Violencia en los Centros de Salud
Con frecuencia se conocen casos de las amenazas y agresiones a funcionarios de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la Región del Biobío, de parte de pacientes o sus familiares, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentran colapsados. Trabajar en este ambiente de violencia ya no es una situación aislada y por lo mismo preocupa a los gremios que representan a los trabajadores de la salud primaria.
La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para la población en general, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país. Esto representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos debido a la pandemia de coronavirus.
El pasado martes en la noche se registró una balacera en el Cesfam Boca Sur, en San Pedro de la Paz, que produjo pánico y temor en los pacientes, que tuvieron que tirarse al piso y parapetarse tras los muros para evitar ser alcanzados. Se recuerda que con en junio pasado también hubo una balacera frente a ese establecimiento, donde murieron dos mujeres y una tercera persona quedó herida.
Los funcionarios de ese centro de salud declararon un paro para advertir nuevamente a las autoridades la situación de violencia en la que deben desempeñar sus funciones, mientras el municipio de San Pedro de la Paz, del cual depende el establecimiento, anunció que sólo se atenderán urgencias vitales, con turnos éticos, para dar más seguridad al personal.
En nuestra Región del Biobío, se han adoptado varias medidas en los últimos años, como la contratación y reforzamiento de la presencia de guardias en los establecimientos; se cerraron algunos espacios para que los funcionarios estén separados del público; se instalaron vidrios de seguridad en algunos centros ubicados en sectores más críticos, y se colocaron cámaras de seguridad y botones de pánico para alertar en caso de un ataque. Asimismo, se dieron instrucciones a los directores de los recintos asistenciales para que ejecuten las acciones judiciales que corresponda cuando hay ataques a los trabajadores bajo su dependencia.
El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confusam.
La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. Esta ley ha sido muy importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años, de acuerdo con recomendaciones preventivas del Ministerio de Salud y los acuerdos alcanzados en las mesas de seguridad laboral. Sin embargo, no se ha logrado disminuir de manera notoria los hechos de violencia en los centros de salud, lo que ocasiona efectos negativos para todo el sistema de atención.
El martes en la noche se registró una balacera en el Cesfam Boca Sur, que produjo pánico y temor en pacientes y personal, que tuvieron que tirarse al piso y parapetarse tras los muros.