Por Karlyng Silva Leal

Llamadas telefónicas, informes de Conaf, información proporcionada en querellas y denuncias del Servicio de Impuestos Internos (SII), análisis de facturas y boletas entregadas por la empresa Forestal Queule son parte de los antecedentes expuestos por la fiscal de Alta Complejidad, Marcela Barahona, dando cuenta de el rol que 8 personas habrían cumplido al interior de una asociación ilícita dedicada a la receptación de madera, delitos tributarios, lavado de activos y facilitación de facturas falsas.

En la continuación de la audiencia de formalización iniciada este martes, la persecutora explicó la forma en que la organización desarrollaba un plan de negocios, el cual había sido liderado al menos entre 2020 y 2022 por Cristian Reyes Castro como administrador de la Forestal Queule; la accionista y gerente general Estela Soto Ulloa que realizó maniobras de lavado; Felipe Moraga Roa y Carlos Ayala Osses por proveer facturas falsas por servicios; además de Vladimir Chávez Neira como administrativo que gestionaba guías de despacho falsas.

A ellos se sumaba la acción en el lavado de activos a Diego Reyes Garay (hijo del líder de la organización) junto a Javier Ramírez Núñez a quien se le relaciona a organizaciones encargadas del hurto de madera.

Investigación

Hasta el momento, la indagatoria de la Fiscalía ha podido determinar que Forestal Queule SpA emitió facturas de venta al menos a las empresas Foraction, Promasa y Forestal Leonera (existiendo otras bajo investigación como Kimwood y Forestal Filomena), estas empresas efectuaron pagos a Forestal Queule.

Esta, a su vez, pagó a organizaciones encargadas del hurto de madera lideradas por Rodrigo Ormeño -conocido como El Mentolato y condenado por ello este año-, así como a Javier Ramírez, detenido en enero de este año por delitos de incendio, robo de madera, entre otros, también conocido como Coipo. Estos dos se encargaban de trasladar la madera hasta los compradores finales, es decir, las empresas que habían emitido los pagos.

No obstante, para que la madera pudiera ser vendida e ingresada al mercado formal, Felipe Moraga y Carlos Ayala se encargaban de generar facturas falsas sobre servicios; mientras que otras personas que no forman parte de esta imputación, identificadas como José García Antileo, Bernardita Salas Antileo y José Miguel Reyes, habrían entregado facturas falsas de compra para el mismo fin.

Producto de estas operaciones, la fiscal indicó que "las ventas ascendían aproximadamente a $13 mil millones, también hemos dado distintos montos que fueron transferidos a los partícipes y a los vendedores de madera y aún así hay parte importante del dinero que aún no sabemos dónde se encuentra. Obviamente respecto de estos dineros se han hecho todas las gestiones que corresponden para identificar básicamente a través de Gafilat Internacional el destino de este dinero y poder incautar o retenerlo donde se encuentra".

Un ejemplo de esto, fue que en agosto de este año el líder y su hijo Diego junto a una ejecutiva hablan por llamada de un depósito al extranjero de más de 2 mil millones de dólares. Al respecto, Barahona indicó que "es una maniobra de lavado de manual, efectuada sabiendo, queriendo y entendiendo de qué se trataba el asunto".

Registros

Entre los extensos antecedentes entregados por el Ministerio Público durante la formalización, destacan los registros de llamadas que daban cuenta de cómo la organización conocía el origen ilícito de la madera, realizaban acciones para evitar ser descubiertos, entregaban documentación falsa y efectuaban acciones de lavado de activos y ocultamiento de dinero en el extranjero.

A través de verificaciones con informes de instituciones del Estado, se determinó que los predios desde donde se aseguraba que se estaba explotando madera, por ejemplo, del fundo Toquihue en La Araucanía, desde donde las facturas indican compras por más de 170 mil metros cúbicos de materia prima, mientras que según un informe de Conaf en el mejor de los casos solo se habrían podido obtener 50.300 metros cúbicos de madera entre el 2019 y el 2022.

En la audiencia se indicó que la explotación forestal ilícita duraba incluso meses en los que los operativos de detección flagrante fueron muy escasos, ante lo cual, la fiscal indicó que la situación de seguridad en la zona no permitieron mayores resultados, ya que incluso cuando se realizaban las denuncias, personal policial no lograba ingresar a los lugares.

Durante esta jornada la audiencia será reanudada a las 9 horas, instancia en la que el tribunal decidirá si acoger las solicitudes del Ministerio Público respecto a aplicar las medidas cautelares de prisión preventiva a Cristian Reyes, Estela Soto, Diego Reyes, Felipe Moraga y Javier Ramírez; el arresto domiciliario y arraigo nacional de Carlos Ayala y Sergio Rebolledo; además del arresto nocturno y arraigo nacional de Vladimir Chávez.

2 mil millones de dólares fueron transferidos al extranjero en agosto de este año como forma de ocultar el dinero producto del ilícito

2022 es el año hasta el cual la empresa estuvo realizando actividades ilícitas relacionadas a la venta de madera robada

A partir de enero del próximo año y durante 10 meses, la Plaza Perú en Concepción y sus alrededores serán intervenidos con los trabajos de mejoramiento que están enmarcados en el programa de recuperación de espacios de alto valor social impulsado por la Delegación Regional, el Ministerio del Interior, con una inversión de la Subdere.

Al respecto, la delegada regional, Daniela Dresdner, explicó que este proyecto tiene como objetivo "mejorar los espacios para que la ciudadanía pueda ocuparlos de mejor manera y así llenar con actividades ciudadanas los espacios públicos y evitar conductas que no deseamos en estos lugares".

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, agregó que con esta intervención de carácter mayor se busca recuperar la plaza con mobiliario, arbolado, áreas verdes, junto a un proyecto del acceso desde Chacabuco a Janequeo, la calle frente a la Pinacoteca, todo esto para potenciar el sector comparte características residenciales, universitarias y gastronómicas.

Patricio Rojas, jefe regional de la Subdere, detalló que el diseño fue elaborado por el municipio y que implica una mejora sustantiva ya que "se van a eliminar una serie de espacios que son de distinta altura, pero también tiene que ver con integrar a un mismo nivel la plaza a la UdeC, la calle, el resto de los espacios para promover el uso de una plaza que signifique actividad de fomento hacia la gastronomía, un espacio para los vecinos y todos aquellos que visiten la plaza".

La inversión para este proyecto supera los $1.200 millones y considera aumentar el espacio peatonal quitando los estacionamientos vehiculares, la creación de un espacio para actividades culturales, mantener el trazado radial de la plaza, entre otros, para constituir un espacio tipo bulevar.

Desde este martes y hasta nuevo aviso, Conaf prohibió las quemas controladas en las provincias de Concepción y Biobío como una medida preventiva ante el pronóstico de altas temperaturas y fuertes vientos que se esperan en los próximos días.

Según los informes de condiciones meteorológicas, se espera un aumento de las temperaturas y vientos sobre los 30 kilómetros por hora, lo que implica un escenario propicio para la propagación de incendios forestales, lo que impide un adecuado uso de las quemas controladas en el manejo de residuos vegetales.

Al respecto, el director regional de Conaf, Rodrigo Jara, explicó que la decisión "fue adoptada tomando en consideración las condiciones meteorológicas presentes en las dos provincias. Es por ello que queremos ser muy enfáticos en el llamado a la responsabilidad de las personas. Es fundamental respetar la medida para no tener que lamentar posibles catástrofes".

Para lograr este cometido, Jara reiteró el llamado al sector del agro, principalmente a apegarse a la normativa y evitar la exposición a sanciones por realizar quemas pese a esta prohibición.

"Es muy importante que nuestras y nuestros agricultores respeten la norma y no se arriesguen a multas o sanciones más graves. Como ya se ha señalado, las condiciones climáticas son muy riesgosas. Sin embargo, si somos precavidos y si todas y todos los actores colaboramos podemos evitar los incendios de magnitud", agregó.

Los canales de denuncia habilitados tras detectar una quema ilegal incluyen el número 133 de Carabineros y el 130 de Conaf. Cabe recordar que la realización de quemas en medio de suspensiones como estas, implican multas e incluso ordenes de detención, pues la acción se considera un delito e incluso puede implicar sanciones penales que van desde los 71 días a 3 años de cárcel y multas de hasta 50 UTM.