Hace unos días la Seremi de Bienes Nacionales informó que durante 2024 hubo un significativo aumento de la cantidad de denuncias realizadas por dificultades de accesibilidad a los distintos cuerpos de agua, ya sean playas de mar, ríos y lagunas de la Región del Biobío.

Según las estadísticas, durante 2023 el organismo registró 76 reclamos, mientras que el año pasado sumó un total de 113, los cuales se dieron con mayor frecuencia en comunas como Hualpén, San Pedro de la Paz y Tomé. Al momento de explicar las razones detrás de ete incremento, la autoridad correspondiente sostuvo que es posible que haya más conciencia del derecho a acceder a las playas, lo que indicaría que la ciudadanía se encuentra más informada al respecto. Es importante tener presente que actualmente la Región cuenta con un total de 13 accesos fijados formalmente, y durante este año se pretende avanzar en la concreción de otros cuatro, así como en la renovación de señaléticas para delimitar los territorios públicos y privados.

Desde la Seremi también se destacó que el año pasado se concretaron más de 25 instancias de fiscalización en distintos puntos, labor que se reforzará durante la presente temporada estival, considerando que es la época del año en que más interés hay por acceder este tipo de lugares por las vacaciones de verano.

Además, llamó tanto a los visitantes como a propietarios de terrenos colindantes a respetar la normativa, la cual indica que, dado que las playas son de uso público, siempre debe garantizarse el paso gratuito y expedito a estas.

La legislación referida a este tema es precisa y clara. Según el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos, lo que significa que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes de la nación, pero también debe ser cuidadas, como cualquier entorno natural. Por lo tanto, no existen las playas privadas en ninguna región de nuestro país, pero las conductas inapropiadas son sancionadas.

Para ello hay que considerar que según el artículo 594 del Código Civil, se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas. Esta definición no sólo se aplica a las playas ubicadas junto al mar, sino también a las riberas de lagos y ríos, que son considerados bienes nacionales de uso público y, por tanto, pertenecientes a todos los habitantes de la nación.

Junto a consagrar el derecho al acceso, la ley es precisa en definir que si una persona quiere ir a una playa con fines turísticos o de pesca, y no existen vías o caminos públicos para poder llegar a ella, los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso de forma gratuita. Tal derecho está amparado en el artículo 13 de la Decreto Ley N° 1.939, de 1977.

La fijación de las vías de acceso corresponde a las autoridades, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores del terreno. Si no asisten o no se llega a acuerdo, la autoridad debe determinarla prudencialmente, evitando causar daños innecesarios y los afectados podrán oponerse concurriendo a los tribunales correspondientes.

En el caso de hoteles con acceso a playas, también deben habilitar un paso para que todos puedan acceder, pero no significa que se pueda entrar a cualquier dependencia del hotel, ya que el recinto puede negar el paso a sectores de propiedad privada o de uso exclusivo. También el Estado protege y maneja ciertos ambientes naturales, terrestres o acuáticos, para lograr su conservación y el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado está a cargo.

Por último, la ley también establece la aplicación de una multa para la persona que ensucie o deje basura o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, ya que el acceso habilitado no significa que los visitantes queden exentos de cumplir con el manejo mínimo de una zona natural.

Según el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos, lo que significa que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes de la nación, pero también debe ser cuidadas, como cualquier entorno natural.

La opción principal, dentro del proyecto de reformas de impuestos a la renta, tiene que ver con la rebaja de tasas a las cuales están afectas las utilidades de empresas o corporaciones de mayor tamaño relativo, desde el nivel de la tasa actual de 27% a un 25%, aunque se pide una rebaja mayor por parte del empresariado. Pero de igual manera se propondría compensar esta disminución de tributos, aumentando los gravámenes a las rentas provenientes del trabajo, las cuales son impuestos pertenecientes a la segunda categoría, o dentro del aumento de tasas del impuesto global complementario.

Lo anterior ha causado una serie de cuestionamiento, como no solo es el tema en cuanto al tipo de ingresos a gravar, sino más aún, desde los niveles a los cuales se quiere incrementar el pago de sus tributos habituales. Se cruza esta opción con la intención de gravar en mayor medida, los ingresos de personas poseedoras de altos patrimonios, o en su caso, de contribuyentes con rentas provenientes de su trabajo, las cuales pueden ser calificados de "alto nivel".

Por otra parte, aproximadamente el 75% de las personas con ingresos originados por rentas del trabajo, están exentos de impuesto en el país y bien plantean especialistas en el tema, que se quiere incrementar "la presión fiscal", solo a un 1,5 % de contribuyentes, profesionales con remuneraciones de mayor nivel. Así, se elige a un grupo tal de trabajadores a los cuales, ¿se les podría identificar como a un segmento de altos ingresos?

Originalmente se estimaba fijar un nivel de ingresos por remuneraciones superiores a una cifra de $3,2 millones, para luego de determinados acuerdos entre Hacienda y algunos Parlamentarios, este nivel se podría subir a 70 UTM (unidad tributaria mensual), cifra aproximada a $4,6 millones y aún todavía se esperaría subir este límite.

Resultan discutibles dos cosas a lo menos: a) la forma harto poco original de compensar la rebaja de tasas a rentas del capital, proponiéndose aumentar las tasas a rentas del trabajo, y b) los niveles pretendidos originalmente, cuando se fijaba en poco más de tres millones de pesos, el límite para incrementar las tasas de impuestos. Si se toma como ejemplo una familia donde solo trabaja él o la jefa de hogar y tenga dos o tres hijos estudiantes, ¿quedarán recursos disponibles para el pago de mayores tributos, luego de los innumerables desembolsos por necesarios costos y gastos a incurrir, empezando por el pago de los impuestos regulares a enterar en arcas fiscales?

Si se quiere subir este tipo de tributos, se debería gravar a los altos niveles de ingresos relativos. Entonces hablar de 3,2 o 4,6 millones, es una cifra baja, como para identificar aquel segmento. Esto es más bien, desde cierta perspectiva, regresivo para aquellos contribuyentes a los que apuntaría este proyecto, como si se tratara de nivelar hacia abajo, para aproximarse en su liquidez, con quienes están exentos de pago.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), plantea subir la carga tributaria, ampliando la base, bien entonces debería existir otra segmentación. Como se ha reiterado por todos los medios, la mayor recaudación de recursos tributarios debe estar centrada en el crecimiento económico y no en seguir incrementando impuestos personales a segmentos que ni por mucho pertenecen a contribuyentes de alto patrimonio ni menos "superricos".

Si se quiere subir este tipo de tributos, se debería gravar a los altos niveles de ingresos relativos. Entonces hablar de 3,2 o 4,6 millones, es una cifra baja, como para identificar aquel segmento.

Pensiones

En Chile, existen diferencias de pensiones entre hombre y mujeres, brechas que han perdurado desde que aparecieron las AFP. El modelo de las Administradoras de Pensiones no responden a esas diferencias y queda de manifiesto en las bajas pensiones que reciben hombres y mujeres. Lamentablemente las AFP han hecho una campaña política en contra de la reforma de pensiones, gastando 11 millones de la administración de fondos de los afiliados, que no han sido transparentados, dineros que podrían ser invertidos en mejorar las pensiones de todas y todos los jubilados.

En el país el 85% de las personas que reciben pensiones por AFP sus pensiones son menores a un sueldo mínimo, lo que hace urgente una Reforma de Pensiones que se haga cargo de las necesidades reales de las personas.

Es importante y de suma urgencia que los políticos y el congreso dialoguen para lograr acuerdos que beneficien directamente a los jubilados de Chile. Las personas que dedicaron una vida a trabajar, no pueden seguir esperando.

Ismael Sepúlveda Bruna

Pensiones II

Una buena pregunta en plena discusión previsional sería: ¿Existen buenas pensiones?; y la respuesta es sí. Lamentablemente, por décadas sólo hemos escuchado que las pensiones en nuestro país son malas, miserables, pero jamás los medios de comunicación han hecho un seguimiento a aquellos trabajadores que han logrado buenas pensiones, a partir de años de trabajo formal, cotizando por sus sueldos reales.

Durante años, se vio como a personas mayores se les consultaba por sus pensiones, y su monto correspondía a la pensión solidaria de ese entonces, es decir personas que nunca cotizaron, o por muy poco.

En la actualidad, existe un número relevante de pensionados que tienen pensiones suficientes para sus gastos, algunos también con el apoyo de la pensión mínima garantizada, lo que les permite vivir una vejez en tranquilidad, y la receta es una sola, décadas de cotización por el total de los ingresos imponibles.

Toda reforma previsional debe incentivar y fortalecer el empleo formal, ahí el éxito de una buena reforma, el resto es ideología.

Eduardo Jerez

Encuesta

Hace hace un mes y hasta el 10 de enero de 2025 está abierta la opción de votar para "decidir" sobre cuestiones económicas de la región. Todo organizado y profusamente difundido por la Corporación Desarrolla de la Gobernación Regional.

El único problema es que a contra de millones de pesos que se han gastado en marketing y en los costos de implementar digitalmente esto, la participación, sino fuese patética, es irrisoria. Hasta hoy han votado solo 3.426 personas, de un universo dado por el padrón electoral; es decir, han votado solo el 0.2% de los eventuales electores.

¿Acaso este rotundo fracaso tiene alguna justificación? Sin duda existe la urgente necesidad de transparentar si instituciones como está es o no necesario que existan, al menos sin el despilfarro millonario de recursos públicos.

Como lo veo, me parece que solo fue un intento de mostrar activismo y figuración de algunos personeros del Gore y la Corporación en pleno termino de un mandato cuestionable. Alguien debe dar explicaciones.

Luis Henríquez Logia

Consumo

La Circular sobre Consumo Sostenible del SERNAC marca un avance significativo en el reconocimiento del consumo sostenible en Chile, al exigir información clara sobre la durabilidad, reparabilidad e impacto ambiental de los productos. Sin embargo, su alcance sectorial evidencia la necesidad de avanzar hacia una política integral que promueva un consumo responsable como eje central del desarrollo sostenible.

El ejemplo de la Unión Europea es valioso en este sentido. La Directiva (UE) 2024/825 establece un marco que articula sostenibilidad empresarial, ambiental, corporativa y consumidora. Según su considerando (25), "debe proporcionarse información específica sobre la durabilidad y la reparabilidad del producto para todos los tipos de bienes antes de celebrar el contrato". Esto no solo fortalece el derecho a la información de los consumidores, sino que también incentiva la oferta de bienes más duraderos y sostenibles.

Chile debe transitar hacia una estrategia que integre estas dimensiones en sus políticas públicas, dictando normas que no solo regulen prácticas comerciales, sino que también incentiven decisiones de consumo responsables. Es fundamental que proveedores y consumidores sean corresponsables en la transición ecológica.

Dr. Sebastián Bozzo

Universidad Autónoma de Chile

Un total de ocho alcaldes del Gran Concepción tendrán como eje central de su gestión durante este año que inicia, la tarea de revalidar su cargo en las urnas el 27 de octubre. Según un sondeo realizado por este medio, los timoneles de Coronel, Hualqui, Hualpén, Lota, San Pedro de la Paz, Santa Juana , Talcahuano y Tomé ya tienen decidido que su nombre esté en la papeleta, pero en algunos casos afrontando un escenario dispar al que les tocó en 2021.

Mientras Miguel Rivera (PPD-Hualpén), Henry Campos (UDI-Talcahuano), Ana Albornoz (IL-Santa Juana) contarán con el apo-yo de sus partidos para buscar un nuevo periodo en el sillón municipal, los independientes Jorge Contanzo(Hualqui), JavierGuiñez(San PedrodelaPaz) y Patricio Marchant (Lota) están en la disyuntiva de competir sin el respaldo de un partido o aceptar el apoyo de una colectividad.