejó importantes daños en el pesebre que año a año se instala en la Plaza de la Independencia de Concepción con motivo de las festividades de fin de año.

Razón por la cual los equipos municipales trabajaron para su pronta reparación e instalación en el punto neurálgico de la capital regional, la cual ocurrió ayer con todas sus piezas.

El alcalde Héctor Muñoz agradeció a los vecinos "el apoyo para rescatar las piezas el día del siniestro y las publicaciones en redes sociales instando al municipio a recuperar estos espacios cuando hay una incivilidad".

Además dijo que "el pesebre se quedará en la plaza hasta el 6 de enero como es la tradición y tomaremos todas las acciones legales que corresponda, porque es deber del municipio actuar cuando se cometen acciones como ésta y dar una señal a la comunidad de que estas situaciones no pueden ser aceptadas".

Desde el municipio indicaron también que el conjunto de piezas pertenece a la Corporación Semco, dependiente del municipio y enfocada a la preservación cultural en la capital regional.