Por Nicolás Álvarez Arrau

Un total de $160.113 millones alcanzó el gasto regional en proyectos de inversión pública durante 2022, de acuerdo a un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) con colaboración de los ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Social, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 20,8% de ese gasto ($33.373 millones) fue para planes dirigidos a combatir el cambio climático, lo que ubica a Biobío como la segunda región del país con la inversión de este tipo más elevada después de la Metropolitana ($70.209 millones).

El denominado "Informe de Gasto en Inversión en Cambio Climático 2023" muestra que la Región contabilizó 33 proyectos con componente climático en el Sistema Nacional de Inversiones, mientras que a nivel nacional fueron 416. Del total regional, 14 incorporaron acciones de mitigación, 13 de adaptación y seis fueron de carácter mixto, por montos de $6.312 millones, $26.480 millones y $581 millones, respectivamente.

En el análisis por sector, 11 de los 33 proyectos ejecutados estuvieron relacionados a recursos hídricos, lo que representó el 71,2% del gasto ejecutado en 2022, con $23.768 millones. Además, el sector transporte, con ocho proyectos, representó el 15,1% del gasto ejecutado. Según temática, el 70,8% del gasto ejecutado en Biobío correspondió a proyectos relacionados a la prevención de desastres, aguas lluvias y control aluvional. Las otras dos temáticas con alta proporción del gasto fueron la de fomento al transporte público y transporte menos contaminante (14,8%) y la de muros de contención y protección del borde costero (8,1%).

"Los proyectos de inversión pública identificados en este informe demuestran que es posible destinar recursos a cumplir dos objetivos a la vez: el fin para el cual se desarrolló el proyecto y contribuir a adaptar mejor y a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Por lo tanto, este insumo será cada vez más relevante para tomar decisiones de política pública", comentan desde la Dipres.

En tanto, en el PNUD sostienen que el informe representa un hito en la institucionalización de la identificación, medición y reporte de las iniciativas de inversión pública con componente climático, "respondiendo a un requerimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, fruto de un trabajo colaborativo entre instituciones del Estado, lo que además significa un pilar fundamental para el seguimiento de la inversión climática del país y su alineamiento con los objetivos climáticos que se ha propuesto".

énfasis regional y oportunidades

En vista de las cifras expuestas por el informe, el académico de la Facultad de Ciencias Ambientales UdeC y director del centro EULA, Ricardo Barra, destaca el hecho de que la mayor cantidad de gasto ejecutado esté asociado a la categoría "adaptación" y pone como énfasis tres elementos. A través del primero, llama a potenciar en la zona iniciativas asociadas a vivienda y desarrollo urbano -que tiene un 9,8% de la inversión-, "porque ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional, sobre todo en cómo las ciudades se van a adaptando a la crisis climática y porque el resultado del último Censo nos indicará que cada vez hay más gente viviendo en las zonas urbanas de nuestra Región, y ahí también tenemos un montón de problemas, como la contaminación atmosférica".

En segundo lugar, pone sobre la mesa el poco gasto ejecutado en temas de educación, cultura y patrimonio, que en Biobío sólo alcanzó los $6.667 millones, con dos iniciativas. "En la medida en que promovamos la preocupación por la crisis climática y enseñando que hay soluciones para esta crisis, seremos, probablemente, más exitosos en esta inversión", enfatiza.

Por último, el académico insiste en que en paralelo al esfuerzo público es necesario que los privados asuman un rol más activo en la inversión para el cambio climático, en especial los sectores forestal, pesquero e industrial.

El director de Ingeniería Comercial USS, Juan Pablo Pinto, cree que el monto regional será el adecuado en la medida en que estas iniciativas tengan el impacto buscado, es decir, cumplir el objeto para el cual se diseñó y desarrolló el proyecto, y que contribuyan a mitigar mejor y adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. "No es fácil establecer un monto de gasto en este ítem, toda vez que los efectos del cambio climático están en pleno desarrollo y se debe ahora incluir como una variable relevante en la evaluación de cada proyecto público, por lo que en algunos puede ser más alto y, en otros, menor", dice.

Frente a los próximos años, el directivo ve como una oportunidad de inversión la producción de energías limpias mediante la fuerza eólica, así como el área de transporte público, en especial si se considera el crecimiento y mejoramiento de las rutas y la migración hacia la electromovilidad en la locomoción colectiva. "Otro ítem que se puede considerar es la reforestación, es decir, mantener poblado con árboles los suelos de la Región en la mayor medida posible también es una gran ayuda para los efectos del cambio climático, siempre y cuando se tomen las acciones para prevenir los incendios", subraya Pinto.

33 iniciativas de inversión pública con componente climático contabilizó la Región del Biobío. A nivel país fueron 416.

"Paremos el acoso" es el nombre de la campaña que apunta a concientizar a la población sobre esta problemática el transporte público, uno de los contextos más frecuentes en los que ocurre, y de mayor vulnerabilidad. La estrategia fue liderada por la Municipalidad de Chiguayante, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región del Biobío y EFE Sur. A través de una intervención realizada el miércoles 24 de julio en la estación de Biotrén de Chiguayante, y en el trayecto hasta Estación Leonera, las autoridades difundieron material sobre esta temática, apuntando además a reducir la cifra de casos.

En ese mismo contexto, la encuesta del Observatorio contra el acoso callejero reveló que 9 de cada 10 mujeres, entre los 18 y 26 años, han sido víctimas de esta práctica en el transporte público en alguna ocasión. Además, develó un escaso reconocimiento de este tema en general y que, incluso, no siempre es reconocida como violencia.

La jefa de Calidad de Servicios de EFE Sur, Jennifer Reyes, se refirió al trabajo que realizan en esta materia. "Quiero Viajar Segura" es una campaña que tenemos, tanto en trenes como estaciones. Estamos muy contentos por el trabajo conjunto, y hacemos un llamado a los usuarios a respetar los espacios y la sana convivencia. Eso también habla de seguridad", subrayó.

Yolanda Figueroa, usuaria del servicio de Biotrén, se refirió a la importancia de continuar trabajando en esta línea, sobre todo considerando la gran cantidad de escolares y estudiantes que se movilizan a diario. "Es bueno porque mi hija viaja todos los días en tren, porque estudia acá", indicó.

En la jornada también se enfatizó en la necesidad de articular a los distintos servicios públicos para la continuar trabajando en la prevención de estos incidentes.

Mejorar la calidad de atención, promover la inclusión social y fortalecer el respeto a la dignidad y derechos humanos son parte de los objetivos fundamentales del Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, que fue firmado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el jueves 18 de julio.

En esa línea, el seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra, valoró la importancia de este acuerdo estatal, señalando que "es una medida que brinda un enfoque preventivo del abordaje del bienestar de las personas, lo que desde el punto de vista de la salud pública tiene una alta relevancia, pues promueve y protege la salud mental desde el momento de nacer y durante todo el curso de vida. Se origina de un amplio proceso de participación, tras el desarrollo de 27 diálogos ciudadanos desarrollados durante 2023, y visibiliza un tema de alta importancia para la ciudadanía, fortaleciendo la institucionalidad".

Con este proyecto se pretende reforzar el trabajo vigente en esta materia, a través de acciones como el reconocimiento de los lineamientos estatales para su promoción y protección, la implementación del derecho a la atención preferente en las Corporaciones de Asistencia Judicial a personas con discapacidad psíquica o intelectual, el reconocimiento de las residencias sociosanitarias que ofrecen cuidados, y la creación de un marco institucional a la Política Nacional de Salud Mental y su plan de acción.

"Otros aspectos importantes del proyecto dicen relación con que establece deberes intersectoriales para promover condiciones adecuadas para la integridad mental de los ciudadanos, además de hacerse cargo del abordaje de las necesidades de las personas con este tipo de enfermedades y su inclusión social", dijo.