En el marco de su última sesión, celebrada recientemente en Concepción, la Agrupación de Universidades Regionales, AUR, formalizó la entrega de la Medalla Rector Hilario Hernández Gurruchaga a un grupo de connotadas personalidades del mundo académico.

El premio releva y perpetúa el legado de quien fue vicerrector académico y rector de la Universidad del Bío-Bío, reconocido por su carisma y compromiso con la descentralización. Hilario Hernández fue un hombre que, desde una manera de ser sencilla y alejada de las estridencias, trabajó arduamente por la educación superior pública, particularmente de regiones. Cumplió diversas responsabilidades de servicio en las instituciones a las que perteneció. Fue también un académico y un intelectual de gran altura, que supo ver los problemas del sistema universitario y se adelantó a su tiempo, llamando a no perder de vista los grandes objetivos de la Universidad. El creía en una Universidad que fuera el pensamiento crítico de la sociedad, plenamente libre, cuyo quehacer diera frutos de humanismo social y de mejor calidad de vida para todos y todas.

Fallecido el 2010, quienes le conocimos podemos dar fe de sus cualidades humanas, su espíritu democrático y su dedicación a la vida universitaria. Por ello, desde la Universidad del Bío-Bío se impulsó la instauración de la Medalla Rector Hilario Hernández, como un reconocimiento público de la AUR a académicas y académicos que se han destacado por su compromiso con sus instituciones y han contribuido al desarrollo de la educación superior, de sus comunidades y territorios, materializando los principios y objetivos que impulsa la Agrupación.

A diferencia de las versiones anteriores, esta vez la convocatoria -en el área académica- se abrió a premiar a un o una representante de cada universidad regional. Se reconoce así que el desarrollo y fortalecimiento de la educación superior de regiones es un esfuerzo que se realiza en todos los territorios, de sur a norte.

Los galardonados y galardonadas, provenientes de las diversas regiones del país, fueron distinguidos por macro zonas: Por el norte, Germán Sepúlveda (Universidad de Tarapacá), Miguel Mansilla (Universidad Arturo Prat), Pedro Ziede (Universidad de Antofagasta), Muriel Ramírez (Universidad Católica del Norte) y Celso Arias (Universidad de Atacama). Por la zona centro, Héctor Reyes (Universidad de La Serena). María José Escobar (Universidad Técnica Federico Santa María), Aldo Valle (Universidad de Valparaíso) y Juan Román (Universidad de Talca). Por el sur, Juan Cancino (Universidad Católica de la Santísima Concepción), Héctor Gaete (Universidad del Bío-Bío), Igor Wilkomirsky (Universidad de Concepción). Gina Leonelli (Universidad Católica de Temuco), Ana Alarcón (Universidad de La Frontera), Óscar Balocchi (Universidad Austral de Chile) y Aracelli Parada (Universidad de Magallanes).

De esta forma, la Medalla Rector Hilario Hernández puso en valor el trabajo de cada una de las comunidades educativas de la AUR, a cuyo alero existe una gran cantidad de académicos y académicas que día a día hacen aportes notables y meritorios al desarrollo universitario regional y nacional.

El escenario económico de Biobío, con su sólida tradición industrial, enfrenta el reto de asegurar su sostenibilidad en un escenario determinado por el cierre de Huachipato, riesgos al desarrollo forestal, baja actividad en la construcción y las amenazas que genera la Ley de Pesca a gran parte del sector. El desafío es gigante y requiere soluciones desde diversos frentes. Uno de estos es abordar prácticas de equidad, diversidad e inclusión de forma estratégica como una oportunidad para fortalecer el talento local y generar innovación en las organizaciones.

Debemos acelerar la incorporación de este enfoque estratégico porque resulta preocupante que la participación femenina en el mercado laboral haya caído al 28,7%, mientras que su presencia en directorios disminuyó al 19,5%, cifras que reflejan una falta de equidad que limita las oportunidades de aprovechamiento del talento disponible. Según la Segunda Radiografía de Indicadores de Género del Biobío 2024, impulsada por el Comité de Género y Liderazgo de la CPC Biobío y ejecutada por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo.

Además, el informe señala que el 54% de las empresas de la Región no miden las brechas salariales en niveles gerenciales, y el 45% tampoco lo ha hecho en jefaturas. Falta de evaluación que limita la capacidad de las organizaciones para identificar y corregir desigualdades. A esto se suma que el 46% de las empresas no implementa medidas de apoyo a la paternidad, que dificultan la corresponsabilidad en el ámbito laboral y familiar.

Estos datos evidencian que avanzar hacia una cultura organizacional más inclusiva es una oportunidad estratégica y una transformación cultural que permitirá con tiempo fortalecer la competitividad y resiliencia de nuestras organizaciones. Las empresas que promueven políticas de corresponsabilidad y acceso equitativo a oportunidades laborales reportan beneficios claros: mayor productividad, mejor desempeño financiero y un clima organizacional con mejor convivencia, según McKinsey & Company (2023).

La inclusión de más mujeres en el mercado laboral formal tiene impactos positivos a largo plazo. Las inversiones en servicios de cuidado infantil y licencias parentales adecuadas aumentan en un 5% la participación laboral femenina en países de ingresos medios y bajos, impulsando el crecimiento económico sostenible, según la OIT (2024).

Desde la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío, reafirmamos nuestro compromiso con liderar este proceso, promoviendo políticas y acciones que permitan aprovechar el talento de todas las personas. Midiéndonos, gestionamos. Gestionando, transformamos. Construir una región más equitativa, innovadora y sostenible es un desafío colectivo, y juntos podemos convertirlo en una oportunidad para liderar con resiliencia y visión de futuro.

El título de esta columna podría ser perfectamente el de una serie de televisión, pero en esta oportunidad intenta representar el sentimiento de los chilenos que a diario debemos enfrentar las diversas expresiones de la delincuencia y el crimen organizado en Chile, que ha avanzado a niveles inimaginables y nunca vistos por mí en el poco más de medio siglo de vida que llevo.

En los años recientes, nuestro país ha experimentado un aumento significativo en la percepción de inseguridad entre sus ciudadanos. Este fenómeno no solo se refleja en las estadísticas de seguridad pública, sino también en la vida cotidiana de las personas, quienes vivimos con el temor constante de ser víctimas de delitos en nuestras casas, automóviles, trabajos, espacios públicos o en el mundo digital. Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), los delitos violentos han mostrado un incremento preocupante. En 2024, se registraron 35.000 casos de robos con violencia, un aumento del 15% en comparación con el año anterior.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2023 revela que el 87,7% de los encuestados percibe un aumento en la delincuencia en el país. Esta percepción se ve reforzada por la creciente presencia de crimen organizado, especialmente en áreas urbanas. El narcotráfico y las bandas criminales han expandido su influencia, llevando a un aumento en los delitos asociados a la ley de drogas y armas. En 2024, se reportaron 12.000 casos de delitos relacionados con drogas, un incremento del 20% respecto al año anterior.

Por otro lado, las estadísticas muestran que los homicidios han aumentado en un 10% en 2024, con 1.200 casos reportados. Este aumento no solo refleja la violencia inherente al crimen organizado, sino también la capacidad extremadamente limitada de recursos y facultades legales con que cuentan hoy las fuerzas de seguridad para controlar estas actividades ilícitas.

El gobierno actual, a pesar de que ha desplegado algunos esfuerzos que buscan más en la forma que en el fondo disminuir la sensación de inseguridad mediante el plan denominado "calles sin violencia", ha enfrentado transversales críticas por su manejo del problema, quizás la inexperiencia de su administración y la necesidad de dedicar gran parte de su agenda a problemas de corte político y errores no forzados, han limitado su capacidad para abordar eficazmente el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado. Esta falta de enfoque ha sido señalada como una de las razones por las cuales las medidas implementadas no han logrado los resultados esperados.

Vivir atemorizado por el avance de la delincuencia y el crimen organizado provoca heridas profundas y permanentes para la sociedad chilena. La sensación de inseguridad afecta la calidad de vida, limita la movilidad y la participación en actividades comunitarias, y puede llevar a un aumento en la demanda de servicios de salud mental. Además, la desconfianza en las instituciones de seguridad puede erosionar la cohesión social y la confianza en todos los poderes del estado.

Finalmente, la situación de la delincuencia y el crimen organizado en Chile es un desafío complejo que requiere una respuesta multifacética. Las estadísticas de seguridad pública subrayan la gravedad del problema, mientras que las percepciones de inseguridad reflejan el impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Es esencial que las políticas públicas se enfoquen enérgicamente en la represión del delito y paralelamente en la prevención y en la construcción de comunidades más seguras y resilientes.