Por Diana Aros Aros

A principios de noviembre Felipe Sandoval asumió la Presidencia de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), federación que agrupa a 11 gremios y 120 empresas de la industria pesquera del país. En este contexto, Sandoval arribó a Biobío para reunirse con los diversos representantes del sector, tanto de la industria como del mundo artesanal, ya que para su gestión "conocer las empresas, a la gente que está y poder adentrarme en lo que hacen es muy importante". En conversación con Diario EL SUR, se refirió a los proyectos que están actualmente en discusión en el Congreso y cómo el rubro pesquero está enfrentando dichos procesos.

-Hay una Ley de Pesca en discusión, pero el proyecto individual de fraccionamiento ha generado diversas reacciones entre los subsectores. ¿Qué impactos prevén desde Sonapesca en caso de ser promulgada?

-La nueva Ley de Pesca tiene un trámite que debería quitarles harto tiempo porque es una ley larga, es compleja y trata todos los temas, a pesar de que el 75% de esa ley es igual a la ley actual y sólo están cambiando un 25% de la legislación. De todas maneras, es compleja, porque al cambiar un artículo pueden afectar otro y por eso tienen que revisarla completa y eso va a tener un trámite más lento, aunque tengo dudas si discutir leyes tan grandes y largas será adecuado. Y el apuro que hay por sacar la Ley de Fraccionamiento no es lo más adecuado, porque es más que un artículo, tiene implicancias muy relevantes para la actividad pesquera del país (…) Se dice que la pesca es para quien pesca y el fraccionamiento va a dejar cuotas sin pescar, lo que va a repercutir en la economía y empleo. Es como si sólo existieran empresarios y sólo artesanales dedicados a la merluza, la anchoveta y el jurel, cuando el mundo artesanal es mucho más grande. Y esto debería tratarse con más calma, con más tiempo y en este caso debería ser con certidumbre hacia el futuro y que al cambiarlas debe ser con el acuerdo de los afectados.

-¿Y cómo se ve la disposición de llegar a estos acuerdos, si los proyectos legislativos parecen enfrentar aún más a los sectores industrial y artesanal?

-Si existiera un fraccionamiento permanente, eso es más fácil en el futuro tener una convivencia mejor porque no está la expectativa de que van a cambiar las condiciones ni de cuánto tiene el uno o el otro. Pero para poder hacer eso, se debe hacer con más calma, no apresurando un proyecto en uno o dos meses y esperamos que en el Senado se le dé un tratamiento que permita poder llegar a una buena solución. Es nuestra petición, es lo que pensamos que es lo más adecuado y ojalá que el Gobierno lo entienda así también.

-El ministro de Economía, Nicolás Grau, manifestó que tienen la intención de ingresar indicaciones exclusivas para Biobío y Ñuble en el caso del fraccionamiento. ¿Cuáles debiesen ser estas indicaciones y hacia dónde se deben orientar?

-El Gobierno debiera pensar en el impacto del empleo que está generando. En el caso del jurel, debería existir un acuerdo y no un fraccionamiento impuesto, y lo que es muy importante, es que cuando se modifica el fraccionamiento aumentando el artesanal, la industria paga un impuesto específico que se da sólo en la pesca y que no lo pagan los artesanales, entonces deja el Estado de tener ingresos y eso es un cambio de condiciones, porque cuando se cambió voluntariamente este sistema, a la industria se le dijo que sólo se le quitará un porcentaje de la cuota que ya estaba licitado y ahora les están diciendo que se licitará más para financiar lo que ellos no van a poder pescar porque lo pescarán los artesanales. Entonces, deben solucionar el tema de los recursos que no tienen y se evitan el problema de un alegato de cambio de condiciones.

-En el caso de la industria de la jibia, se trató de impulsar desde Biobío, pero el Ejecutivo declinó esta opción. ¿De dónde viene tanta controversia cuando el mismo sector industrial ha dicho que está preparado para retomar esta actividad?

-La controversia siempre es propia de los intereses que hay en el mismo sector. Pero lo que pasa en la jibia es que la cuota fijada para poder capturarla no se captura la totalidad que tienen los artesanales y los industriales no capturan porque, si bien legalmente no hay un impedimento, les pusieron una condición de pesca que hace imposible la captura. Entonces, queda jibia en el agua y eso genera menos empleo y actividad económica. Pero el otro efecto a largo plazo es que, en algún minuto, la jibia se va a tratar igual que el jurel, que se trata a nivel internacional, y esto se determina con la historia de pesca de cada país. Y como aquí no se captura todo lo que está disponible para capturar, tenemos menos historia y ocurriría que quedaría menos jibia para Chile en relación a otros países y eso va a afectar a todos, y por eso es importante acciones para poder capturar el 100% de la jibia.

-¿Usted cree que se han manejado correctamente, a nivel de autoridades, los proyectos legislativos de la pesca?

-Uno siempre tiene la esperanza de que se abran a escuchar los argumentos y se empapen de las situaciones que se están viviendo, sobre todo en Biobío. Cuesta entender que en una región que está con problemas de empleo no se busquen soluciones que aumenten la actividad a futuro y lo que ha faltado en esta discusión es que muestren los datos que tienen. Aquí yo creo que falta un informe de impacto social y económico que se pueda tener presente en la discusión legislativa.

El Grupo CAP realizó su segundo Capital Market Day, evento dirigido a sus inversionistas y analistas, instancia en la cual presentaron los avances en la Estrategia 2030 de la compañía y revelaron los planes de crecimiento de sus empresas operativas. El gerente de Administración y Finanzas de la multinacional, Felipe Burr, contó que "durante este año hemos dado pasos decididos en nuestra Estrategia 2030, a través de la cual buscamos construir un portafolio integrado de negocios entre todas las compañías del Grupo". Tras repasar la participación que CAP tiene en los diversos sectores críticos para la economía nacional, Burr dejó un espacio para aclarar el futuro de Huachipato tras cesar indefinidamente sus operaciones siderúrgicas.

Burr detalló que la empresa está trabajando en el diseño de lo que será el Huachipato del futuro, en un proyecto denominado "Huachipato 2.0". Con esto, CAP ratifica que seguirá invirtiendo en el Biobío y trabajando para que Huachipato vuelva a ser un motor de desarrollo del país y la Región. Huachipato 2.0 contempla la creación de cuatro zonas: Hub Logístico, Hub Industrial, Hub de Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo Industrial, y un Espacio de Conservación Ecológica.

En el primero de ellos, CAP buscará potenciar su puerto de graneles ubicado en Huachipato, el cual tiene una conectividad privilegiada y una ubicación estratégica para absorber el crecimiento del comercio internacional a través de la Región. El Hub Industrial, en tanto, apunta a potenciar el desarrollo de industrias basadas en materiales críticos para la descarbonización de Chile y el mundo. En este polo se enmarca el piloto de acero verde que la firma está trabajando con sus socios alemanes de SMS Group, empresa líder en proyectos de descarbonización para la industria de los metales, y con el Ministerio de Economía alemán.

En el caso del Hub de Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo Industrial, buscarán promover la innovación y la transferencia tecnológica, mientras que en el Espacio de Conservación Ecológica se pretende preservar la biodiversidad de la zona y eventualmente abrir espacios a la comunidad.

4 serán los "hub" que impulsará CAP en materia de industria, tecnología, emprendimiento y conservación ecológica.

La Junta de Vigilancia del río Biobío junto a Enel Generación Chile firmaron por quinta vez un acuerdo operacional para la gestión de derechos de aguas con el objetivo de dar seguridad hídrica durante la temporada de verano.

De esta forma, se regula de mejor manera las extracciones de agua desde el embalse Ralco para la generación de electricidad, de manera que las aguas embalsadas prolonguen el caudal que se requiere y así diversos usuarios de la cuenca, como regantes, Essbio y otros usuarios, puedan extraer o beneficiarse del recurso de forma regulada y eficiente.

El presidente de la Junta de Vigilancia del río Biobío y sus afluentes, Juan Vallejos, explicó que "es un hito muy importante para la gestión del agua en la cuenca del río Biobío, especialmente porque nos permite dos cosas: en primer lugar asegurar el agua de todos los usuarios para el verano, que cuando viene seco se nos ha complicado antes de tener estos acuerdos, y en segundo lugar nos permite tener niveles aceptables de almacenamiento para las lluvias en el verano, lo que nos ha permitido acumular agua".

Eduardo Pérez, head of Business Unit South at Enel Green Power, planteó que tras cada coordinación han generado buenos resultados y que "este convenio surge de un problema de escasez que tuvimos en el pasado y que, aprovechando la infraestructura del embalse Ralco, permite asegurar el uso del recurso hídrico para el sector hidroeléctrico, sanitario e industrial".