Por Karlyng Silva Leal

Debido a la peligrosidad que representan los hermanos Felipe y Yeferson Antihuen Santi y Nicolás Rivas, imputados como autores del crimen cometido contra Carabineros hace 3 meses en Cañete, el Juzgado de Garantía determinó el ingreso de todos ellos a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde deberán cumplir la prisión preventiva tras ser formalizados por homicidio calificado reiterado, entre otros graves ilícitos.

Tras dos jornadas de formalización, el juez Cristián Rosenberg acogió la solicitud del Ministerio Público, aplicando la medida cautelar más gravosa para los imputados, dando por acreditada la existencia de los homicidios, el robo con violencia, incendio de vehículo institucional, porte ilegal de armas de fuego y traslado de restos humanos; en los cuales los hermanos Antihuen habrían participado como autores directos y Rivas en calidad de coautor.

Aunque el foco de la discusión en la audiencia fue si es que existía evidencia suficiente para presumir fundadamente que los imputados participaron del homicidio de los funcionarios de Carabineros Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vidal la noche del 26 de abril, el magistrado sostuvo que con los antecedentes entregados se da cuenta de un plan premeditado y con un fin puntual en lo que terminó siendo la ejecución de los policías.

En este sentido, el juez calificó como extremadamente relevante el hecho de que los tres hermanos apagaran sus celulares entre las 20 horas del día 26 y la mañana del 27 de abril; apuntando a que si bien el salto entre lo que se presume y lo que se concluye sobre los imputados con esta información "nos dice ya algo importante, hay una situación concertada, premeditada y para un fin específico: no ser posteriormente detectados en un lugar determinado y eso no es una mera coincidencia".

Demostración de poder

Ayer los querellantes en esta causa expusieron sus alegatos para respaldar la petición del Ministerio Público sobre la prisión preventiva. En esta línea, el abogado Arnaldo Gutiérrez, representante del padre de Carlos Cisternas, aseguró que el crimen fue cometido por los imputados de forma vil, cruel e inhumana, dando cuenta del desprecio y una violencia inusitada hacia los funcionarios policiales, así como su alto nivel de peligrosidad, incluso recurriendo al uso del fuego para eliminar evidencias.

"A nuestro juicio nos encontramos frente a un crimen de odio, ejecutado por miembros de una organización criminal, que mediante este tipo de hechos y conductas ostentan a terceros tener control territorial, quienes mediante la adquisición de armamento y municiones de manera ilícita exteriorizan una forma de cometer homicidios calificados a miembros de nuestra institución", agregó Gutiérrez.

Por su parte, el querellante por el Ministerio del Interior, Ignacio Sapiain mencionó la necesidad de cautela por el actuar sincronizado y concertado de los imputados, formando parte de una agrupación dedicada a cometer delitos violentos. "La circunstancia de arrodillarlos para luego asesinarlos a sangre fría, no solamente supone un atentado a la vida e integridad, porque no buscaban solo asesinarlos, sino que al mismo tiempo humillarlos, demostrar su poderío para luego simplemente fusilarlos", agregó.

Rumores y presunción

Sin cuestionar la existencia de los múltiples delitos formalizados ni la peligrosidad de los imputados, Jaime Pacheco, defensor penal público de los tres sujetos, apuntó principalmente a la falta de corroboración de las declaraciones de los testigos reservados en la investigación y que las pruebas expuestas no hacen más que presumir la participación de los hermanos Antihuen Santi y Nicolás Rivas en el crimen de carabineros, sin vincularlos directamente con la ejecución de los hechos.

Respondiendo a este planteamiento, el fiscal Felipe González, sostuvo que "como Ministerio Público no nos basamos en rumores", apelando a la seriedad y responsabilidad con la que se desarrolló la indagatoria e indicando que ante la complejidad del caso pues no se registraron pruebas directas, cámaras que captaran el hecho, entre otros, fue necesario generar "un análisis en base a la prueba indiciaria".

El tribunal en tanto aclaró que si bien en esta etapa aún no se entregan antecedentes claros sobre el rol que los autores directos habrían tenido al momento de cometer los ilícitos contra los policías; dicha información debe ser ponderada en la instancia de juicio, constatando que a la fecha de ayer, las pericias biológicas, balísticas y testimoniales permiten presumir que los imputado estuvieron en el lugar de los hechos y participaron de dicha acción concertada.

El magistrado Cristián Rosenberg explicó que el tribunal recibió durante la jornada de ayer un oficio de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, solicitando que al menos los imputados Felipe Antihuen y Nicolás Rivas que ya se encontraban ingresados en el Complejo Penitenciario Biobío, pudieran ser trasladados a un recinto de mayor seguridad "dada su peligrosidad, los delitos imputados y las capacidades de Gendarmería para su debida custodia y del resto de los internos". Con esto, Yeferson Antihuen, detenido en la Región Metropolitana, continuará en la Cárcel de Alta Seguridad.

Como un primer paso para ayudar a que las familias de los tres mártires de Carabineros puedan tener justicia fue la forma en que el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, calificó el resultado de la audiencia de formalización que finalizó ayer, con lo cual el Juzgado de Garantía de Cañete dictó la medida cautelar de prisión preventiva a tres de las cuatro personas identificadas como autoras del crimen ocurrido hace 3 meses.

"Esta es una resolución que da cuenta de un paso importante en esta investigación y que transmite tranquilidad a las víctimas principalmente", agregó el persecutor, exponiendo que la serie de antecedentes entregadas en la audiencia dan cuenta de que los imputados hace mucho tiempo se dedicaban a cometer delitos violentos en la zona, siendo fundamental para esclarecer esta dinámica la colaboración activa de la comunidad en la indagatoria.

Garrido sostuvo que "para ser una etapa de formalización y discusión de medidas cautelares, creo que el estándar que hemos aportado al tribunal es superior a lo que se exige y es por eso, en definitiva, que se acogen nuestras peticiones".

Así también destacó el rol de la prueba indiciaria en una investigación de alta complejidad como lo es esta causa, donde hechos acreditables permiten saltar a la deducción de participación de personas en los hechos que se indagan.

El persecutor enfatizó que esta investigación no está agotada y que "para poder avanzar con éxito hay que dedicarse a trabajar con sigilo y mucha reserva, porque los antecedentes son sensibles y su divulgación de manera irresponsable lo único que producen es el retraso en la indagatoria".

A esto sumó la prioridad que hoy existe por detener a Tomás Antihuen, sobre el cual indicó que existen antecedentes de comportamiento reiterado y de mucha violencia, además de que las armas encontradas cerca de su domicilio habrían sido usadas recientemente en un intento de robo con intimidación.

La Fiscalía Regional del Biobío inició desde la semana pasada una investigación administrativa para esclarecer las posibles responsabilidades en cuanto a la libertad de Tomás Antihuen Santi, uno de los presuntos autores del triple homicidio de Carabineros ocurrido en Cañete y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La indagatoria fue confirmada por el fiscal regional (s), Michelangelo Bianchi, quien detalló que ya se designó a un fiscal para esta causa con el objetivo de "esclarecer las eventuales infracciones administrativas que puedan existir en la tramitación procesal o de fondo" respecto a la libertad de Antihuen.

El 15 de julio de 2020, este sujeto fue detenido mientras participaba en una manifestación en Cañete, instancia en la que habría elaborado y lanzado bombas molotov contra un carro policial del que Carabineros logró huir previo a que el móvil se quemara por completo.

Pese a la gravedad del hecho, Antihuen fue formalizado por el delito de incendio, quedando a cargo de esta investigación el fiscal Juan Yáñez, quien tiene dedicación exclusiva para causas de violencia rural en la Región.

Por esta indagatoria, Antihuen estuvo en prisión preventiva, participó incluso de una huelga de hambre para exigir su traslado desde Concepción, posteriormente quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno y aunque incumplió esta y otras cautelares, eventualmente se fijó fecha para un procedimiento abreviado al cual el sujeto nunca acudió.

Consultado sobre esta situación, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que "la responsabilidad del Ministerio Público apunta a investigar delitos, pero también apunta a investigar la responsabilidad administrativa de algún funcionario que pudiera haber incurrido en alguna inflexión a nuestra reglamentación interna o a la normatividad legal".