Por Leo Riquelme

Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanaron ayer dependencias del diputado UDI Joaquín Lavín, quien es investigado por presunto fraude al fisco a través de la supuesta emisión de facturas ideológicamente falsas emitidas con cobro al Congreso, pero que supuestamente era por servicios relacionados con la municipalidad de Maipú en la época en que la alcaldesa era su esposa, Cathy Barriga, imputada por delitos de corrupción en su administración.

"Ya llevamos más de tres años de investigación y siempre hemos estado disponibles a colaborar, así como ha sucedido en la diligencia del día de hoy. Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida para que así también se puede resolver todo esto de manera muy rápido", dijo escuetamente Lavín a la salida de su casa.

"Eso es lo que puedo señalar porque la verdad desconozco la denuncia", agregó.

Los detectives llegaron primero a la oficina del parlamentario en el Congreso, en Valparaíso, donde entrevistaron a su secretaria y se llevaron documentación.

Otro grupo policial hizo lo propio en su oficina distrital y luego en su hogar, en Peñaflor, donde sí estaba el parlamentario. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente indicaron que Lavín prestó colaboración y desde la casa se llevaron dispositivos móviles y tres computadores.

Videos mostraron a Lavín conversando con los policías en el jardín de la vivienda que comparte con Barriga, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por el caso abierto en Maipú, donde se le indaga por el destino de 30 mil millones de pesos.

Según radio Bío-Bío, el parlamentario es indagado por rendir en el Congreso trabajos que eran para el municipio maipucino, lo que se hacía a través de un asesor del congresal.

"Esta es una investigación en la cual solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín, por el momento", dijo la fiscal Constanza Encina, quien lideró las diligencias autorizadas por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

Lavín también es investigado por una inversión de 48 millones de pesos en criptomonedas entre 2018 y 2021, cuyo origen de los fondos no fueron aclarados.

Llamada de aviso

El allanamiento en Valparaíso sorprendió a los parlamentarios que estaban en ejercicio, quienes desde 2018 que no presenciaban una diligencia de este tipo. En dicha ocasión afectó al RN Maximiano Errázuriz y fue por irregularidades en el arriendo de sus oficinas distritales pagadas a costo fiscal.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, contó que temprano le llamó por teléfono el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para informarle de la diligencia contra Lavín, a fin de que se le otorgaran facilidades a los detectives.

Tras el revuelo inicial, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que desconocía los hechos que le imputaban a Lavín León, agregó que en su partido "respetamos y defendemos la presunción de inocencia", pero añadió que "no están los tiempos para defensas corporativas" y apuntó que si se confirman las irregularidades tomarán medidas como colectividad, precisando que ellas pueden ser la suspensión o la expulsión de su militancia.

"Pediremos antecedentes para conocer la causa. Que la Fiscalía actúe con la mayor velocidad (...) La institucionalidad debe actuar rápida y que no queden dudas", manifestó el diputado.

La jefa de la bancada RN, Ximena Ossandón, apuntó que la "transparencia debe ser el estándar entre los políticos" y pidió que las investigaciones se desarrollen "caiga quien caiga".