Por Matías Gatica Lindsay

Diversas opiniones surgieron ayer luego que el Gobierno ingresó el miércoles a la comisión de Trabajo del Senado un nuevo documento que modifica el último planteamiento de la reforma provisional, cuya discusión se mantiene estancada desde hace varios meses debido a desacuerdos con la oposición.

Desde que el Ejecutivo ingresó el proyecto de pensiones en noviembre de 2022, la iniciativa ha registrado numerosos cambios con el fin de conseguir los apoyos necesarios para que sea votada en general en el Senado e inicie su trámite legislativo.

En un principio la propuesta buscaba que un 6% extra con cargo al empleador se dividiera en un 1% para favorecer la formalidad laboral de las mujeres, un 2% a cuentas individuales y un 3% a un seguro social.

Ante la negativa a tramitar esa fórmula, el proyecto sufrió varios cambios hasta este miércoles, cuando el Ejecutivo planteó destinar un 3% a cuentas individuales, un 1% para compensar la mayor sobrevida de las mujeres y un 2% como préstamos para el Estado para financiar jubilaciones actuales, cuyo porcentaje sería un aporte reembolsable y transitorio que tendría una duración de 20 años. Luego de ello, se reduciría paulatinamente.

Además, en el documento se consolida el aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y se sustituye el sistema de multifondos actual por un esquema de Fondos Generacionales que instaura premios o castigos a los inversores según el desempeño de sus inversiones.

Udi: "queremos acuerdo"

Sobre esta propuesta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo ayer a radio Pauta que "ya no hay tema en que no exista una alternativa que pueda convocar a Gobierno y oposición", por lo que espera que se vote en el Senado la idea de legislar el proyecto a más tardar el próximo miércoles.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo estar abierto a la discusión.

"Vamos a analizar la propuesta del Gobierno de buena fe, pero vamos a ser responsables. Si la propuesta cuadra, vamos; si la propuesta no cuadra, vamos a tener que buscar otra fórmula, pero yo me alegro que el Gobierno se haya alejado con esta fórmula de la lógica del reparto", dijo el diputado a radio Cooperativa.

"Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero no vamos a firmar un mal proyecto, porque eso puede dañar de manera severa las condiciones de desarrollo que hoy día tiene Chile", añadió el gremialista.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) oficiará a las plataformas Uber Eats, Rappi, PedidosYa y Justo para que respondan a los reclamos de sus usuarios por la predeterminación de la aplicación a dejar propina. También requerirán saber cómo se realiza el cálculo de 10% sugerido, pues esto aparece antes de que culmine el servicio.

En las citadas aplicaciones, la interfaz del usuario viene con una propina predeterminada y solo el usuario puede cambiar el monto o elegir no dejar ninguno.

Según Sernac, en el caso de Rappi la situación se complejiza, pues se sugiere de manera predeterminada una propina de 12% y no de 10% como establece la ley. La misma norma, no obstante, obliga a consultar a todo cliente si desea o no dejar al final una propina sobre la cuenta final.

En las aplicaciones aparecen además ítems como "despacho" o "tarifas de servicio" que se añaden al cálculo, por lo que el organismo pedirá a las empresas las correspondientes explicaciones.

Máquinas de cobro

Andrés Herrera, director del Sernac, también abordó otros reclamos reiterados en la materia, como la predefinición de agregar propina en los "POS" (máquinas de pago o puntos de venta electrónica), lo que no debería ocurrir, pues la sugerencia de propina debería incluirse en la cuenta de manera desagregada.

"Es muy importante que los consumidores sepan que solamente se les puede sugerir un monto de la propina y que, si ellos están de acuerdo y han recibido un servicio de calidad, puedan entregar esa propina que es completamente voluntaria", indicó el director del servicio, desde donde insistieron en que las empresas que obligan a sus clientes a pagar una propina se exponen a multas por hasta 300 UTM, más de 19 millones de pesos, por infringir la Ley del Consumidor.

Junto al diputado Gaspar Rivas, la representante del distrito 21 Karen Medina era uno de los últimos bastiones del Partido de la Gente (PDG) en el Parlamento.

Sin embargo, la legisladora anunció ayer su renuncia a la tienda en medio de fuertes cuestionamientos a Felipe Cruz, concejal por Recoleta de la tienda liderada por Franco Parisi, debido a la agresión a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, por la cual terminó detenido por "violencia de género".

En un comunicado, la diputada explicó que "la violencia política, en todas sus formas, es un acto de agresión que mina los fundamentos de nuestra democracia. No solo es un ataque a la participación política, sino también una clara manifestación de violencia contra la mujer, hechos que jamás deben ser justificados ni minimizados. Este tipo de violencia es inaceptable y debe ser erradicada de nuestra sociedad".

Sobre las razones tras su salida, Medina ahonda detallando que "si bien la directiva de la Región Metropolitana le quitó el apoyo a la candidatura de Felipe Cruz, es la directiva central del Partido de la Gente la que ha mostrado una constante tendencia a justificar estos actos de violencia contra la mujer. Esta conducta ha llevado a que muchas mujeres valiosas y comprometidas con la política chilena se hayan visto forzadas a dar un paso al costado, no solo del PDG, sino también de la política en general".

"Mi compromiso es con la justicia, la igualdad y el respeto. Tras un profundo análisis y reflexión, he decidido renunciar al partido. Estoy convencida de que Franco Parisi carece de la experiencia, la educación y la clase necesaria para liderar con integridad y respeto hacia todos los ciudadanos", sumó la legisladora.

En un último párrafo, indicó que "tengo la convicción que esta decisión es un paso necesario para continuar trabajando con transparencia y priorizando las necesidades de la ciudadanía".

Medina fue electa en 2021 como diputada por el distrito 21 en la lista del PDG con más de 10 mil votos y era una de los dos legisladores en la zona, junto al diputado Roberto Arroyo, que renunció para sumarse al Partido Social Cristiano. Hasta el momento se desconoce si se integrará a otro partido.

La inscripción de candidaturas a alguno de los 276 cargos que estarán en disputa a nivel regional el próximo 27 de octubre, mantiene con completa atención a la política regional. Y uno de los aspirantes de los cuales aún se desconocía sobre su futuro político es el alcalde de Laja Roberto Quintana, hoy en medio de un proceso judicial a raíz de la denuncia por tratos indebidos en contra de una funcionaria municipal.

Según pudo confirmar Diario EL SUR por medio de distintas fuentes consultadas, el independiente buscará volver a competir al cargo que ganó en 2021 con más de cinco mil votos, luego de inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel) tras reunir más de un centenar de patrocinios en la plataforma digital dispuesta para el proceso.

Consultado el municipio, indicaron que la decisión de Quintana será informada luego de que el Servel haga las respectivas ratificaciones, y será en sus redes sociales personales.

La definición ocurre en medio de dos flancos abiertos para el actual alcalde. Por un lado, está la disputa electoral donde competirá contra el exalcalde Vladimir Fica (RN), René Vidal (Republicanos), María Isabel Araneda (Contigo Chile Mejor) y Mayerly Beltrán (Ind.), pero también está el proceso judicial antes mencionado, donde se conoció que la Corte de Apelaciones anuló el juicio por abuso y donde ahora se querelló en contra de su acusadora por ser grabado sin consentimiento.