Por Redacción

Pese a que el Gobierno anunció un paquete de iniciativas de ley para triplicar a los beneficiados por subsidios en las tarifas eléctricas, cuando ya rige el aumento de sus valores tras el fin del congelamiento de valores que se mantenía desde 2009, diputados oficialistas y de oposición anunciaron acciones judiciales y legislativas para enfrentar las alzas, que podrían llegar hasta a 50%.

Un grupo de parlamentarios independientes y del PPD informó ayer que presentará un recurso de protección para detener el incremento de las cuentas de la luz. Con ello buscan suspender transitoriamente este aumento mientras se busca una solución.

Los diputados dijeron que valoran el proyecto impulsado por el Gobierno para triplicar el subsidio, lo consideran "insuficiente".

Camila Musante (independiente), manifestó que "pensando en muchas familias que no van a poder pagar la cuenta de la luz y que eso va a significar un incumplimiento y un corte, creemos que es procedente un recurso de protección en favor de todas aquellas personas que van a ver una afectación a su calidad de vida producto del alza. Ayudará a ganar tiempo".

El diputado Raúl Soto (PPD), sostuvo que la presentación del recurso de protección "va a ayudar al Gobierno a contener una crisis social que puede ser catastrófica si no actuamos bien y a tiempo. Lo que estamos buscando es una suspensión transitoria del alza de las tarifas eléctricas mientras llegamos a una solución integral y robusta para dar certeza y tranquilidad a los sectores vulnerables".

No más estabilización

Mientras, diputados del Partido Demócrata, encabezados por la diputada Joanna Pérez, presentaron un proyecto para derogar la ley de estabilización tarifaria del servicio eléctrico con el objetivo de impedir el alza en las cuentas de la luz.

Esta iniciativa, por tratarse de materia exclusiva del Poder Ejecutivo, podría declararse inadmisible. Sin embargo, existe la posibilidad de que los parlamentarios en el hemiciclo opinen o contrario y se habilite su tramitación.

Sin embargo, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, recordó que existe una obligación de que se vayan actualizando periódicamente las tarifas eléctricas, y el proyecto de ley que ahora se intenta derogar, "lo que hizo fue establecer un aumento escalonado, porque en caso contrario, el aumento habría sido solo en un paso, por tanto, se habría perjudicado de manera más clara a las familias".

"Esa ley establece un subsidio para ayudar a las familias más necesitadas. Si finalmente se deroga, se termina ese subsidio. Por el contrario, lo que ha propuesto el Gobierno es una alternativa que proteja de la mejor forma a las personas y eso implica aumentar la cobertura, llegando a más de 4,7 millones de hogares. Creemos que es la forma en la cual se tiene que actuar, con responsabilidad para proteger a las personas", agregó.

Y sobre la tramitación del aumento del subsidio, el titular de Segpres dijo en radio Infinita confiar en que se aprobará rápidamente: "En caso contrario la tarifa va a ser más alta, entonces la pregunta es ¿quién va a votar en contra de un beneficio a favor de la gente? El Gobierno puso sobre la mesa recursos con el objeto de ampliar la cobertura y disminuir el costo permanente en 7%. Eso tiene impacto durante un tiempo bastante extenso".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, les quitó peso a las palabras de la titular del Trabajo, Jeannette Jara, quien el lunes afirmó, respecto de los obstáculos que ha tenido la reforma a las pensiones que "no puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico", en abierta referencia a las AFP. Sin embargo, sí habló de "mezquindad".

En radio Futuro, la jefa de gabinete aseguró que "tenemos que cuidar nuestros dichos, pero lo que plantea la ministra (Jara), es que en este tema de las pensiones, después de todo el camino que hemos hecho, los años que hemos discutido, querer postergar las votaciones para después de las elecciones y ocupar este tema de las elecciones como un nuevo argumento para que no le respondamos a la gente con pensiones, es realmente exasperante y preocupante. Yo no quiero ocupar la palabra secuestrado, pero quiero decir que la mezquindad está dominando por sobre el sentido de la responsabilidad".

Es difícil exagerar la importancia de lo que ocurre en la Corte Suprema.

Como es sabido, una serie de chats acusan indicios de que, entre algunos jueces y ministros, ha habido solicitudes para interceder o favorecer algunos nombramientos en el aparato de justicia y la fiscalía.

Y al parecer entre los mismos integrantes del tribunal no parece haber acuerdo respecto de la forma de tratar esos incidentes.

Es razonable, desde luego, que los miembros del máximo tribunal (el que tiene la última palabra para decir qué es derecho en Chile, nada menos) tengan entre ellos discrepancias interpretativas, es decir, que muestren diferencias de criterio a la hora de precisar el sentido de las reglas o al momento de dejarse persuadir por la prueba rendida por las partes. Eso es normal en cualquier tribunal del mundo. Más aún, es probable que las discrepancias contribuyan a un mejor discernimiento de los problemas que se plantean ante la Corte.

Lo que, sin embargo, no es razonable, y debe ser más bien motivo de alerta y de preocupación pública, es que los jueces no parezcan estar de acuerdo en la conducta o actitud que demanda de ellos la función que desempeñan. Un cierta sobriedad del comportamiento y abstenerse de atender solicitudes -relativas a las labores que la ley les encomienda -como la de proveer ciertos nombramientos- fundadas en relaciones personales o sociales y menos políticas, es uno de los aspectos más básicos de las virtudes que los jueces deben homenajear (y que, de hecho, la mayor parte de ellos homenajea).

Lo que se ha sabido, sin embargo, por los chats que se han divulgado, desmiente, al menos a primera vista y de parte de algunos de esos miembros, el ejercicio de esas virtudes.

En efecto, esas conversaciones parecen mostrar que las relaciones particulares son empleadas como activos para obtener nombramientos o para promoverlos. Sobra decir cuánto afecta esto a la majestad de la judicatura. Y es que más que cualquier otro sector del estado, los jueces deben atar sus decisiones a criterios estrictamente universalistas, es decir, criterios contenidos en la ley, y hacer oídos sordos y simular ceguera respecto de lo que podríamos llamar criterios particularistas como son, desde luego, las relaciones personales o los juegos de toma y daca que estas últimas casi siempre suponen. Desde este punto de vista, y en lo que respecta a los nombramientos, el judicial debiera ser el sector más meritocrático del estado. No se trata de que en él no se tomen en cuenta las orientaciones políticas (algo inevitable atendida la participación del Senado en el caso de la Corte Suprema) sino que se trata de que esas orientaciones no tengan más peso que las otras virtudes propias de la profesión de juez o sean más dirimentes del nombramientos que estas últimas.

En todos esos principios los jueces de la Corte debieran estar de acuerdo y antes siquiera de considerar los casos particulares que su comisión de ética ha decidido conocer, la Corte debiera explicitarlos como parte de su ethos. Se dirá que parece absurdo explicitar principios que los jueces (de quienes se espera la máxima virtud de imparcialidad) deben conocer; pero, desgraciadamente, es necesario hacerlo puestos que vivimos tiempos en los que lo más obvio parece haberse olvidado, y la vieja pregunta de Juvenal: ¿Quis custodiet ipsos custodes? ¿quién vigilará a los vigilantes? referida a la Corte pone sobre ella la máxima exigencia puesto que en su caso no cabe más que responder: ellos mismos.

Carlos Peña