Por Redacción

La ola de homicidios registrada en los últimos días en el país, especialmente en la Región Metropolitana, donde en cuatro días se contaron 18 asesinatos, generó una nueva disputa al interior del oficialismo, luego de que senadores del Partido Socialista pidieran que se decrete Estado de Sitio en la capital para enfrentar esta crisis de seguridad, lo que fue descartado por el Gobierno, que sí tuvo una reunión de emergencia y elaboró un plan de cinco puntos para mejorar la prevención de actos de este tipo.

Durante el fin de semana se contaron nueve homicidios, cuatro de ellos en una fiesta de adolescentes en Quilicura y otros repartidos por varias comunas incluido uno en Viña del Mar. Y entre el lunes y ayer se sumaron la masacre en Lampa que dejó cinco muertos, además de otros crímenes en Cerro Navia, Independencia y Estación Central.

Ante ello el senador socialista y exministro del Interior José Miguel Insulza afirmó que "el Gobierno debe decretar Estado de sitio en la Región Metropolitana. Uno piensa que está en otro país y tenemos que hacer algo rápido. Lo mejor es tomar las riendas del asunto y permitir que se adopten todas las medidas necesarias para entrar a los lugares donde está la delincuencia, allanar lugares que se puedan, para meter presos a todos aquellos que sean sorprendidos portando armas".

La idea fue apoyada por el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y por el también senador del PS Juan Luis Castro, quien apuntó que "el crimen organizado está llegando a todos los lugares. Corresponde el Estado de sitio".

Sin embargo, el Gobierno descartó esta posibilidad, aunque no se cerró a evaluarla en el futuro. El Presidente Gabriel Boric afirmó durante su visita a Paraguay, desde donde volvió anoche, que "la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas -que no están preparadas para esto- en particular en zonas urbanas, no es positiva".

"Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa en estos casos es que las herramientas den resultados y las herramientas que actualmente se han utilizado no han tenido los resultados esperados", reconoció.

Cinco medidas

Mientras tanto la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, encabezó una reunión de emergencia junto al Ministerio Público y las policías, tras la cual anunció cinco medidas para combatir el crimen organizado en la RM. En primer lugar, se constituirá una "fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, del comportamiento criminal, de los lugares de mayor riesgo, y abordarlos con estrategias conjuntas desde ahora".

Segundo: se reforzarán las dotaciones de Carabineros (los 500 carabineros que egresarán de su formación en Santiago en agosto serán destinados a la capital); se va a reordenar la actividad de las comisarías y de los cuarteles policiales en la capital para "poner a disposición más personal para el territorio"; se mejoraran las "capacidades de control de armamento que está circulando en las calles" por parte de la PDI; y se reforzarán los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Estos anuncios no fueron bien recibidos en la oposición, cuyo principal figura, Evelyn Matthei, los calificó de "pobrísimos" y acusó que "la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia no ha sido prioridad para este Gobierno".

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió ayer la solicitud de la Fiscalía para extraditar a Maickel Villegas, detenido la semana pasada en Costa Rica por su presunta participación en el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

El persecutor Héctor Barros, fiscal regional coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que "hoy hicimos la solicitud y el alegado ante la Ilustrísima Corte de Santiago, donde se expusieron todos los antecedentes. La Corte acogió la solicitud de extradición activa del imputado".

"Ahora proceden los trámites administrativos para efectos de la extradición hacia Chile", complementó el fiscal.

Paralelamente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab volvió a criticar al Ministerio Público chileno por este caso y acusó "la clara posibilidad de que las autoridades chilenas pretendan manipular la declaración del detenido para seguir siendo usada como un caso de falsa bandera contra nuestra nación".

Por ello Saab pidió la colaboración al país centroamericano para que una delegación de la Fiscalía de Venezuela acceda a Villegas para entrevistarlo "y recabar así elementos que permitan optimizar el esclarecimiento del crimen cometido".

Esto último fue rechazado por el fiscal nacional de nuestro país, Ángel Valencia, quien afirmó que "no hay motivo jurídico alguno que justifique una petición de esa naturaleza por parte de la fiscalía venezolana, pero es de competencia de la autoridad costarricense acceder o no".

Además expuso que dio instrucción para que todos los fiscales pidan la prisión preventiva si se detecta que un detenido por cualquier delito tiene decreto de expulsión vigente.

El ministro del Interior subrogante, M anuel Monsalve, también se refirió a las palabras del fiscal venezolano, pero evitó polemizar: "En otras oportunidades hemos rechazado transformar investigaciones criminales relevantes porque están vinculadas a delitos graves en motivos de disputa. Es poco serio".

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cumplió anoche los 45 días desde que fue enviado al anexo penitenciario Capitán Yáber, como imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares, lo que ya habilita al concejo municipal de su comuna a elegir un alcalde suplente por ausencia del titular, según establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputa al jefe municipal, militante del Partido Comunista, la autoría de delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al Fisco reiterado y un delito concursal, relacionados a operaciones financieras de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Para evitar que Jadue perdiera su puesto, sus abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, buscaron revertir la prisión preventiva que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó como medida cautelar el 3 de junio pasado, que fue ratificada por la Corte de Apelaciones nueve días después.

Ayer, el primero de éstos reconoció con resignación que "atendido el tiempo y los plazos involucrados, todo indica que probablemente estas resoluciones se van a conocer entre el día de mañana (hoy), el viernes y quizá la próxima semana".

Si bien la próxima reunión ordinaria del Concejo está prevista para el martes 23 de julio, la administración municipal puede citar antes a una sesión extraordinaria, con un plazo máximo de 10 días para poder dar la votación. En esa instancia, y por mayoría simple, sus integrantes deberán elegir a un suplente.

Pc tiene la palabra

En ese escenario, lo más probable es que Fares Jadue, correligionario del jefe municipal y candidato a alcalde del oficialismo en las elecciones de octubre, sea elegido como sucesor del alcalde, ya que cinco de los ocho concejales de Recoleta pertenecen al PC: el propio Jadue, Natalia Cuevas, Karen Garrido, Joceline Parra y Cristián Weibel. La nómina la completan José Luis Salas (PS), Silvana Flores (independiente) y Felipe Cruz (RN).

Para este último, aspirante a la alcaldía en los próximos comicios por parte de la oposición, el nombramiento de Fares Jadue sería una decisión "irresponsable, porque es la misma administración la que sería la encargada de seguir administrando los recursos públicos, la administración que ha sido puesta en tela de juicio por eso".

"Además, utilizar el municipio para fines electorales sería de muy mal gusto y mal visto por la ciudadanía", agregó.

Podría volver

Respecto de lo que podría ocurrir si se retira para Jadue la medida cautelar de prisión preventiva, la abogada Rosa Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, explicó a radio Cooperativa que el alcalde "no pierde su calidad de tal (tras haber ingresado en prisión preventiva), pero no se encuentra habilitado para ejercer sus funciones, de manera tal de que, durante ese periodo que esté afecto a esta incapacidad temporal, será un concejal quien ejercerá de manera suplente sus funciones".

"Distinta es la situación si el alcalde es condenado a una pena aflictiva: esto es una pena superior a tres años y un día, en cuyo caso, de manera sobreviniente, pierde uno de los requisitos para ser nombrado alcalde y, por lo tanto, perderá la calidad de tal", detalló la experta.

Bajo esa interpretación de la legislación, si a Jadue se le revoca la prisión preventiva antes de las elecciones municipales de octubre, podría volver a ocupar el cargo.

Las elecciones del comité central del Frente Amplio, tras conformarse como partido unificado de lo que antes eran Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, no dejó conformes a todos los actores de esta nueva colectividad.

Así lo evidenció la diputada Claudia Mix, cuya lista ganó un cupo de los 36, mientras que el sector de Gonzalo Winter obtuvo 15, el de Gael Yeomans consiguió 8 y los de Giorgio Jackson y Antonia Orellana sumaron 6 cada uno.

La parlamentaria afirmó en el programa 32 minutos que hubo "malas prácticas" que beneficiaron al grupo de Winter, quien se consolidó personalmente como el rostro más fuerte con 1.776 votos y su sector fue el más votado.

Mix confirmó que su sector intentó impugnar la elección porque "si no lo hacíamos íbamos a cometer las mismos malas prácticas que tienen los partidos tradicionales, que después se trasforma en hábito y no salen mas de ahí". Y expuso que las cuatro listas con las que compitió no cumplieron la paridad que se exigía.

La legisladora señaló que lo que correspondía en este caso era "llamar a una elección complementaria. Pero al otro día ratifican tres de las cuatro listas y no ratifican la de Winter porque él no tuvo la habilidad para ponerse de acuerdo internamente y le cargaban que había inscrito fuera de plazo".

Mix aseguró que se hizo una "acomodación para que Winter entre. Fue hecho a la medida para que pudiera hacer las modificaciones. Si nosotros hubiéramos inscrito mal (nos hubieran dicho) lo siento no más".

Incluso acusó que el diputado Diego Ibáñez la había encarado: "Vas a ir al Tricel? ¿Te quieres 'pitiar' todo el proceso?".

Pese a los malos ratos, Mix dijo que "es lo que había que hacer, no queríamos ser cómplices de una mala práctica". Y añadió que "yo sé que ellos se van a enojar, pero tengo 55 años, podría ser mamá de varios de ellos. Es lo que debía hacer".