El 01 de octubre de 2021, en virtud de la ley 21.302, se instaló el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, lo que implicó el traspaso de todo el sistema proteccional de SENAME a este nuevo organismo, incluyendo su dependencia administrativa, pasando del Ministerio de Justicia y DDHH al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fue así como esta nueva institución toma la responsabilidad de garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que están gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos.

El Servicio cumple su mandato en el marco de la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, formando parte del Sistema de Garantías. Además de brindar protección especializada a los niños y adolescentes en riesgo, también establece coordinación para que ellos y sus familias accedan a las prestaciones complementarias de otros sectores.

Este tercer aniversario queremos hacer una profunda reflexión sobre lo que hemos avanzado, pero especialmente respecto de la forma en que enfrentamos los desafíos futuros. Actualmente, en la región del Biobío, hay 13.308 niños, niñas y adolescentes que son sujetos de atención del Servicio y el 14% de ellos se encuentra en cuidado alternativo, ya sea en modalidad residencial o con familias de acogida.

En virtud de la complejidad de las situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes, como violencia intrafamiliar, explotación sexual, consumo problemático de drogas, resulta imprescindible el trabajo colaborativo y articulado con las distintas instituciones del estado que realizan acciones hacia nuestra población objetivo, tales como, Poder Judicial, Carabineros, PDI, Ministerio Público, Servicios de Salud, SENDA, entre otros. En este sentido, como Servicio de Protección, a través del trabajo intersectorial y con nuestros equipos de profesionales que trabajan en los programas de protección especializada, nos preocupamos de brindar el apoyo psicosocial a niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el propósito de fortalecer su desarrollo integral, reparando y resignificando el daño y previniendo de manera oportuna nuevas vulneraciones.

Sabemos que la implementación del Servicio no ha estado exenta de dificultades, pero tenemos certeza que contamos con un equipo profesional comprometido con los desafíos que implica la atención especializada de niños, niñas y adolescentes, y que su trabajo consistente ha permitido avanzar, aumentando el número de familias de acogida, abriendo nuevas residencias familiares de administración directa y estableciendo nuevas alianzas que permitan darle mayores oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de la región.

Sin duda resta un largo camino por recorrer, y la realidad nos desafía constantemente, sin embargo nuestra convicción permanece intacta, para junto a nuestros funcionarios, funcionarias y organismos colaboradores acreditados, proteger, reparar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.

El informe de desarrollo humano sostenible, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realiza una interesante radiografía a nuestro país desde el punto de vista social y político, con las miradas de las élites económicas, políticas y la ciudadanía.

Se muestran una serie de datos muy interesantes, pues la base de comparación es bastante amplia, ya que este tipo de informes se realizan desde el año 1998, y han sido claves también en poner en discusión el tema del malestar ciudadano que llevó finalmente al estallido social del 2019.

Hay, por supuesto, miradas contrapuestas entre la ciudadanía y las élites, mientras la primera identifica como villanos/as a los empresarios/as y políticos/as de la ausencia de cambio y solución a los problemas de la ciudadanía en pensiones, salud y seguridad y otros, las élites identifican a la ciudadanía como individualizada y con poca capacidad de transformación.

Existe una mirada pesimista, más de un 60% de las personas encuestadas para este estudio considera que estamos peor y que el futuro no es muy promisorio. Por otra parte, la elite económica no menciona siquiera la temática ambiental como relevante para los temas del desarrollo futuro y miran con añoranza lo logrado en las décadas pasadas.

Aunque el tema ambiental no está muy presente en las élites, sí lo está en la ciudadanía. Este divorcio no es nuevo, y sigue causando algunas dificultades en cómo abordar la crisis ambiental actual y en la oferta de soluciones viables y económicamente costo-efectivas. Así, para la élite económica, uno de los problemas que se enfrentan es el excesivo tiempo de tramitación de los procesos para llevar adelante una inversión, en la región del Biobío este supera en más de 100 días el promedio país, por ejemplo.

Por otra parte, la ciudadanía ve a los proyectos de inversión como verdaderas amenazas, que no traen beneficios locales y que provocan un aumento de la degradación ambiental y contaminación. Entonces surge la pregunta de ¿cómo avanzar en este ambiente de poco diálogo y confianza? Allí comienza a aparecer un rol importante para quienes nos desempeñamos en la academia e investigación científica, pues es en la evidencia y los datos disponibles, que siempre son escasos, en los que debiéramos basar nuestras decisiones de inversión, pero también cautelando el bien común.

Creo que es importante avanzar hacia procesos en que el ganar-ganar sea una meta, es decir, que todos ganemos con la decisión de inversión que se tome y que, definitivamente, sea también un vehículo para el desarrollo sostenible de la región. Si pensamos mejor los proyectos y consideramos el bien común como meta, es probable que las decisiones de inversión enfrenten menos resistencias que las que aparecen hoy en día para avanzar y salir del rezago en que nos encontramos como región. Esta es una oportunidad también para las candidaturas que han manifestado interés en dirigir los destinos de la región por los próximos 4 años.

En las próximas semanas, las elecciones de gobernadores y consejeros regionales serán una oportunidad para que las nuevas autoridades impulsen proyectos de infraestructura clave que potencien el desarrollo de las regiones.

Dado el escenario económico en Chile -donde se proyecta un crecimiento menor al 2% a lo largo de la próxima década-, es fundamental impulsar el crecimiento y productividad a través de estrategias de inversión basadas en el territorio. Por ello es una oportunidad que las autoridades electas puedan potenciar proyectos de inversión en sus regiones, con el fin de dotar de infraestructura habilitante para las comunas, lo que también produce empleo, reduce la desigualdad y combate la pobreza.

En esa línea, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) publicó un documento con propuestas sobre políticas en este ámbito destinado a los candidatos y candidatas, con el fin de que las incorporen en sus programas y futura gestión. Algunos de los ámbitos que se relevan son la infraestructura logística, digital, transmisión, recursos hídricos y la creación de una nueva institucionalidad, entre otras iniciativas.

Es fundamental el rol de los gobernadores para liderar estrategias de desarrollo locales. La propuesta del CPI señala que deben aprovechar sus capacidades para crear "Comisiones regionales de infraestructura" que tengan la labor la identificación de proyectos de infraestructura relevantes para la región, en debida coordinación con los organismos planificadores a nivel nacional.

El escenario económico y de cambio climático, nos muestra áreas vitales donde se debe poner atención: la escasez hídrica, lo que representa el desafío de que las comunidades cuenten con abastecimiento a través de proyectos tan variados como plantas desaladoras, el reúso y la infiltración, por mencionar algunos. Al mismo tiempo, si nuestro país quiere ser una potencia exportadora y retomar el crecimiento, debe contar con puertos de gran escala como el proyectado en San Antonio y otros, los que optimizarán la cadena logística y nos conectarán con Asia Pacífico.

También los gobiernos regionales pueden adoptar nuevas herramientas para concretar grandes obras: la Ley de Concesiones, que tantos beneficios ha traído al país y ha apalancado recursos para la construcción de hospitales, cárceles, centros culturales, aeropuertos y autopistas; la ley de Financiamiento Urbano Compartido que permite incorporar recursos privados para dotar de equipamiento urbano y espacios públicos a nuestras ciudades, entre otros. Al mismo tiempo, existen otras fuentes de financiamiento que permiten llevar adelante iniciativas de inversión a la infraestructura de transporte, tal como la ley Espejo del Transporte Público.

Si queremos que en todo el país haya ciudades inteligentes -y no solo en las grandes urbes-, las autoridades también deben considerar que fomentar la infraestructura digital es indispensable, como también la destinada a la transmisión de energía y al transporte limpio.

Trabajar por nuestro país requiere planificación y estrategias que permitan continuar con que Chile siga por la senda del crecimiento. Creemos imperativo que los futuros gobernadores y consejeros regionales tomen en cuenta estas propuestas e impulsen un desarrollo que permita no solo el crecimiento económico, sino también una mejor calidad de vida para sus ciudadanos