Por Diana Aros Aros

El cierre indefinido de Siderúrgica Huachipato abrió múltiples discusiones en torno a cómo dinamizar la economía y el empleo regional. Y es que la suspensión de operaciones en la usina generará una afectación de 2.500 empleos directos y alrededor de 20 mil puestos trabajo indirectos, según estimaciones, por lo que diversos gremios han planteado opciones para recuperar la actividad productiva en la zona. Desde Pescadores Industriales del Biobío propusieron reactivar la captura de jibia en el sector, la que fue desestimada en 2019 tras la promulgación de una ley que obligó a los industriales a no participar de su captura, lo que, de acuerdo a datos del mismo gremio, generó el cierre inmediato de tres líneas de proceso ubicadas en Talcahuano, Coronel y Lota.

"La propuesta de la pesca industrial de retomar la captura de la jibia no está enfocada directamente en los trabajadores de Huachipato que quedarán cesantes, sino en ser un aporte inmediato para generar dinamismo en la economía regional. Esto, por la vía de reimpulsar actividades generadoras de empleo en el propio territorio afectado, que además demandan bienes y servicios e inyectan recursos frescos a las economías comunales", comentaron desde Pescadores Industriales del Biobío.

Además, precisaron que se trata de una alternativa que no requiere ningún tipo de inversión, no tiene costo fiscal ni tampoco perjudicaría al sector artesanal, así como tampoco impactaría a los ecosistemas. "El recurso se encuentra en abundancia y existe la capacidad para retomar a la brevedad esta actividad productiva", explicaron del gremio.

Una solución a la inversión y el empleo

Consultado por la situación del sector forestal y la idea de seguir impulsando la construcción industrializada en madera, el presidente regional de Corma, Alejandro Casagrande, indicó que la "bioeconomía" podría ser parte de las soluciones en materia de inversión y empleo. Sin embargo, fue enfático en decir que se debe tener un plan concreto de cómo el Biobío enfrenta problemas de empleabilidad -como es el caso de Huachipato- y también que "lo que se requiere ahí es que, efectivamente, se aborde con un equipo y se solucionen estos trámites y esta permisología que está afectando (…) El mismo ministro de Economía dijo hace meses que lo que tiene que pasar es que el trabajador o empresas que están en un bajo dinamismo, se muevan a sectores de un mayor dinamismo, y para eso hay que crear un plan y este plan tiene que poner en el centro a las personas. No es llegar y trasladarlas de un sector productivo a otro".

En relación a esto, Casagrande añadió que "si se dan las oportunidades, en este caso de la construcción en madera, que se tramiten los proyectos y sean aprobados, estaríamos generando un polo de dinamismo que podría absorber trabajadores. Pero para eso hay que generar un plan para el traslado de trabajadores a esa actividad".

Estas propuestas han sido discutidas también en la mesa tripartita que lidera la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria del Biobío, junto al gobierno central y regional, además de empresas de la zona, quienes iniciaron hace meses un trabajo para focalizar el rumbo del desarrollo de la Región. Además, se espera que el trabajo de esta mesa sea parte del plan comprometido por el ministro de Economía, Nicolás Grau, el cual debiese conocerse en un par de semanas y que ayudaría a mitigar el impacto en el empleo tras el cierre de la usina.

Este martes fue publicada en el Diario Oficial la decisión de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas de poner término anticipado a la investigación por eventual dumping en los precios de importación de barras de acero. El inicio de esta investigación fue publicado el pasado 9 de diciembre de 2023, tras acoger la solicitud de Siderúrgica Huachipato, pero en su sesión realizada el pasado 21 de agosto de este año tomó conocimiento "de la comunicación de hechos esenciales presentada ante la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 7 de agosto de 2024, mediante la cual se anuncia el inicio de 'un proceso de suspensión indefinida de su actividad siderúrgica, proceso que culminaría en el mes de septiembre', actividad que incluye la producción de barras de acero para fabricación de bolas para molienda convencionales".

Así, y de manera unánime, la comisión determinó el fin de este proceso sin recomendar la aplicación de medidas. Lo anterior, luego de que Huachipato desistiera de ser parte del proceso.

Recordemos que en una primera instancia la comisión determinó en marzo un promedio de sobretasas del 15,3%, cifra que fue ratificada en abril por ser insuficiente para las empresas, por lo que se aplicaron salvaguardias provisorias del 24,9% para barras de acero y un 33,5% para bolas de molienda.

Frenar el dumping

Tras conocerse esta decisión, desde Molycop informaron que se trata de una "consecuencia natural después que Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) detuviera definitivamente sus operaciones. Por lo demás, CSH solicitó dejar sin efecto esa investigación. En el mercado de bolas la realidad es otra. Molycop continúa sus operaciones y sigue enfrentando el dumping chino y el daño que genera".

Asimismo, pidieron que en la investigación en torno a bolas de acero -que es separada e independiente de la de barras- "se apliquen medidas definitivas que puedan frenar el dumping chino".

Se espera que la fecha de resolución se mantenga para el próximo 9 de septiembre.

En el marco del Plan de Control y Fiscalización por Fiestas Patrias en la Provincia de Biobío, se llevó a cabo un operativo en la feria de animales de Los Ángeles, Tattersal. La delegada provincial, Paulina Purrán, indicó que "estamos fiscalizando el transporte de animales, un trabajo que hace el SAG todo el año, que se intensifica en estas semanas producto del aumento del consumo de carne en esta fecha. A nivel provincial, vamos a estar también trabajando con Carabineros y todos los servicios en un despliegue importante en todas las comunas".

César Escobar, encargado regional de Protección Pecuaria del SAG, indicó que se inspeccionan los aspectos que están relacionados con la Ley de Carne, por lo que se fiscaliza que el movimiento de los animales se realice con el formulario de movimiento animal correspondiente y que esté correctamente respondido. "En el caso de incumplimientos de la normativa los infractores se exponen a multas y sanciones que varían entre 1 y 100 UTM (Unidades Tributarias Mensuales)", añadió Escobar.

Desde iniciados los procedimientos en agosto, se han decomisado 443 kilos de productos, de los cuales 240 corresponden a alimento vencido, 180 a abigeato, 20 kilos de producto con sus características organolépticas alteradas y 3 kilos de alimento con procedencia desconocida, esto en 5 procedimientos de decomiso. Además, se han realizado 4 sumarios sanitarios, 2 por alimentos vencidos, 1 por alimentos alterados y 1 por deficiencias sanitarias.