Por Karlyng Silva Leal

A fin de año se espera que la Subsecretaría de Prevención del Delito presente una nueva e inédita política nacional contra el comercio ilícito, para lo cual el subsecretario Eduardo Vergara se reunió este jueves con actores públicos y privados del Biobío en el tercero de cinco "Diálogos Regionales" que buscan levantar estrategias y propuestas para esta abordar este fenómeno delictivo.

Junto al subsecretario también estuvo presente en este diálogo el coordinador regional de Seguridad Pública, Marco Millar; ambos recibieron las experiencias expuestas en la instancia por representantes de las policías, servicios públicos como el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Salud, cámaras de comercio, personal de las direcciones de Seguridad de distintos municipios e incluso algunos alcaldes de la región.

Millar explicó que esta iniciativa nace "a partir de la identificación de una problemática común. El fenómeno del comercio ilícito es bastante complejo, se repite en varias regiones, principalmente en las comunas más grandes, por lo que a partir de esta problemática se determinó generar una política nacional que hoy no existe, porque va más allá de la capacidad de gestión que pueda tener uno u otro municipio, incluso de un gobierno".

Política nacional

La proyección que se hace sobre esta política nacional implica una implementación a 5 años, contando con evaluaciones periódicas para dar cuenta si las acciones integradas fueron o no suficientes para abordar el comercio ilegal, de tal modo que si es necesario se replanteen las estrategias.

Para la elaboración de esta iniciativa, la Subsecretaría determinó realizar 5 diálogos regionales, siendo Biobío la tercera instancia de este tipo, cerrando el ciclo de estos meses en la primera semana de septiembre. No obstante, durante la reunión con los actores locales, Vergara planteó la intención de ampliar este proceso a todas las regiones.

Millar comentó que "el subsecretario fue bastante enfático y tratamos de transmitirle esto a los actores convocados, más que un proceso de diagnóstico, este es un diálogo en el que buscamos generar propuestas claras, ojalá objetivas y abordables desde sus distintas líneas de trabajo. Si la dificultad está en la materia legislativa pediremos avances en esa línea en la política; o si el problema es de coordinación institucional también se avanzará en esa área".

En esta línea, el coordinador comentó que "una de las expresiones más fuertes es el comercio ilícito ambulante, pero también hay que abordar en esta política nacional otras variables, ya que se busca ajustar la institucionalidad y colaborar entre el mundo público y privado".

Propuestas

La directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción, Daisy Cárdenas, comentó que una de las propuestas es fortalecer el trabajo colaborativo entre los distintos servicios, organismos e instituciones que tienen competencia fiscalizadora. "Este no es un trabajo solo del municipio y Carabineros, porque tenemos infracciones al código sanitario, tributario, entre muchos otros, multas que se cursan pero no se pagan, personas que no acuden a las citaciones del Juzgado de Policía Local, etc.", agregó.

También planteó, al igual que otros actores, la necesidad de actualizar la legislación, desde la tipificación actual ya que el comercio ilícito es una falta y no un delito, hasta la forma en que estas situaciones pueden ser efectivamente perseguidas penalmente.

Cárdenas destacó que esta política vendría acompañada de recursos, los que espera sean suficientes para implementar planes y programas, así como contratar personal fiscalizador idóneo para enfrentar las características del comercio ilícito actual.

"La capacidad fiscalizadora de todos los organismos, a nivel de recurso humano, es deficiente para todo lo que ocurre hoy en materia de seguridad. Con la escasez de fiscalizadores y la necesidad de abordar a este tipo de personas se requiere de personal capacitado, con herramientas", planteó la directora.

Violencia

Sobre el cambio del fenómeno, Cárdenas explicó que en base a la experiencia de los fiscalizadores, el comercio ilegal actualmente tiene características más violentas y agresivas. "Nuestros fiscalizadores han sido agredidos, han pasado por situaciones complejas, son grabados en algunas instancias y en muchas de ellas el público victimiza al comerciante ilegal (...) por eso una de las líneas que planteamos fue el tema comunicación, porque es importante educar a la ciudadanía sobre estas situaciones".

5 regiones están consideradas para realizar los diálogos enfocados en levantar propuestas para enfrentar el ilícito

Aunque los primeros antecedentes apuntan a motivaciones de carácter familiar y en cierto grado económicas, la Fiscalía continúa la indagatoria para esclarecer por completo el caso de sicariato que terminó con la detención de los hermanos Luciano, Maximiliano y Mauricio Guzmán Cuevas por el delito frustrado de parricidio y de Brayan Monsalve Giraldo por el delito frustrado de homicidio calificado de Mauricio Guzmán (51) quien actualmente se encuentra en riesgo vital tras ser atacado el 19 de julio de este año en Avenida Los Carrera.

El fiscal Marías Arellano formalizó investigación ayer en contra de los cuatro imputados, detallando que los hermanos habrían acordado pagarle a Monsalve la suma de $3 millones por asesinar a su padre, dándole información sobre la dinámica diaria que la víctima realizaba, así como de instrucciones específicas sobre el lugar donde cometer el ilícito.

Por su parte, el subprefecto Mauro Gutiérrez, jefe de la Brigada de Homicidios, indicó que tras conocer los primeros antecedentes que daban cuenta de que el autor material del crimen "lo espera (a la víctima), le dispara sin tener otra acción ilícita como el robo, él se aleja del lugar, eso daba luces inmediatamente de que correspondía a un homicidio por encargo".

La indagatoria y análisis realizado por los detectives permitió ubicar a Monsalve, imputado colombiano con ingreso ilegal al país, al dar seguimiento a sus movimientos a través de las cámaras de seguridad antes y después del ataque armado.

El fiscal detalló que luego de ubicarlo y detenerlo, este declaró que los tres hermanos lo contactaron para ejecutar la acción homicida, para lo cual previamente realizó un seguimiento y observación de la víctima, hasta que los hermanos le indicaron que llevara a cabo el asesinato como se había planificado la madrugada del 19 de julio.

Además de la declaración del sujeto colombiano, la policía pudo constatar la relación en el caso a través de la confirmación de transferencias bancarias realizadas por los hermanos a la Cuenta Rut que manejaba el imputado.

Con todos los antecedentes expuestos, el Juzgado de Garantía penquista decretó la prisión preventiva de los 4 sujetos, por considerarlos un peligro para la sociedad y además el peligro de fuga de los sujetos.

El seguimiento a las cámaras de seguridad permitieron dar con la ubicación del imputado por el homicidio frustrado

La Ministra del Interior, Carolina Tohá, llevó a cabo una agenda de seguridad y prevención en la comuna de Los Ángeles durante la jornada de este jueves. En su visita, la autoridad dirigió un gabinete regional desde la Delegación Presidencial Provincial del Biobío.

Tras ser recibida por las autoridades regionales en el aeródromo María Dolores, la ministra se reunió con dirigentes en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, donde expuso sobre materias de seguridad.

También presentó el nuevo Sistema de Reclamos de la Ciudadanía a las Policías, enfocado en el control ciudadano, permitiendo a la comunidad interactuar de manera anónima, por lo que se capacitó a los dirigentes sobre esta herramienta.

Más tarde, Tohá revisó el trabajo público privado que se realiza en la zona en materia preventiva ante la temporada de incendios forestales en curso, para lo cual se consideran ya 179 brigadas y 23 aeronaves como parte de la estrategia de prevención.

Así visitó el centro de control de CMPC, donde se realizan tareas de detección, simulación y despacho a través de su Central de Incendios; y su Central de Seguridad que coordina los recursos para los trabajadores en terreno.

Por último acompañó a 10 familias de un comité vivienda, quienes conocieron la casa propia que recibirán en un condominio de la población Paillihue de Los Ángeles.