Por Redacción

El Gobierno informó ayer que en las próximas horas enviará un vuelo humanitario para llevar a lugares seguros a los ciudadanos chilenos que aún permanecen en el Líbano, que sufre una campaña de ataques israelíes, principalmente en bastiones del grupo chií libanés Hezbolá.

"He instruido la realización de un vuelo humanitario al Líbano para trasladar a ciudadanos chilenos y llevarlos a lugares seguros", dijo el presidente Gabriel Boric, en su cuenta de X.

Añadió en la red social que "la guerra y su miseria siempre la pagan los más humildes".

Previamente a ese mensaje, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea señalaron a través de un comunicado que el Presidente de la República, instruyó "la realización de un vuelo de carácter humanitario para trasladar a ciudadanas y ciudadanos chilenos que permanecen en el Líbano".

Agregaron que "se están realizando todas las coordinaciones necesarias" para llevar a cabo la operación y que se informarán los detalles de la misma "dentro de las próximas horas".

Según se ha indicado desde la Cancillería, hay 43 chilenos registrados por la cartera que se encuentran en Líbano.

De acuerdo a las cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 200 mil personas han abandonado dicho país hacia Siria desde que inicio la invasión de Israel por el sur del Líbano.

Otros sudamericanos

La medida anunciada por el gobierno chileno se suma a la de otros países, como Brasil o Colombia.

El primer avión enviado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para repatriar a ciudadanos brasileños del Líbano tiene previsto llegar a São Paulo hoy, según informaron fuentes oficiales.

El avión, un KC30 de la Fuerza Aérea, llegó el sábado a la capital libanesa procedente de Lisboa y partió después de embarcar a 229 de los 3.000 brasileños que han pedido ayuda al Gobierno para abandonar la zona de conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, Colombia confirmó recientemente el arribo de un vuelo humanitario con más de un centenar de ciudadanos del país cafetero que trasladó a personas desde el país levantino.

Conflicto armado

Israel y el grupo chií Hezbolá han mantenido un intercambio de fuego constante desde octubre del año pasado, que se intensificó hace más de diez días con una campaña de bombardeos israelíes sobre territorio libanés, que llegaron a su punto álgido tras la muerte en Beirut del líder de la organización paramilitar, Hasán Nasrala.

Desde el comienzo de las hostilidades, los ataques de Israel en el sur, el valle de la Becá y la capital, Beirut, han fallecido casi 2.000 personas y han obligado a más de 1,2 millones a abandonar sus hogares, principalmente en el sur y el este del país mediterráneo.

Cabe recordar que durante la segunda mitad del 2023, en medio de embates entre Hamás e Israel en Gaza, también se instruyó realizar vuelos humanitarios, lo que llevó a la Fuerza Aérea de Chile movilizarse a la zona del conflicto bélico.

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que "es absolutamente falso, jamás intervine en modo alguno en esas investigaciones, ni ante el entonces fiscal Manuel Guerra" por las causas Penta y Dominga, entre otras, como reveló una filtración de chats entre el expersecutor y el imputado por el Caso Audio, Luis Hermosilla.

Estas conversaciones, en las que incluso es mencionado el ex Presidente Sebastián Piñera, amigo de los empresarios imputados por Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, "corresponden a una más de múltiples filtraciones (... y son), por lo mismo, de cuestionable veracidad", agregó la exautoridad.

La diputada y jefa de bancada PPD, Camila Musante, dijo en radio Cooperativa que "no queremos que el caso Hermosilla y la arista de tráfico de influencias en el Poder Judicial termine con clases de ética", como pasó con Délano y Lavín, "porque no pueden haber dos justicias en Chile".

El Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó ayer las nóminas de vocales de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2024.

El rol es designado por las Juntas Electorales y cada persona puede consultar con su RUT si fue o no nombrado para las jornadas de voto obligatorio.

Cabe recalcar que en esta ocasión las elecciones se realizarán durante dos días, el sábado 26 y domingo 27 de octubre, y los vocales designados serán remunerados con un total de $56.864 por el trabajo desempeñado, con $28.432 por día.

Consultas

Para saber si el ciudadano fue designado como vocal de mesa se puede ingresar al sitio web consulta.servel.cl, escribir el número de RUT sin puntos y con guión, y marcar la casilla de "No soy un robot".

Tras pinchar en el botón "Consultar", la plataforma procesa el resultado, y entrega, además, información como local y mesa para la votación.

Los ciudadanos que no pedan ejercer esta responsabilidad cívica, podrán excusarse desde el lunes 7 al miércoles 9 de octubre ante la Junta Electoral que correspondiente. El sábado 12 se publicarían los vocales definitivos.

Alcanzar consensos totales no solo es improbable, sino también incompatible con la idea de democracia. Y es que la pluralidad es un rasgo propio y necesario de la comunidad política. Sin embargo, aquello no puede hacernos perder de vista que el adecuado funcionamiento de cualquier comunidad política un acuerdo en lo fundamental. En el fondo, la gobernabilidad de un Estado depende de la solidez de ese acuerdo y de los consensos que se forman alrededor de él. Esos consensos deben ser los suficientes para poner en marcha una hoja de ruta eficiente para alcanzar los fines del Estado.

En ese sentido, pareciera que hoy en Chile existe un cierto consenso acerca de la necesidad de mejorar nuestro Poder Judicial, y reforzar su independencia y la probidad de sus miembros. La pregunta es cómo hacerlo. Al respecto debemos recordar que las reformas judiciales han sido una preocupación nacional, por lo menos, desde 1991. Pero los recientes acontecimientos que hoy en día afectan a miembros de la Corte Suprema llevan a poner sobre la mesa el tema del sistema de generación y designación de jueces y magistrados del Poder Judicial.

Desde luego, no se está frente a un asunto menor: a diferencia con otros órganos del Estado, la legitimidad del Poder Judicial no pasa por elecciones o la popularidad de las decisiones que tome, sino por idoneidad y el cumplimiento estricto de sus funciones. Pero cuando estas exceden lo jurisdiccional, éstas últimas pueden disiparse o no cumplirse de debida forma. Por ello, bien se haría sí las competencias administrativas, de gestión, de nombramiento, carrera judicial y disciplinarias pasan a un órgano distinto y que sea descentralizado, sin que se caiga en reformas que politicen la jurisdicción, como hoy se discute en México, o que excluya a los que conocen la realidad judicial: los jueces.

De hecho, la modificación de un sistema de generación y designación de jueces y magistrados del Poder Judicial para Chile, pasa por reconocer las ventajas que tiene el modelo institucional actual y las condiciones que impiden que puedan atender las nuevas situaciones. Cualquier reforma debe hacerse pensando siempre en robustecer la independencia y la imparcialidad de los jueces, así como también su idoneidad. En esto no debemos caer en la tentación de copiar modelos que en otras latitudes presentan deficiencias importantes, y que han resultado ser malas soluciones, al abrir paso a la politización de la justicia. La generación debiera considerar además una mayor participación de ministros de cortes de apelaciones y de jueces de letras, por ejemplo en la provisión de cargos en los territorios jurisdiccionales de dichas cortes.

El asunto es que el tema no puede llenar cada cierto tiempo los periódicos y noticias. Se hace indispensable dejar de postergar la reforma, como se viene haciendo ya hace décadas: al final, se está incubando una sensación de politización de la justicia que fomenta la desconfianza ciudadana en las instituciones; lo cual sumado a la inseguridad, aviva un deseo reprochable de "justicia" por mano propia y el temor insostenible de padecer la injusticia; y, sin duda, un Estado democrático no se sostiene solo con elecciones.

Édgar Hernán Fuentes-Contreras

Profesor de la Facultad de Derecho e Investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes.