Por Redacción

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla por su participación en delitos de soborno, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

El exjefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2015 y 2021, es indagado por el Ministerio Público por presuntamente haber entregado información al penalista, que está en prisión preventiva desde finales de agosto, sobre diligencias de alta connotación pública.

Todo esto explotó luego de que se diera a conocer el caso audios, en el que se revelaron gestiones de Hermosilla y algunos asociados para ayudar a clientes a el evadir pago de impuestos. Analizados los teléfonos del abogado, surgió una serie de mensajes con Guerra y otros actores judiciales y políticos .

La acción del CDE, interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acusa a Guerra y Hermosilla de mantener contactos constantes y abordar asuntos reservados en casos como Exalmar, Penta y Dominga, que involucraban al fallecido expresidente Sebastián Piñera o a cercanos y colaboradores suyos, y cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos.

El organismo señaló que, "de acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Manuel Guerra 'entregaba de forma permanente al querellado Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas. Y en este mismo contexto ilícito adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo'".

"Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional adoptara decisiones 'no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados', solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, diversos beneficios económicos tanto para sí como para terceros", concluyó el CDE.

Horvitz aplaude

La acción del CDE es similar a la querella presentada por los abogados Mauricio Daza y María Inés Horvitz hace unas semanas, también debido a la presunta incidencia de Hermosilla -a través del exministro del Interior Andrés Chadwick- en el actuar de Guerra.

Por ello, Horvitz -quien fue consejera del CDE y ahora encabeza la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve ante la denuncia por violación en su contra- alabó al ente estatal: "Me complace saber que la institución a la cual pertenecí y que fue ilícitamente excluida del Caso Penta en razón de actos de corrupción del exfiscal Guerra y de Luis Hermosilla, ha resuelto intervenir y perseguir las responsabilidades penales correspondientes por los mismos delitos imputados por nosotros".

Los dos calurosos días de elecciones municipales y regionales fueron especialmente duros para los vocales de mesa, varios de los cuales han expresado por diferentes medios las precariedades que debieron enfrentar en ambas jornadas, especialmente el domingo, cuando comenzaron a trabajar a las 8:00 de la mañana y para muchos se extendió hasta más allá de las 2: de la madrugada del lunes.

En una carta a El Mercurio, Alejandra Donoso Rosselot se identificó como presidenta Mesa 134 del Saint George's College y expuso que "la labor de vocal de mesa debe de ser de las más abusivas que existen. Dos días de elecciones. Doce horas de trabajo el primero, y más de 17 el segundo. Sin tiempo para descansar, literalmente, ni un minuto. Llegar de vuelta a la casa a las 02:30 para salir a trabajar cinco horas después... Si esto no es pasar por encima de los derechos de las personas, no sé qué es".

"No nos dieron ni una colación, estuvimos hasta las 2.30 de la mañana, no había ninguna locomoción a esa hora para mí, que estaba en una comuna distinta a la que vivo. De hecho, me tuve que poner al lado de un militar para que no me asaltaran", fue el testimonio de Diego V, de 35 años, quien fue vocal de mesa en un colegio de Pudahuel. Y su queja también apunta a que "salí super tarde y el lunes a las 8 tenía que estar trabajando".

Ante situaciones como esta, el diputado Diego Ibáñez (FA) presentó un proyecto de ley que busca otorgar un permiso laboral pagado a quienes les toque ejercer como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos.

La normativa establece que los vocales reciben un bono por el rol que cumplen. En este caso, como la elección fue de dos días, el monto es cercano a los 60 mil pesos. "Sin embargo, hay una cuestión relevante que no se toma en cuenta. Aunque las personas designadas reciben un pago por desempeñar dichas funciones, no se considera el impacto físico y mental de las jornadas extenuantes, para que luego, sin consideración alguna, deban retomar sus funciones laborales propias sin haber podido descansar correspondientemente", señaló el parlamentario.

Por ello solicitó modificar el Código del Trabajo y agregar artículos en los que se indique que "los trabajadores señalados en el artículo anterior que hubieren sido designados vocales de mesas receptoras de sufragios tendrán derecho a un día de permiso laboral pagado el día hábil siguiente al término de los comicios".

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como "trillado" que ciertos sectores políticos apunten a que la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, especialmente en el caso de la Región Metropolitana entre Claudio Orrego y Francisco Orrego, se podría transformar en un plebiscito respecto del desempeño del Gobierno. También expresó preocupación por la baja cantidad de mujeres elegidas.

En 24 Horas, la vocera de La Moneda afirmó que "transformar cada elección en un plebiscito al Gobierno es un poco trillado. Eso no funciona así. Para la evaluación que hace cada persona concurren muchos factores. Puede que haya una intención de la oposición de hacerlo parecer un plebiscito".

Por lo que sí manifestó preocupación fue por "la baja elección de mujeres como autoridades locales y regionales", pero admitió que fue "justamente porque se llevaron muy pocas en las listas. Es un tema para seguir discutiendo, porque tuvimos una ley de paridad para elegir representantes en periodos anteriores como fueron los procesos constitucionales. En el caso de las autoridades locales no lo hemos tenido, hay que tomar nota para las futuras elecciones".

Otra consecuencia de la elección fueron las derrotas de figuras del oficialismo, como Irací Hassler (PC) en Santiago y Emilia Ríos (FA) en Ñuñoa,quienes quedaron disponibles para nuevos cargos, ante lo cual diputados de la UDI reaccionaron por anticipado y calificaron como "un error" que se llegue a considerar siquiera para el inminente cambio de gabinete que se espera para las próximas semanas.

"Cuando los chilenos deciden castigar la gestión de un alcalde, lo mínimo que esperan es que después no sea premiado con otro cargo público", dijeron representantes de la bancada gremialista.-