Por Karlyng Silva Leal

Bajo arresto domiciliario quedaron cuatro de los siete imputados que fueron formalizados durante la última semana por el caso Puerto Coronel, causa en la que la Fiscalía sostiene que desde la empresa se habrían realizado una serie de pagos de sobornos a autoridades políticas entre el año 2021 y 2023, junto a delitos de administración desleal y otros ilícitos tributarios por ejecutivos de la firma y empresarios locales.

Fueron seis jornadas en las que la fiscal Glenda Lagos detalló los antecedentes recabados durante más de un año de investigación que vincularía a los 7 imputados, así como intervinieron el Consejo de Defensa del Estado y los numerosos defensores de los imputados. Ayer el magistrado Daniel Ortiz Pérez. del Juzgado de Garantía de Coronel, entregó su resolución durante más de dos horas, con lo cual finalmente estableció que a esta altura del proceso judicial no existen antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva de los siete formalizados, solicitud que había realizado la Fiscalía.

Cabe recordar que en esta causa se encuentran formalizados tres ejecutivos de la empresa: Eduardo Hartwing, expresidente y fundador de Puerto Coronel; Javier Andwanter y Daniel Chamorro. Además de los empresarios Víctor Olivares y Hernán Romero, junto al exconcejal Eduardo Araya (PS) y el alcalde en funciones Boris Chamorro (PS). Todo esto a raíz de las denuncias presentadas por el actual gerente Patricio Román respecto al pago de dinero a políticos, lo que posteriormente fue investigado por la Fiscalía e Impuestos Internos.

Medidas cautelares

En detalle, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quedó bajo la cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno. Según explicó en su resolución el magistrado, los antecedentes expuestos durante la audiencia apuntan a la existencia del ilícito de cohecho y la participación del imputado en los hechos, quien por lo demás arriesgaría una pena de 4 años y un día, con posibilidad de cumplirla con beneficios sustitutivos, fundamentando la medida de menor intensidad en lugar de la prisión preventiva solicitada por la persecutora.

Las mismas cautelares se decretaron para Daniel Chamorro y Víctor Olivares, mientras que Germán Romero, Javier Andwanter y Eduardo Araya quedaron sin medidas precautorias ya que el juez consideró que no se logró establecer la participación de ninguno de los tres en los hechos formalizados.

Por su parte, Hartwig, quedó sujeto a la medida de reclusión parcial total en su domicilio y arraigo nacional, principalmente a causa de los múltiples delitos que se le imputaron.

El abogado asesor de la Fiscalía Regional, Mauricio Lártiga, indicó que el tribunal accedió parcialmente a las peticiones del Ministerio Público, decretando cautelares a cuatro de los imputados. "Respecto de tres imputados el tribunal ha señalado que no se encontraría justificado a estas alturas de la investigación dichos hechos, por lo cual decidió no decretar a su respecto medidas cautelares personales. La resolución que se nos acaba de notificar en la audiencia será objeto de estudio por parte del Ministerio Público para definir los cursos jurídicos a seguir", agregó.

Para dar continuidad a la investigación por parte de la Fiscalía, el tribunal estableció un plazo de 3 meses a contar de ayer.

Delitos

Entre los delitos investigados, la Fiscalía le imputa al alcalde Chamorro el delito de cohecho por presuntos pagos desde julio del 2021 hasta noviembre de 2023 por más de $82 millones a través de 21 traspasos por medio de empresas que prestaban servicios a Puerto Coronel, y en el caso del ex edil, Eduardo Araya, 30 pagos por la suma de $69 millones.

Sobre el delito de administración desleal se imputa a los ejecutivos de Puerto Coronel por haber desviado los dineros equivalentes a 5 mil UF; mientras que lo referente a delitos tributarios tiene relación con un perjuicio fiscal que, según Impuestos Internos, alcanza casi los $500 millones ejecutados por los ejecutivos de la empresa y los dos empresarios que habrían facilitado los mecanismos de defraudación.

500 millones aproximadamente es el monto al que asciende el perjuicio fiscal por delitos tributarios que señala Impuestos Internos

5 mil UF habría sido el dinero desviado por parte de ejecutivos del Puerto Coronel, según la investigación fiscal

7 personas fueron formalizadas: tres ejecutivos del Puerto, dos empresarios; el alcalde y un edil de Coronel

Durante la extensa formalización del grupo que se extendió por 6 jornadas, la fiscal Glenda Lagos enfatizó en su solicitud de cautelares la imposición de la prisión preventiva al alcalde Boris Chamorro al considerar que 19 de los 21 delitos de cochecho que se le imputan, habrían ocurrido antes de agosto del 2023, es decir, previo a la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos.

En detalle, esta tiene asignada penas de presidio menor en su grado medio, además de la reiteración profusa de los ilícitos, la persecutora estima que arriesga 10 años de cárcel.

Bajo reserva se dio inicio ayer a la formalización de 11 personas involucradas en el atentado que afectó al Molino Grollmus, ubicado en la comuna de Contulmo, el 29 de agosto del año 2022. Luego de más de dos años de investigación, la Fiscalía ayer presentó cargos contra 6 imputados que fueron detenidos el viernes pasado, junto a otras 5 que ya se encuentran privadas de libertad en otras causas.

La Fiscalía presentó durante la jornada de ayer los primeros antecedentes de la formalización, apuntando a los distintos grados de responsabilidad de los imputados en los delitos de incendio de una casa, así como las propiedades de la familia Grollmus que constaban del molino, el museo, una leñera, además de dos camionetas; sumando los delitos de robo con violencia e intimidación, así como porte ilegal de armamento de fuego y municiones, además de disparos injustificados, todos ellos en calidad de consumados.

No obstante, también se les imputaron cuatro homicidios calificados en grado de frustrados, tres de estos ilícitos en contra de integrantes de la familia Grollmus y el cuarto por Christian Cid, cuidador del lugar que perdió un ojo tras recibir un impacto balístico en la cara al momento del brutal ataque.

En detalle, la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva para 9 personas adultas, además de la internación provisoria para otras dos personas que al momento de los hechos eran menores de edad.

Se espera que durante la audiencia que continuará hoy a las 15 horas las defensas de los abogados, así como querellantes en la causa entreguen sus alegatos respecto a la discusión de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público tras la detención registrada el viernes pasado.

Hace unos días el contraalmirante Arturo Oxley -Lizana asumió como comandante en jefe de la II Zona Naval, ejerciendo durante los últimos años como el director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Durante la semana pasada la nueva autoridad naval participó en una serie de reuniones protocolares con el delegado presidencial, Eduardo Pacheco, así como los altos mandos locales de las policías, entre otros.

De esta forma, también durante la semana pasada visitó el destacamento de Los Ángeles, así como al Grupo de Tarea de Arauco de Los Álamos -junto al actual Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Oscar Manzano , ambos puestos de mando del estado de excepción en curso en las provincias de Arauco y Biobío.

El contraalmirante Oxley nació en Valparaíso en 1969 y se graduó de Guardiamarina el 1 de enero de 1991. Durante 18 años sirvió a bordo de las Unidades de la Armada.

Entre sus destinaciones en tierra destacan Agregado Naval y Militar de Chile en Francia, Jefe del Centro de Entrenamiento de la Armada y asesor naval de la Dirección de Planificación Conjunta del Estado Mayor Conjunto. Además, es especialista en Guerra Electrónica y Estado Mayor, posee el título de ingeniero Naval de Armamentos, diplomado en Alta Dirección y Magister en Ciencias Navales y Marítimas.

En dos operativos distintos, personal de Carabineros incautó una serie de productos de artificio que sujetos estaban comercializando en la comuna de Concepción. El personal policial recordó que estos elementos están sujetos a la ley de control de armas, además de ser riesgosos para la integridad física de quienes los manipulan, además de ser un posible factor de inicio de incendios, entre otras emergencias.

Por una parte, se detuvo a un adolescente de 17 años, quien además de ofrecer estos elementos a través de Facebook, fue sorprendido en flagrancia vendiéndolos abiertamente en el centro de Concepción, por lo que también se incautaron los artificios.

Además, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía, personal policial detuvo a un sujeto de 19 años, quien portaba 18 artefactos denominados como "torta" de 16 tiros de artificio cada uno, los cuales también eran ofrecidos a través de las redes sociales.