Por Redacción

A diez días de la elección presidencial en Venezuela, la polémica en el oficialismo chileno está lejos de superarse y, por el contrario, crece cada día más debido a las posiciones encontradas entre el Partido Comunista y el resto de las fuerzas gubernamentales, en una disputa de opiniones que ya dejó de ser entre colectividades y ahora incluye a los ministros de diferentes signos en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

El resultado oficial, entregado por el Consejo Nacional Electoral que es dominado por el régimen chavista, favoreció a Nicolás Maduro con 51% de las preferencias, lo que fue puesto en duda por la oposición de ese país y la comunidad internacional, salvo excepciones como Bolivia, Rusia, China o Irán.

La ausencia de reconocimiento por parte de Chile generó que el régimen venezolano expulsara a la misión diplomática de nuestro país en Caracas y ayer el embajador Jaime Gazmuri compareció ante el Congreso, donde afirmó que "Maduro no puede declararse vencedor".

A nivel nacional el desencuentro ha sido notorio entre el PC y sus socios de Frente Amplio, del Partido Socialista y del PPD. Esto ya generó un intercambio de opiniones entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y la titular del Trabajo, Jeannette Jara (PC). Y ahora se sumaron a la controversia la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), y el titular de Educación, Nicolás Cataldo (PC).

Orellana afirmó en CNN que "todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide", en referencia a un centro de detención y tortura venezolano. En respuesta a ello, el presidente del PC chileno, Lautaro Carmona, acusó "cierto activismo" de ministros y afirmó en radio Cooperativa que "más allá de si me gustan" esas declaraciones, el tema "es si a ellos, investidos en la representación del Gobierno, les corresponde hacer un diálogo público por los medios sobre la posición que tendría el PC".

Esta posición fue respaldada por el ministro Cataldo, quien planteó que "a los ministros de Estado, sobre todo a los ministros sectoriales, nos corresponde referirnos a las materias que son propias de nuestras carteras y no de otros temas".

Batalla oficialista

Al "activismo" que acusó Carmona contestaron varios parlamentarios oficialistas que no son del PC.

El jefe de la bancada de diputados independientes-PPD, Jaime Araya, afirmó que "yo no he visto a ningún ministro de Estado haciendo activismo. Lo que he visto es una posición muy clara del Gobierno de Chile de no reconocer los resultados que ha evidenciado Nicolás Maduro". Añadió que el timonel comunista "tiene francamente una actitud negacionista que es incomprensible para un partido que sufrió en dictadura, hoy día ser cómplice activo y pasivo de un régimen que viola derechos humanos".

El diputado socialista Tomás de Rementería también descartó cualquier tipo de activismo por parte de los secretarios de Estado: "Hay una posición del Presidente de la República y los ministros lo que han hecho es ponerse detrás de esa posición, más allá de cualquier discusión que puedan tener. Los ministros son políticos, no tienen por qué no tener ninguna opinión sobre el tema".

El diputado Gonzalo Winter (FA) sostuvo que Carmona "tiene una posición que es distinta a la que tiene el Frente Amplio. Para mí, el actual gobierno venezolano es un régimen autoritario y totalmente incompatible con la palabra democracia".

Aunque cree "que Nicolás Maduro perdió las elecciones", Winter aseveró que Boric "no está reconociendo" un triunfo de González, por las implicancias jurídicas que puede tener.

El Gobierno profundizó ayer sus críticas contra hacia las empresas eléctricas, principalmente Enel que debe surtir a la Región Metropolitana, y mientras el Presidente Gabriel Boric calificó como "irresponsable" la actitud de la compañía, el ministro de Energía, Diego Pardow, no descartó que se evaluara retirarle la concesión para la distribución eléctrica. Y la Cámara de Diputados anunció una comisión investigadora por esta crisis.

Tras el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país durante a partir del jueves pasado, se llegó a una cifra superior a los 1,2 millones de clientes sin energía eléctrica. Pero lo peor fue que esta emergencia no se resolvió rápidamente y ayer se mantenían casi 200 mil hogares sin luz.

En una actividad en la que se firmaba un convenio para la exploración espacial junto a Brasil, el Mandatario recalcó la contradicción de estar anunciando en Cerrillos dicho acuerdo mirando al futuro "mientras en la municipalidad tiene la luz cortada por la irresponsabilidad de una empresa; adivinen cuál".

Paralelamente, ante los llamados de parlamentarios para terminar el contrato con Enel, el ministro Pardow afirmó en radio Pauta que "uno no puede descartar ninguna medida cuando una crisis de esta magnitud todavía está ocurriendo". Sin embargo, aclaró que "la revocación de la concesión es una sanción que está contemplada en los casos más graves".

Además apuntó que "cuando termine (la emergencia) es cuando vamos a tomar efectivamente las decisiones sobre de qué entidad fueron las infracciones, porque efectivamente la revocación de la concesión es una sanción que está contemplada en los casos más graves".

El ministro asistió ayer a una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, además de alcaldes y eléctricas, tras la cual el gerente general de Enel, Víctor Tavera, se comprometió a reponer la energía al 75% de los clientes que aún no la tenían.-

Ha causado revuelo una minuta enviada a los senadores, con severos juicios acerca de las bases de acuerdo sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno. Inicialmente anónima, más tarde la Asociación de AFPs reconoció su autoría.

Entonces el ministro Marcel reaccionó con inocultable indignación:

Se trata -dijo- de una minuta muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos". Y luego se preguntó por "los límites del involucramiento de una industria, que tiene intereses comprometidos, en un proceso legislativo. Y (acerca de) cuáles son los medios adecuados para hacerlo".

Como es fácil observar, la crítica del ministro Marcel es doble: por una parte ella se refiere al contenido del documento que contendría juicios políticos y atribuiría intenciones al gobierno; y por otra al procedimiento puesto que, en opinión del ministro, no sería claro que quien defiende intereses deba intervenir en el proceso legislativo.

¿Tiene razón el ministro o las AFPs? Intentar responder esta pregunta es importante puesto que ayuda a delimitar la índole y las características que debe tener el debate público, especialmente legislativo.

Veamos.

Desde luego el ministro no tiene razón para reprochar el contenido de la minuta. Las opiniones que a uno no le gustan se rebaten, se intenta refutarlas, se arguye esto o lo otro para mostrar que están equivocadas. Lo que no se puede hacer, menos un ministro que debe entender que sus iniciativas están sometidas al escrutinio de todos, especialmente de aquellos a quienes ellas afectan, es quejarse por lo que la minuta dice. Reprochar que una minuta tenga contenido político o que en ella se atribuyan intenciones al gobierno, es absurdo ¿Desde cuándo atribuir intenciones políticas al ente político por excelencia que es el gobierno resulta incorrecto o siquiera inmoderado? Salvo que el ministro piense que su propio quehacer es estrictamente técnico -un planteamiento puramente racional, desligado de puntos de vista controversiales- sus quejas por el contenido político del texto no tiene asidero ni justificación alguna. Un político quejándose de las críticas políticas, parece más bien un político que rehúsa asumir su papel y que prefiere presumir que lo suyo es puramente técnico.

Así entonces el ministro no tiene razón para quejarse del contenido. Puede refutarlo o esgrimir razones en contra de él; pero no puede quejarse porque esos juicios se hayan emitido.

¿Y qué decir del otro motivo de la molestia del ministro? ¿Del hecho que se defiendan intereses en medio del proceso legislativo?

Aquí si tiene un punto; aunque solo parcialmente.

La defensa de intereses, como es obvio, es propio de una sociedad abierta. Si usted pretendiera que las personas no pueden defender lo que son sus mejores intereses, entonces debiera calificar ex ante qué cosas se pueden defender y cuáles no y ello equivaldría a cancelar el debate. De manera que la asociación de AFPs tiene derecho a defender los intereses de la industria. De eso no hay duda.

A lo que no tiene derecho -y en esto el ministro acierta- es a defender sus intereses en el proceso legislativo, donde se produce el discernimiento democrático, de manera embozada o anónima como habría ocurrido en este caso, y explotando así ventajas que otros no tienen. Si es malo protestar en las calles cubriéndose el rostro, es igualmente malo promover los propios intereses sin decir que son los propios, utilizando un rostro anónimo o escondiendo la autoría. Y estos último es lo que ocurrió -todo hay que decirlo- con esa minuta de la Asociación de AFPs que escondió durante días su autoría o dejó que el texto circulara sin que nadie supiera quien era su autor. Y eso es lo malo porque cuando se defienden intereses es fundamental mostrar el rostro para que quede claro los intereses en cuyo favor se esgrime este o ese argumento. Ello ayuda a evaluar mejor a estos últimos o permite dar la oportunidad a los intereses opuestos para que ellos también se manifiesten.

Y está en fin el problema de si los gremios deben defender ideas, intereses o bienes institucionales.

Lo mejor en una sociedad abierta y lo mejor para las empresas es que en el proceso legislativo los gremios se esfuercen por promover bienes institucionales, bienes que favorecen el bienestar general, y que en torno a ellos organicen sus argumentos, incluso sus argumentos con trasfondo político, en vez de hacerlo en torno a intereses y menos aún, porque esto los desprestigia, emboscados en el anonimato.

Carlos Peña