Por Francisca Pacheco Pérez

Un escenario dispar se ha dado en el sector vitivinícola este año en la región. Así lo explica la presidenta de la Mesa de Enoturismo del Biobío y viñatera de Florida, Susana Ruiz; y la presidenta de la Coalición Nacional de Viñateros -que agrupa a 20 asociaciones entre Valparaíso y Biobío-, Yenny Llanos, quienes aseguran que en muchos casos los costos de producción estarían superando las ganancias, por lo que el mercado sería cada vez menos rentable.

Esto sumado a la gran cantidad de productos que muchos aún guardan en bodega, genera que no se proyecte un repunte de cara a la vendimia del próximo año.

Por su parte, la seremi de Agricultura, Pamela Gatti, detalló las prioridades que tendrá el despliegue público en miras a 2025, las que además se han conversado en la Mesa Interregional del Vino -a la cual la región se sumó este año-. Entre ellos destaca la necesidad de reforzar los conocimientos de los productores en materia vitivinícola y enfrentar las brechas de comercialización.

Crisis del sector

La presidenta de la Mesa Regional de Enoturismo declaró que el sector "está un poco dividido, acá hay algunos pequeños productores han logrado vender, pero hay otros un poco más grandes que en realidad lo han hecho poco. Hay gente que tiene a granel en bodega aún, por ejemplo, 30 mil litros, y eso es mucho. Hay otros que les quedan 2 mil, o 10 mil".

No obstante, plantea que se trata de un escenario que se está dando en todo el rubro. "Yo creo que falta mercado, porque igual a pesar de que para Biobío no hay tantos recursos como hay para Ñuble, donde han invertido una cantidad de dinero en hacer cooperativas para vender su vino, tengo entendido que no han logrado hacerlo completamente", expresó.

Frente a esto, agregó que "algunos están arrancando viñas, porque la mano de obra y los insumos están caros, entonces no está atractivo. Los pocos que quedamos ahí estamos dando la batalla, esperando que venga una buena cosecha".

La presidenta de la Coalición Nacional de Viñateros, por su parte, aseguró que los precios de la uva "ni siquiera lograron cubrir un tercio de los costos de producción, aquí tenemos cepas finas que se pagaron a 100 pesos el kilo, estamos hablando de cabernet, merlot, y la producción estuvo muy baja, ya que aún se sienten los efectos de los incendios de 2023. Todo eso llevó a que siguieran abandonando sus viñedos, porque no hay posibilidad de reconvertirse". En ese sentido, estimó que un 20% de los viñateros del país ha abandonado la actividad, lo que refleja más de 20 mil hectáreas en los últimos dos años.

Al respecto, la seremi de Agricultura afirmó que "ninguna institución del Estado tiene inferencia en los precios, pero sí podemos acompañar en los otros ámbitos que requiere el sector".

Impulsar a la región

La autoridad consignó que una de las principales puntos de mejora a los que se pondrá atención en 2025 es la falta de capacitación. "Es muy limitado el acceso a formación especializada en el ámbito vitivinícola, sobre todo en pequeños productores. Existen brechas en toda la cadena productiva del vino, pero la conservación nos preocupa mucho", sostuvo.

A lo anterior se suman los desafíos tecnológicos, la ausencia de programas de transferencia tecnológica, y la apertura de nuevos mercados. "Hay una limitada capacidad para exportar y competir con otras regiones grandes. Hemos hecho charlas sobre cómo exportar y establecer sus brechas, porque no están todos en la misma categoría. Lo vamos a seguir fortaleciendo, y trabajando también en el posicionamiento de nuestros vinos, para que el Valle del Biobío sea reconocido", dijo.

En ese mismo contexto, la presidenta de la Mesa Regional de Enoturismo señaló que "en la última reunión se conversaron todas las problemáticas, se han dado recursos pero falta ordenarlos. La idea es hacer enoturismo para aprovechar la gente y poder vender, ir conociendo los mercados y unirse con más personas".

Representantes de Irade se reunieron con el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, instancias en la que abordaron temas como la mejora del sistema de permisos, acciones para la prevención y combate de incendios, crisis sectoriales, además del avance del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío. El presidente de la corporación, Paul Esquerré, destacó la disposición de la autoridad y sostuvo que "el presente año fuimos testigos de un Biobío deprimido, estancado, con una crisis de empleo e inversiones importante, sobre todo en los sectores construcción y forestal, además de ver un sector pesquero con más incertidumbre a raíz de cambios legislativos".

A lo anterior, el también gerente general de Turismo Esquerré, agregó que el aumento de la informalidad, la lentitud dentro del sistema de permisos y la obsolescencia de la infraestructura logística, "son retos importantes para el año que viene".

El delegado Pacheco en tanto, reiteró que para esta administración la reactivación económica, el desarrollo productivo y la recuperación del empleo son ejes claves y destacó el rol del plan industrial "que se ha construido con todos los actores del mundo sindical, público, académico y el sector empresarial, y en ese contexto nos reunimos con Irade, que es uno de esos actores clave para el desarrollo económico local".

Sobre el avance del plan, Esquerré fue enfático en decir que este debe traspasar al Ministerio de Economía y que "el éxito de este depende de la colaboración de todos los actores, sin distinciones, y de un real esfuerzo del gobierno en su conjunto a través de un trabajo interministerial".

El rubro de la construcción ha sido afectado, en los últimos tres años, por una serie de factores que están impactando la ejecución y concreción de proyectos de primera necesidad. Los mayores costos de construcción, el complejo acceso a crédito por parte de las empresas y la agobiante burocracia y entrampamiento en procesos mantienen una industria alicaída.

En este último punto, los hallazgos arqueológicos no previstos son una de las principales trabas que están incidiendo en el retraso de las obras, tanto del área pública como privada, es el caso de hospitales, colegios y viviendas. Por ello, los involucrados en estos procesos se encuentran expectantes ante la entrada en vigencia de la nueva Ley de las Culturas y el Patrimonio, que vendría a modernizar la normativa de conservación patrimonial y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), encargado de los protocolos procedimentales en cuanto a caracterizaciones, preservación, permisos de excavación y rescate de los hallazgos.

Lo anterior, junto a otros proyectos de ley que buscan agilizar diversos permisos sectoriales.

Desde el gremio constructor hemos abordado este tema, enfocándonos en analizar cómo conciliar el desarrollo de inversiones y la protección de los hallazgos. Esto, ya que concordamos en la necesidad de preservar y resguardar sin entorpecer el desarrollo sostenible de la ciudad. Así, desde el Grupo de Trabajo de Patrimonio hemos comenzado a estudiar la experiencia de otros países en cuanto a legislación comparada, reglamentos y procedimientos relacionados con el tema.

Dentro de las problemáticas que más preocupan están las asociadas a los tiempos de respuesta del organismo técnico, generando desajustes en la planificación de la obra, pudiendo modificar, incluso, los contratos de construcción. Como muestra: la resolución de los ingresos de los permisos están al borde de los 90 días hábiles y los estudios de caracterización arqueológica superan los 6 meses.

Lo anterior, sin duda, genera un aumento excesivo en los costos en construcción, y lo que es aún más grave, afecta directamente a la población que requiere de esas instalaciones para una mejor calidad de vida.

Esto se profundiza debido a la excesiva centralización del CMN en su area técnica, lo que dificulta la resolución de los procesos a nivel regional.

Ante este panorama, es vital la pronta puesta en marcha de la nueva normativa, teniendo en cuenta que la Ley de Monumentos Nacionales data de la década del ´70, por lo que no opera con el dinamismo requerido para el contexto de los procesos y necesidades actuales.

Por lo tanto, esperamos que con la nueva legislación se dinamicen los procesos de tramitación y evaluación y que, en la práctica, se desconcentren atribuciones de manera de fortalecer el trabajo del organismo técnico en cada región, a fin de optimizar la preservación y conservación del Patrimonio, junto a los requerimientos de la ciudad.

Carola Illanes

Arquitecta.

Vicepresidenta Comité de Arquitectura y Urbanismo

CChC Concepción